Pensionistas, medio año de protestas…. y siguen

Ni siquiera el incremento del 1,6% aprobado por el anterior gobierno tras el acuerdo alcanzado con el PNV y que ha materializado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado desmovilizar a un sector de la población, que no olvidemos, es cada vez más numeroso y también más formado. Ya no son aquellos abuelos resignados, son personas bien informadas y que utilizan las redes sociales casi con la misma fruicción que los jóvenes y por supuesto con gran eficacia como herramienta para convocar las protestas. De hecho, las primeras se llevaron a cabo a través de esta vía de comunicación, lo que les permite, apuntan, mantenerse al margen de« intentos de instrumentalización» por parte de otras organizaciones.

Ellos, a los que hemos bautizado como la marea gris, han decidido tomar las riendas de su futuro. Ya parece lejano aquel 17 de marzo, cuando algo más de 5.000 personas se concentraban en Amara, frente al Hotel Aranzazu, y discurrían unos metros en una marcha hasta la subdelegación del Gobierno para entregar un escrito en demanda de unas pensiones dignas.

Fue la primera gran protesta en Gipuzkoa, aunque llevaba gestándose varias semanas, con concentraciones ante algunos ayuntamientos, que luego se extenderían a lo largo del territorio. Una protesta que sorprendió a muchos por su seguimiento y eso que el movimiento no estaba todavía del todo engrasado, ya que la convocatoria partió de la Asociación de hogares de Jubilados de Gipuzkoa, Agijupens, aunque fue secundada por otras asociaciones.

En Bizkaia, sin embargo, ya caminaban unidas todas las organizaciones de pensionistas. Toda una lección. La unión hace la fuerza. Los guipuzcoanos también fueron conscientes de ello y tras varios encuentros, en la siguiente gran movilización, que tuvo lugar el 17 de marzo, fueron al unísono. La respuesta fue en consonancia. Los convocantes y la Policía Municipal cuantificaron la asistencia en unas 15.000 personas pese a que cayeron chuzos.

Los pensionistas se cargaron de razones y ni siquiera el acuerdo suscrito entre el PNV y el PP para aumentar este año las pensiones un 1,6% y las más bajas un 3% logró desactivarles, pese a que Agijupens, la asociación más potente del territorio, se descabalgó de cara a la siguiente gran protesta, la que tuvo lugar el 5 de mayo. La respuesta fue incluso mayor, como lo reconocía la propia Policía Municipal.

Y es que las asociaciones convocantes esgrimían que los argumentos segían estando vigentes, ya que reclamaban unas pensiones dignas, que la revalorización se volviera a referenciar al IPC, que se derogara el factor de sostenibilidad, previsto inicialmente en 2019 aunque el partido jeltzale también logró que se atrasara su entrada en vigor, y una prestación mínima de 1.080 euros. Cuestiones que entendían se tienen que resolver «más allá de acuerdos políticos coyunturales que no abordan el fondo de la cuestión».

La cuarta gran protesta tuvo lugar el 27 de mayo, después de que el PSOE anunciara la moción de censura contra Rajoy. Y es que los pensionistas seguían defendiendo acuerdos «estables y sostenibles que garanticen una prestaciones dignas y que no estén al albur de los vaivenes políticos». La respuesta fue contundente: 30.000 personas colapasaron durante un par de horas el centro de Donostia.

La marea crecía y se enfrentaba a otro reto: ¿Qué hacer en las vacaciones estivales? Conscientes de que las protestas iban a resentirse, algunas agrupaciones decidieron darse un descanso en las concentraciones habituales de los lunes, aunque mantenían las protestas adecuadas y adaptadas al calendario veraniego, como es el caso de la Asociación de Alderdi Eder, en Donostia.

Y aunque este viernes los pensionistas han visto engordar algo sus nóminas con una 'mini extra' al cobrar los atrasos desde enero, ya anuncian que no cejarán en sus movilizaciones y auguran un otoño 'caliente'. ¿Alquien recuerda cuál fue el detonante de las primeras protestas? Ni más ni menos que la carta que recibieron por parte de la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciándoles una subida de sus prestaciones del 0,25%, tal y como establece la reforma de las pensiones aprobada en 2013. Una regulación que pretenden que se derogue.