El Banco de España niega que retrasar la edad de jubilación asegure las pensiones

Para contener el gasto, sería necesario, en su opinión, que un porcentaje «muy notable» de trabajadores decidieran demorar su jubilación. Pero incluso en escenarios donde los incentivos al retraso de la jubilación tuvieran un efecto notable a la hora de incrementar la edad efectiva de jubilación, «la reducción del gasto en pensiones sería relativamente limitada», según la institución.

Así, haciendo un ejercicio de simulación, el Banco de España calcula que cada año de incremento de la edad efectiva de jubilación recortaría el gasto en pensiones entre dos y seis décimas del PIB en 2050. Estos cálculos difieren ligeramente de los realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, la AIReF estima que un aumento de un año en la edad efectiva de jubilación reduciría el gasto en pensiones en ocho décimas de PIB en 2050, mientras que el Ministerio cifra este ahorro en nueve décimas. Fedea, por su parte, calcula que un retraso medio de la edad de jubilación de un año generaría un impacto en la ratio de gasto en pensiones que variaría entre una caída de tres décimas y un aumento de una décima.

«Es importante subrayar que cada una de estas estimaciones se fundamenta en su propia metodología, modelos y supuestos, por lo que las comparaciones requieren ser interpretadas con la debida prudencia», remarca el Banco de España, que considera que en el futuro serán necesarios más análisis para calibrar el potencial del nuevo esquema de incentivos a la demora de la jubilación.

Estos incentivos que puso en marcha la reforma de pensiones persiguen acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Consisten en un porcentaje del 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente, una cantidad a tanto alzado que se abona en un pago único o una combinación de ambas medidas.

De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, en el promedio del periodo 2022-2050, la ratio de gasto en pensiones sobre PIB caería en apenas una décima si un 20% de los trabajadores que en su proyección base se jubilan a su edad ordinaria extendiese un año su permanencia en el mercado laboral, y entre tres y cinco décimas si el 100% de las altas de jubilación ordinaria decidiese posponer un año su acceso a la misma. «Lógicamente, extensiones más dilatadas de la vida activa resultarían en un menor gasto en pensiones», precisa la institución.

Así, por ejemplo, si la mitad de esos trabajadores aplazase la jubilación durante tres años, el ahorro en el gasto en pensiones sería de cinco décimas de PIB bajo el supuesto de que optasen por el incentivo de aumento de la pensión, o de siete décimas de PIB si, por el contrario, escogiesen la opción del tanto alzado.

Según la herramienta que ha desarrolado el Banco de España para simular el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social a largo plazo utilizando datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, sin contar que en la decisión de demorar la jubilación influyen los incentivos, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social, equivalente al 12% del PIB en 2021, crecerá «significativamente» en los próximos años y alcanzaría distintos niveles en función del crecimiento económico proyectado.

Así, se situaría en una banda comprendida entre el 14,3%, bajo un escenario favorable de crecimiento anual del PIB del 1,8% a largo plazo, y el 16,9%, si dicho crecimiento fuese únicamente del 1%.

«La efectividad de los incentivos a posponer la edad de jubilación está sujeta a una incertidumbre muy elevada y será necesario un horizonte temporal amplio para calibrar el alcance», señala la institución.

En cualquier caso, en 2022 y, especialmente, en 2023, el Banco de España constata que el número de jubilaciones demoradas ha aumentado «significativamente» con respecto a los años previos a la introducción de las nuevas medidas destinadas a prorrogar la permanencia en el mercado laboral.

En concreto, el peso de la jubilación demorada sobre el total de altas de jubilación, situado en el 4,8% en 2021, aumentó hasta el 5,4% en 2022 y hasta el 8,1% en 2023. De hecho, el número de jubilaciones demoradas superó las 26.000 el año pasado, lo que implicó un crecimiento del 50% con respecto al año anterior.

El Banco de España recuerda que en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida por la nueva reforma de pensiones, en la que se establece que, si la proyección del gasto medio en pensiones en el periodo 2022-2050 publicada en el Informe sobre Envejecimiento de la UE, corregido por las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020, se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregir la desviación.

Estas medidas pueden consistir en actuaciones dirigidas a incrementar los ingresos del sistema de pensiones, reducir los gastos del mismo o una combinación de ambas y, en caso de ser necesarias, deberán entrar en vigor en 2026. Si no se acordase ninguna medida, se produciría un incremento automático de las cotizaciones sociales en dicho año.

El Banco de España señala que las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento, netas de las medidas de ingresos cuantificadas por la AIReF, muestran que, «con alta probabilidad», se necesitarán medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro en pensiones.

En este sentido, la institución advierte de que, en caso de ser necesaria la activación de la cláusula de salvaguarda, «hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española».

Los ejercicios de simulación llevados a cabo por el Banco de España apuntan a que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio generaría, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.

En consecuencia, de cara al futuro, la institución aboga por analizar el efecto de los incentivos de demora de la edad de jubilación; estudiar los efectos del alza de cotizaciones sociales sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas, así como sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional.

En paralelo, apuesta por analizar medidas alternativas, incluidas las que afectan a las tasas de reemplazo, que se encuentran en niveles superiores a los de la media de los países del entorno español, y analizar la evolución del ahorro privado para la jubilación.

Por un lado, insta a monitorizar el ritmo de expansión de los planes de empleo, en particular los de impulso público y los planes de empleo simplificados, introducidos en la reforma de 2022, y por otro, pide analizar también la evolución de las aportaciones a los planes de pensiones individuales, cuyos menores incentivos fiscales han coincidido con una caída de las mismas del 64,1% entre 2020 y 2023.