La negociación colectiva estatal con incidencia en Euskadi avanza este año más que la propia

Pero centrándonos en la población trabajadora con sus convenios actualizados, y más en concreto en aquellos que se han registrado este año, llama la atención que se ha producido un mayor avance en los acuerdos suscritos en el ámbito estatal con incidencia en Euskadi que en los firmados en el País Vasco. De hecho, los primeros afectan a 41.114 personas frente a las 35.471 de los segundos. Una evolución que sería preocupante de mantenerse así hasta final de año, volviendo a una situación que ya se produjo en 2016. Un ejercicio en el que la negociación sectorial estatal amparó a tantos trabajadores como la propia.

No obstante, todo apunta a que no será así, ya que en esta ocasión el mayor impulso de la negociación estatal con incidencia en Euskadi hay que achacarlo, según subraya el Consejo de Relaciones Laborales Vasco (CRL), al registro en octubre del convenio de ámbito global de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, que da cobertura a más de 16.000 trabajadores en la CAV. La alta incidencia de este convenio en Euskadi se debe principalmente a que los acuerdos de Oficinas y Despachos de Gipuzkoa y Bizkaia se encuentran decaídos. En el caso de nuestro territorio este pacto afecta a más de 7.000 personas, y es junto con el del convenio del Metal, uno de los más significativos que se encuentran en esta situación.

Cabe recordar que el que afecta al sector metalúrgico -el más importante del territorio, con 35.000 trabajadores, y que tradicionalmente ha servido de referencia para el resto- se encuentra en vía muerta desde 2011 y sin atisbos de que las partes negociadoras vayan a hacer nada para tratar de resucitarlo. Una situación que contrasta sobremanera con la de Bizkaia y Álava. Y es que en el primero de los territorios todos los sindicatos se movilizaron de forma conjunta, incluso presentando una plataforma única, y llevaron a cabo diez jornadas de huelga, que han desembocado finalmente esta semana en la firma de un acuerdo con la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, del que se ha descolgado ELA por considerarlo «insuficiente». Por su parte, en Álava continúan las negociaciones sin que por el momento se den las bases para alcanzar el acuerdo.

Sin embargo, en el caso de Gipuzkoa, donde el sindicato liderado por Mitxel Lakuntza casi roza la mayoría absoluta -cuenta con el 44% de representación-, no hay ningún síntoma de que se pueda reactivar una mesa que quedó encallada tras la última reforma laboral, que daba prevalencia a los convenios de empresa respecto a los provinciales. Una situación que, a decir de ELA, no otorga ninguna garantía de que lo que se suscriba en el acuerdo provincial vaya a cumplirse en los acuerdos de ámbito inferior. Una realidad que es trasladable al resto de territorios y que no ha sido óbice para que el sindicato negociara los convenios, aunque en el caso vizcaíno ha señalado que trasladará la negociación a las empresas que pretendan mejorar el acuerdo provincial.

Tampoco Adegi ha mostrado en estos años ningún interés por reactivar el convenio guipuzcoano, pese a indicar que si ELA llama de nuevo a la mesa no se negará a discutir las condiciones. Pero unos y otros siguen dando largas y están trasladando la negociación al ámbito de las empresas, donde confluyen los intereses de ambos agentes. Mientras tanto, CC OO y UGT se muestran partidarios de retomar la mesa, pero su escaso peso representativo condiciona y limita su estrategia. LAB se ha mostrado siempre defensora del convenio sectorial, pero tampoco termina de impulsar el proceso negociador al entender que la iniciativa le corresponde a ELA.

De este modo, Gipuzkoa sigue siendo el territorio más rezagado en la negociación colectiva, con tan solo 31.012 trabajadores con convenio actualizado, de los que 9.290 han visto mejoradas sus condiciones este año. Y es que hasta octubre tan solo se ha firmado un convenio provincial, el del Papel, que afecta a 906 personas, y 56 de empresa, con impacto sobre 8.384 trabajadores. De este modo, todavía hay casi 49.000 empleados con sus convenios prorrogados y pendientes de renovar y algo más de 58.000 con sus acuerdos decaídos, multiplicando en este caso por cuatro a los de Bizkaia y Álava, que rondan en ambos casos los 16.000.