Gobierno Vasco, Diputación y empresas urgen a solucionar la saturación de la red eléctrica

El más duro fue Pradales, que recordó –en una entrevista en Onda Vasca– que el debate sobre las redes ya se abordó en junio en un pleno monográfico del Parlamento Vasco sobre el modelo socioeconómico, donde se logró un «consenso político amplio». Posteriormente llevó la cuestión a la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, «donde cayó en saco roto porque no hubo un mínimo consenso», y un mes después la planteó en la bilateral con Pedro Sánchez. De aquel encuentro salió, dijo, un compromiso claro del Gobierno español: que «esta cuestión se iba a desatascar definitivamente a lo largo del verano». «Bueno, el verano acaba el 21 de septiembre y estamos en la cuenta atrás», reiteró ayer el lehendakari. Y añadió: «No podemos poner en riesgo más de 70.000 puestos de trabajo industriales en Euskadi, ni la descarbonización de nuestra industria, ni el conjunto de inversiones que están pendientes por falta de conexión eléctrica y capacidad. Este es un asunto demasiado relevante para seguir esperando».

El diagnóstico se hizo visible el martes con el primer mapa oficial de capacidad de la red de distribución, publicado por las empresas distribuidoras eléctricas. El resultado es un territorio casi sin enchufes: Bizkaia y Álava figuran en blanco, sin un solo punto para conectar nueva demanda, y Gipuzkoa apenas dispone de siete megavatios en tres nudos —Altzo, Oiartzun y Ormaiztegi—, un volumen insignificante –menos del 2% del total– frente a las necesidades de la industria. El Gobierno Vasco puso en el mes de mayo cifras a ese desfase: 117 empresas afectadas y hasta 70.000 empleos en riesgo, de los que 34.500 serían directos. Solo en Gipuzkoa el impacto podría superar los 25.000 puestos, con 13.575 empleos directos comprometidos. El Ejecutivo estima que el territorio necesita 6.000 megavatios adicionales de capacidad, un 50% más de la que tiene actualmente, para no poner freno ni a los procesos de electrificación ni a la llegada de inversiones.

«El compromiso existe, pero necesitamos ver ya una propuesta encima de la mesa», insistió Pradales, que no descartó buscar alternativas si Moncloa no cumple. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha mantenido varias reuniones en Madrid y esta misma semana habrá nuevos contactos.

En la misma línea, la Diputación de Gipuzkoa advierte de que se trata de un «reto de enorme trascendencia» que requiere «respuestas inmediatas y eficaces». El diputado de Promoción Económica, Unai Andueza, subraya que «el correcto desarrollo de nuestra industria, el avance en los procesos de descarbonización y la preservación de la competitividad dependen de que esta cuestión se resuelva con urgencia», y definió el problema como «un asunto que no admite demoras».

En el plano empresarial, el director general adjunto de Adegi, Paul Liceaga, quiso subrayar que «disponer de capacidad para conectar nueva demanda implica disponer de herramientas de competitividad para la empresa en general y nuestra industria en particular». Es por ello, afirmaron, que «si tenemos en cuenta que las peticiones para conectarse a la red se han multiplicado por diez en los últimos tres años debemos poner todos los medios necesarios para garantizar el suministro, las inversiones y los proyectos de futuro».

Por su parte, la Cámara de Comercio de Gipuzkoa también comparte la inquietud. Su director general, Javier Zubia, alerta de que la situación «puede convertirse en un freno para todo el desarrollo que necesitamos, tanto en lo que respecta a la transición energética y la descarbonización como al crecimiento empresarial». Recordó que muchas compañías se encuentran con denegaciones de acceso a la red pese a tener proyectos en marcha, y pidió a las administraciones competentes que «encuentren una solución cuanto antes».