Euskadi reclama «un marco estable» para Petronor y dota ocho millones para el hidrógeno
El Ejecutivo vasco recalca su «preocupación» ante la posibilidad de que la energética congele sus inversiones en Euskadi y reafirma su compromiso con la descarbonización
Nueva muestra de apoyo a la posición de Repsol-Petronor por parte del Gobierno de Iñigo Urkullu ante las dudas planteadas por la energética pilotada ... por Josu Jon Imaz sobre la posibilidad de 'congelar' sus inversiones en España y en Euskadi, al caminar el Ejecutivo central hacia la prórroga de los impuestos extraordinarios al sector y a la banca.
Ayer fue el turno del portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien recordó la «preocupación» del gabinete por la situación (Petronor es el primer contribuyente del País Vasco y uno de los grandes tractores industriales) y reclamó, mirando a Madrid, «un marco estable» que permita afrontar esos desembolsos tan notables. A esta hora, los proyectos de Repsol-Petronor que quedarían en el aire son un electrolizador de 100MW y una planta de combustibles sintéticos.
A la misma hora, y en el Parlamento Vasco, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, daba cuenta detallada del presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio, en el que el Ente Vasco de la Energía tiene previsto invertir (como accionista y junto a la iniciativa privada) un mínimo de ocho millones de euros en proyectos de tecnología del hidrógeno verde, como los que prepara la firma de Muskiz. De esa cantidad, 4,6 millones servirán para acompañar a la propia Petronor y a Aramco en el desarrollo de un electrolizador de 10MW, así como una red de hidrogeneras.
Zupiria se refirió a la decisión de Repsol-Petronor de dejar en 'stand by' inversiones en Euskadi por valor de 200 millones de euros ante la perspectiva impositiva estatal. A su juicio, esa posibilidad supone una «mala noticia» que inquieta al Ejecutivo de Vitoria.
En esa tesitura, el portavoz explicó que a las distintas administraciones les toca «hacer todo lo posible para establecer marcos que permitan una seguridad en las decisiones que vayan a adoptar las empresas». «Una modificación de estos marcos efectivamente puede tener efectos negativos en los planes de inversión que las empresas puedan tener. Por lo tanto, consideramos que las decisiones que se adopten deben contar con un horizonte de estabilidad que a todo el mundo le haga saber cuáles son las condiciones en las que el Gobierno o los gobiernos van a desarrollar su actividad», remachó.
El discurso es parejo al defendido por la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, quien el pasado domingo subrayaba en una entrevista en DV que «las empresas tienen derecho a invertir donde consideran que se dan las condiciones más adecuadas, y una de esas condiciones es la estabilidad jurídica». «Hay que fomentar la inversión de las empresas, no castigarla, que parece que es lo que se está haciendo», añadía la directiva, para advertir de que la no inversión podría afectar «a toda la cadena de valor» de la industria auxiliar vasca.
Las pymes contarán con un plan de ayudas de 600 millones
Junto a la apuesta del Gobierno Vasco por las energías renovables (el Presupuesto reserva 46 millones para acompañar inversiones privadas en 2024) y la descarbonización industrial, que contará con un programa de 20 millones, el conjunto de las cuentas del departamento de Desarrollo Económico tendrá su punto fuerte en un plan de ayudas a las pymes de 600 millones de euros. Así lo reveló ayer la consejera, Arantxa Tapia, quien subrayó que en esta ocasión a las líneas de apoyo generales se suman otras nuevas como la de acompañamiento en la alta innovación (programa Innobideak Fast Track, con siete millones de euros) o los llamados Retech IA y Ciber, con 32 millones en total. En total, el departamento contará con 873,7 millones de euros, lo que supone un 2,8% interanual más, que «tienen como objetivo mejorar la competitividad y responder al cambio climático», señaló la consejera. La gestión y recuperación de suelo industrial (con efecto Sidenor-Legazpi, Oikia-Zumaia y Arcelor-Zumarraga) contará con 72 millones.
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