Euskadi avanza para aprobar la primera ley que limite la deslocalización de empresas
El Parlamento Vasco trabaja en una norma que en sus primeros bocetos ha levantado duras críticas de Confebask, que la ve «injusta»
Con la necesidad de mantener el arraigo de nuestras empresas en el epicentro de todos los discursos, el Parlamento Vasco ha inciado la tramitación de ... una Ley 'antideslocalizaciones' que se presenta insólita. Y es que, confirman a DV fuentes parlamentarias, es la primera vez en la historia que el legislativo pone el foco sobre este siempre espinoso asunto. Las mismas fuentes aseguran que la voluntad es que la norma salga adelante, idea expresada también por el Gobierno Vasco. Como siempre, el diablo se esconde en los detalles, y aunque queda mucha negociación por delante, el nudo gordiano del asunto parece centrarse en el manejo de las subvenciones y las ayudas públicas que hubieran recibido las firmas que optaran por marcharse del País Vasco. Por ahora, la patronal vasca (Confebask) ha mostrado en sede parlamentaria su descontento con el proyecto, tachándolo de «injusto» y «desproporcionado».
La iniciativa legislativa la presentó EH Bildu en forma de Proposición de Ley el pasado 15 de marzo, cuando la actualidad económica y empresarial estaba protagonizada por un solo nombre: Ferrovial. La firma de construcción y servicios de la familia Del Pino anunciaba que quería dejar España para trasladarse a Ámsterdam (cosa que sus accionistas aprobaron después) argumentando que desde Países Bajos podría acceder con mayor facilidad a la Bolsa de EEUU.
La propuesta inicial registrada en el Parlamento Vasco incluía para aquellas empresas que deslocalizaran fábricas o producción la obligación de devolver el dinero público recibido en los diez años anteriores.
La Ley 'antideslocalizaciones' se tramita hoy en paralelo a la Ley Vasca de Subvenciones (como dos proyectos legislativos independientes) en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, aunque es previsible que ambos asuntos queden subsumidos en una única norma, la de subvenciones. Asumida ya por el conjunto de la Cámara vasca, aunque en su día PP-Ciudadanos y Vox votaron en contra de su tramitación, la propuesta está en fase de enmiendas (hasta el 8 de septiembre), tras haberse realizado varias comparecencias de expertos ante la comisión para realizar sus aportaciones.
Las claves
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Sanciones La idea inicial es obligar a las firmas que abandonen Euskadi a que devuelvan las ayudas públicas recibidas
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Dos leyes La norma se tramita en paralelo a una Ley de Subvenciones, en la que podría quedar subsumida
Consultada por este asunto la portavoz jeltzale en la comisión de Economía y Hacienda, Alaitz Zabala, asegura que «la voluntad del PNV y del PSE, con el que vamos al unísono, es que se legisle, que algo salga adelante». Eso sí, aclara que en la historia parlamentaria también hay iniciativas que «no terminan de salir adelante». «Ya veremos lo que sale», señala, para insistir en la voluntad de su grupo de que haya ley, siempre «dentro de la norma de subvenciones» y «sin afectar a la competitividad del país».
«Recortar gastos»
La propuesta arrancó en la comisión de Desarrollo Económico antes de recalar en la de Economía y Hacienda (que ya tramitaba la Ley de Subvenciones a instancia del Gobierno Vasco), y ponía el foco en que «muchas empresas han abandonado nuestro país y situado sus lugares de trabajo en el extranjero con el objetivo de incrementar los beneficios recortando gastos de mano de obra y de costes provocando graves consecuencias en el tejido industrial». «El Gobierno Vasco está obligado a arbitrar los mediospara hacer frente a las consecuencias de esta situación», añadía.
Tras recordar que el Parlamento Europeo ha solicitado que las empresas que deslocalicen actividades (no tiene por qué ser una fábrica entera) «queden excluidas de los fondos estructurales o de las ayudas estatales hasta que hayan transcurrido siete años desde la deslocación», la proposición de Ley sugería situar ese límite un poco más allá.
Leire Pinedo, parlamentaria de EH Bildu en la comisión de Economía y Hacienda, explica a este periódico que el 'leit motiv' de la norma es que «el esfuerzo público en ayudas a las empresas se traduzca en que estas avancen, pero con arraigo y que no se vayan al día siguiente». «Queremos que haya empresas y riqueza en este país», concluye.
Asustar a las empresas
No tiene la misma idea la patronal vasca, como quedó patente en la comparecencia ante la comisión de Pablo Martín y Virginia Mugica, responsables de los departamentos de Economía y Jurídico y de Relaciones Laborales de Confebask. Ambos tacharon la norma de «injusta» y «desproporcionada», y pidieron a la Cámara que «legisle en positivo, desde el fomento a la actividad empresarial» y no «desde las sanciones». «Tenemos que captar empresas, no podemos o no debiéramos legislar ahuyentando a las que quieran venir», dijeron.
Los representantes de Confebask recordaron que las deslocalizaciones «se han producido siempre» por diferentes factores, incluidos los avances tecnológicos, y es «algo con lo que hemos de coexistir».
Tras resaltar que los movimientos de deslocalización son algo «minoritario» en Euskadi, Martín y Mugica aseguraron que «es mucho más interesante para nuestro tejido productivo y nuestra economía y empleo apostar por medidas que generen un entorno amable para las empresas».
Medidas, añadieron, «que hagan atractivo tanto el venir a hacer negocios a Euskadi, como el hecho de mantener los centros productivos y de decisión que ya existen y favorecer el arraigo».
«Creemos más en las medidas no punitivas, en las que incentiven la fiscalidad», aseguraron, para cargar contra el texto presentado por ser de algún modo muy simplista y «hacer tabula rasa» con todo, igualando el tratamiento de cualquier comportamiento y desde «una generalización absoluta».
«La infracción, la conducta reprobable, tiene que estar perfectamente tipificada, porque si no lo está es inconstitucional», apuntaron, para exigir «seguridad jurídica». «Una norma, en los términos en que se ha planteado en inicio, no va a incrementar la implicación de la empresa vasca con este país; lo que va a hacer es ahuyentarla y desmoralizarla», sentenciaron ambos.
También compareció ante la comisión Cosme Carral, socio responsable de KPMG en el País Vasco. El experto recordó que las deslocalizaciones «son decisiones de gran complejidad resultado de múltiples factores, más habituales en sectores industriales maduros».
Dicho eso, el experto apuntó, en línea con el argumento de Confebask, que «cualquier medida restrictiva del clima de negocios, que introduzca un potencial riesgo o reduzca el margen de libertad en la toma de decisiones empresariales supondría una pérdida de competitividad». A su jucio, la normativa propuesta provocaría «una anulación indiscriminada del efecto buscado con las ayudas públicas».
El Gobierno Vasco es partidario de legislar pero siempre dentro de los límites europeos
El Gobierno Vasco, favorable desde el inicio a la toma en consideración de la iniciativa sobre deslocalizaciones, también se ha pronunciado de forma preliminar sobre la misma para explicar que las normas europeas al efecto ya son «adecuadas» y que traspasar ese marco con nuevas o más estrictas condiciones en materia de ayudas a la inversión o el empleo «pondría a Euskadi y a nuestras empresas en inferioridad de condiciones». A su entender (así consta en un informe con fecha 4 de abril), «vivimos en un mundo globalizado, lo que hace que la competitividad de las empresas tome también esa dimensión global». Unas empresas, añade, que «con una competencia feroz se ven sometidas a una permanente evolución». En esa tesitura, el documento apunta que «al igual que las empresas, los países y regiones también tienen que resultar competitivos». «La elección de la deslocalización de una inversión es una cuestión estratégica que obliga a considerar numerosos aspectos, incluidos los incentivos públicos», señala. Incentivos, añade el documento, que ya están «ordenados» desde diferentes reglamentos, línea que el Gobierno prefiere no cruzar. Además, añade, en Euskadi ya hay normativas forales en ese sentido (en Bizkaia y Álava), con lo que «a día de hoy existe una regulación suficiente para responder ante casos de deslocalización». En cualquier caso, y siempre desde la base de «reconocer el papel de las empresas» en la generación de riqueza, matiza, sí ve «oportuna» la posibilidad de una ley «que contribuya a incentivar el arraigo y la continuidad de las empresas en nuestro territorio, así como a evitar posibles deslocalizaciones», una vez más, subraya, dentro del marco comunitario.
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