«España tiene que invertir primero en su gente antes de recurrir a la inmigración»

– España está en pleno debate sobre cuánto debe subir el salario mínimo (SMI) y la UE acaba de aprobar por primera vez una directiva para impulsar un nivel adecuado en toda Europa. Ahora está en 1.000 euros al mes, cerca del 60% de la media salarial. ¿Cómo influye la nueva regulación?

– La directiva aún no está implementada porque los Estados miembro tienen que trasponerla. Creo que no va suponer cambios significativos para España porque ya hay en el país una tradición de actualizar el salario mínimo de forma regular, con el objetivo de alcanzar los umbrales contemplados en la directiva, que no son obligatorios sino guías –llegar al 60% de la mediana salarial o al 50% del medio–.

– Aunque hay debate con los agentes sociales sobre la subida, la decisión la toma el Gobierno de turno. ¿Es correcto?

– Sí. La concertación de los agentes sociales es importante, pero si hay división de opiniones la decisión final corresponde al Gobierno, que deberá tener en cuenta factores como el coste de la vida o el contexto económico.

– El SMI ha subido en España un 52% desde 2016 y organismos como el Banco de España advierten de que un incremento tan fuerte puede destruir empleo.

– Yo mismo he debatido esta materia con el gobernador del Banco de España y también con Yolanda Díaz. Por los estudios que hay hasta el momento no parece que las subidas del salario mínimo tengan un impacto elevado en el empleo. Hay premios Nobel que arrojan dudas sobre ese efecto negativo. Tiene que haber un límite en los aumentos pero España también debe cuestionarse si el SMI permite una vida decente o se están generando trabajadores pobres. Su economía no puede apoyarse en bajos sueldos y baja productividad. El camino es el contrario. Salarios más altos, soportados en mayor productividad y formación.

– Aparte de la discusión sobre el SMI, los agentes sociales debaten sobre cómo trasladar la disparada inflación a los salarios. ¿Tienen que ir de la mano?

– Lo primero que apuntaría es que los salarios deben fijarse en la negociación colectiva. A partir de ahí, es verdad que estamos en un periodo excepcional en el que tenemos una inflación muy alta, no por los salarios sino por la explosión de los precios de la energía, los alimentos y también porque hay sectores aprovechando para subir precios pese a no sufrir un alza de costes. Volviendo a la pregunta, diría que si hay un desfase grande entre los salarios y la inflación habrá un impacto en la demanda y aumentarán los riesgos de recesión. Por otro, también hay sectores con problemas graves por el alza de la energía. Los países como el mío, Luxemburgo, en los que hay una indexación directa entre salarios e inflación, tienen que tener esto en cuenta y tener flexibilidad en esos ámbitos. Pero se deben subir los salarios allí donde se pueda. Hay sectores que han ganado mucho en la actual coyuntura.

– ¿Pero es partidario de esa indexación automática de salarios e inflación?

– ¡No me busque líos con mis compatriotas! Solo en Luxemburgo y Bélgica se hace así. Lo dicho, hay que tener flexibilidad en los sectores afectados por el alza de costes.

– Las pensiones sí van a subir en España con la inflación promedio. Se ha aprobado así por ley y eso supone un fuerte incremento para este año por el alza del IPC. Hay quienes critican este aumento del gasto cuando hay dudas sobre la sostenibilidad del sistema. ¿Qué opina?

– No creo que las pensiones sean muy altas en España y si dejas un desfase entre el alza de las prestaciones y de la inflación puedes general una situación de pobreza entre los mayores. En España hay quienes no tienen ingresos para afrontar sus cuidados. Y, como decía antes, las causas de la inflación son la energía y los alimentos. Si no adaptas las rentas bajas, tendrás más pobreza.

– Pero la propia Comisión Europea ha advertido de sus dudas respecto a la última reforma y la sostenibilidad del sistema.

– Sobre la sostenibilidad del sistema hay diferentes aspectos. Uno de ellos es la evolución demográfica y España parte de la desventaja de que tiene una de las sociedades que más rápido envejece. Ese es un problema porque los jóvenes tienen que pagar las pensiones de los mayores. El otro desafío viene de que si tienes baja productividad no puedes tener salarios altos y, por tanto, cotizaciones sociales elevadas para sostener el sistema. La solución para España pasa por modernizar la economía para que sea más productiva y atraer a más personas al mercado laboral. En este sentido, hay margen para elevar la participación de las mujeres en el mercado laboral y para facilitar ese acceso habrá que invertir en un sistema de cuidados para los niños y los mayores. A veces el debate sobre las pensiones se reduce a si hay que bajar las prestaciones o subir las cotizaciones. Pero se deben plantear soluciones a más largo plazo.

– La Comisión Europea, sin embargo, ha sido muy clara al exigir al Gobierno español que revise la eliminación del factor de sostenibilidad incluido por el anterior Ejecutivo y que liga las pensiones a la esperanza de vida. Tiene dudas de si el nuevo mecanismo, que eleva las cotizaciones, será suficiente.

– Hay un debate técnico sobre cómo incorporar la mayor esperanza de vida al cálculo de las pensiones.

– España registra tres millones de parados, pero las empresas se quejan de falta de profesionales, no solo en el ámbito tecnológico sino también en la construcción, la hostelería... Recientemente la patronal vasca hacía una llamada a facilitar la inmigración y el Ministerio de la Seguridad Social impulsa un polémico plan para traer trabajadores de la construcción.

– Yo no excluiría la inmigración, pero cuando analizo los datos del mercado laboral observo que, por ejemplo, existe un paro juvenil del 30%, que es una tasa elevadísima, de más del doble que la media europea. También es muy superior el porcentaje de jóvenes 'ninis' –ni estudian ni trabajan–. Y ya apuntaba antes que hay margen para incorporar a más mujeres al mercado laboral, sin olvidar el alto nivel de desempleo de larga duración, que sobre todo afecta a los trabajadores de más edad. Esta debe ser la prioridad para España, invertir en su gente. En segundo lugar y ante el envejecimiento de la población, sí haría falta una inmigración selectiva, centrada en los sectores en los que se detecta falta de profesionales. Y que conste que no estoy en contra de la inmigración, es más, he sido ministro en ese área. Pero primero deben mirar su mercado laboral y buscar una solución con los jóvenes, las mujeres y los mayores. Ya verán luego si necesitan inmigrantes.

– Existen muchas quejas sobre el mal funcionamiento del servicio público de empleo. Su tasa de intermediación apenas llega al 4%. ¿Ocurre lo mismo en el resto de Europa?

– España no es una excepción, pero eso no debe servir de excusa para mejorar. Hay que invertir en políticas activas de empleo y para ello se han dispuesto fondos europeos. Los servicios públicos de empleo deben estar ligados a la formación de los parados en aquello que demandan las empresas.

– España ha implantado recientemente una renta de garantía mínima y en Euskadi existe hace tiempo. Hay quienes critican que desincentiva la búsqueda de empleo.

– Nosotros abogamos por tener una renta mínima para cubrir a los que tienen dificultades en el acceso al mercado laboral o colectivos como los parados de larga duración. Pero debe ir ligada a programas de formación e inserción laboral. Tiene que haber incentivos para volver al trabajo y una cierta presión para que se acepte la formación y las posibles ofertas. Por todo ello soy partidario de que se mantenga la renta incluso si la persona encuentra un trabajo de horas. Y también abogo por que el salario mínimo tenga una distancia con la renta mínima justamente para que haya un incentivo de acceder al mercado laboral.