Las medidas fiscales de la Diputación tendrán un impacto de 300 millones en las arcas forales

La Diputación de Gipuzkoa ha anunciado este martes la última hora sobre la pandemia del coronavirus en Gipuzkoa y ha dado cuenta de los dos ejes adoptados en el Consejo de Gobierno de este martes: un plan de choque y la aprobación de medidas fiscales. Desde el ámbito fiscal, la portavoz foral, Eider Mendoza, ha desvelado que el impacto de esas nuevas medidas tendrá un coste de 300 millones de euros para las arcas, además de dejar en suspenso la previsión recaudatoria para el año 2020. El coronavirus lo trastoca todo.

Todas las medidas tienen un doble objetivo: dotar de liquidez y flexibilidad a las pequeñas empresas y a los autónomos de Gipuzkoa. Este periódico ya adelantó alguna de las medidas que iba a implantar Gipuzkoa. La más importante estriba en la ampliación del importe de los pagos de impuestos que las empresas pueden aplazar, que se duplica: de 150.000 a 300.000 euros. Además, el plazo para devolver la deuda tributaria es de dos años, se realiza en cuotas mensuales, no hacen falta garantías y hasta 12.000 euros no se exige pago previo; a partir de esa cifra el 20%. El impacto de esta medida está cifrada en 120 millones.

Además, la propia Hacienda foral comunicó el sábado y hoy ha confirmado que ampliará por un plazo mínimo de un mes para la presentación de las autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo vence este miércoles. Este apoyo hace referencia a las retenciones por IRPF y las declaraciones de IVA mensuales; las de las grandes empresas y las firmas exportadoras, con un impacto estimado de 150 millones. Junto a esto, la Diputación explicó que «los aplazamientos que deberían ser cargados (cobrados) el 25 de marzo se posponen a una fecha posterior, la cual se comunicará más adelante». DV pudo confirmar después que el aplazamiento será de un mes y que el impacto será de 15 millones.

La cuarta medida tiene que ver con el IVA y los autónomos, con un impacto de 32 millones. «Las personas autónomas, por su parte, no estarán obligadas a ingresar los pagos fraccionados del IRPF durante los dos primeros trimestres, lo que supondrá liberar 32 millones de euros en este colectivo», ha indicado Mendoza.