Dendartean pide en Juntas suspender el TicketBai por posible «anticonstitucionalidad»

Amador Bitteri, presidente de la asociación, que aglutina a 2.637 establecimientos guipuzcoanos, y Bittor Lizarribar, de la confederación Euskaldendak, a la que pertenece, comparecieron a petición de EH Bildu. Bitteri explicó que el decreto que regula el TicketBai choca con algunas normas de ámbito estatal, e incluso con el artículo 14 de la Constitución «por vulnerar el principio de igualdad en un aspecto que entendemos que es de competencia estatal».

Así, señala que el Concierto Económico permite a las instituciones de los territorios regular el régimen tributario, pero no obligaciones mercantiles como son las aplicaciones de facturación

La asociación señala que ya existe una obligación contable y de facturación trazable digitalmente que no se ha tenido en cuenta en la norma foral que regula el TicketBai y considera «más ponderado regular este tipo de obligaciones en función de la acreditación fehaciente de un determinado nivel de fraude fiscal» y no de forma indiscriminada.

Dendartean también considera que la norma puede ser «discriminatoria» ya que el artículo 12 de la ley 17/2009 prohibe expresamente cualquier limitación al ejercicio de la actividad que se vincula a cierta forma o tipo de infraestructura, como sería el TicketBai, que se exige solo para los establecimientos guipuzcoanos a los que se les genera el coste relacionado. De hecho, recuerda que no se exige para muchos autónomos, empresas o grandes cadenas instaladas en Gipuzkoa.

Agrega que también colisiona «con el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria», en las que se señala que la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Dendartean entiende que estas medidas «deben estar justificadas y además ser proporcionadas, y no deben ir más allá de lo necesario para perseguir estos comportamientos de fraude fiscal».

También considera que puede ocasionar «agravios por los distintos periodos de implantación por sectores y ámbito territorial». Por ello, instan a que los servicios jurídicos elaboren un informe sobre la colisión del decreto que regula su implantación con diversas leyes estatales y también con el artículo 14 de la Constitución.

Los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos mostraron su disposición a darle cauce a dicha solicitud vía enmiendas y a tratar de corregir los desequilibrios que puede provocar el sistema. En el caso de la coalición soberanista, que calificó la implantación de «chapuza», adelantó que podrían hacerlo en el debate de los presupuestos.

La representante del PNV defendió el decreto y recordó que «ya existe un sistema inmediato de Información para empresas que facturan más de 6 millones de euros», mientras que el PSE señaló que no pone en riesgo la competitividad del pequeño comercio y que de hecho cuenta con el apoyo de la Federación Mercantil, la Cámara de Comercio y la Federación de Hostelería.