La crisis en la cúpula directiva del Puerto de Pasaia se agrava con otra denuncia

El paso dado ayer añade un nuevo capítulo a la crisis surgida en el 'staff' de la entidad y que estalló en enero, cuando ocho de los diez jefes presentaron ante el Comité de Ética del Gobierno Vasco un escrito en el que criticaban la gestión de Garciandia. La iniciativa no prosperó, porque el comité consideró que no era competente en el caso, dado que el cargo de presidente depende del Ministerio de Fomento.

Con posterioridad -5 de marzo-, cuatro de esos ocho jefes de área, en situación de baja por la situación de estrés padecida, según alegaron, dieron un nuevo paso y presentaron ante la Autoridad Portuaria de Pasaiauna denuncia por acoso laboral. El escrito presentado ayer por esos mismos directivos tiene precisamente como motivación alertar de que todavía no se ha activado el protocolo interno para iniciar la investigación sobre la denuncia del 5 de marzo. «No se ha tomado ninguna medida eficaz para que se inicie el procedimiento», indican los afectados. «Ni tan siquiera se ha constituido el comité que debería encargarse de impulsar y controlar el proceso», añaden.

Pero, más allá de la inacción, los firmantes indicen en que se sigue «reincidiendo de forma burda y descarnada en la situación de acoso denunciada». En el escrito registrado ayer se relata que en la sede de la entidad «se han colgado, de forma generalizada y a la vista pública, hojas con copias de determinadas opiniones de un medio sectorial». Los firmantes señalan que los artículos exhibidos, además de ser anónimos, alaban la gestión de Garciandia, en tanto que realizan «imputaciones graves a los trabajadores».

Los denunciantes afirman que «se trata de una nueva actuación evidente de 'mobbing'», porque en los artículos se les califica de «vagos», al tiempo que se les acusa de conspirar entre sí y con las fuerzas políticas, sindicales y de gestión del puerto, además de acusarles de orquestar bajas médicas masivas. «Se olvidan -señala la denuncia- del pequeño detalle de que las bajas y tratamientos médicos los otorgan los profesionales de la sanidad pública».

Los jefes de área afectados explican que estos hechos «aparecen recogidos en el protocolo de actuación en materia de acoso laboral de la empresa». Concretan que en dicho documento se especifica que entran en ese supuesto las «acciones de represalia frente a los trabajadores que han planteado quejas, denuncias o demandas». En opinión de los afectados, «colgar y mantener esos carteles injuriosos» es un caso claro de acoso laboral contemplado en la normativa.

En el escrito se acusa a Garciandia de haber tolerado o incluso promovido la colocación de los pasquines. Los jefes de área indican que su difusión en dependencias de la entidad es «manifiestamente ilegal», por lo que recae sobre la dirección, con su presidente a la cabeza, la responsabilidad de impedirlo. Sin embargo, añaden que Garciandia «no solo no lo ha impedido, sino que lo ha tolerado». Y, yendo un paso más allá, indican que el presidente quizá no haya ordenado su retirada «porque es probable que él mismo haya incitado el hecho de que se cuelguen. De hecho, ni se ha molestado en encubrir el origen de las copias colgadas, que estaban obtenidas de su propia cuenta -de internet- una de ellas, y de la cuenta corporativa gestionada por su secretaria general, la otra».

En conclusión, señalan que los hechos descritos «ahondan» en el acoso laboral que está sufriendo la plantilla. «Se está intensificando la presión, incluso después de la denuncia interna en la empresa», subrayan.

A su vez, revelan que no se ha activado el protocolo de «'mobbing' interno y no se ofrece atención y protección a las supuestas víctimas, como es obligación de la empresa y, además, se realiza, alienta y/o permite el escarnio público de los ofendidos mediante la exhibición pública de anónimos vejatorios contra ellos en las dependencias de la empresa».

Este clima de enfrentamiento se ha enconado en vísperas del Consejo de Administración de la entidad, que tendrá lugar mañana. La reunión debería haberse celebrado el pasado 6 de marzo, pero se desconvocó tras hacerse pública la denuncias ante el Comité de Ética del Gobierno Vasco y la posterior por acoso laboral. En la convocatoria se iban a tratar estos temas, además del nombramiento como director de la entidad de Miguel Montero, en sustitución de César Salvador.

El presidente, ante las denuncias presentadas por los jefes de área, ha respondido que la actitud de los denunciantes es «respetable y refleja su opinión», pero añade que la «reinvención del puerto es un proyecto complejo. De alguna manera, constituye un campo minado para que las imprescindibles iniciativas de transformación interna promovidas por la actual presidencia se encuentren con todo tipo de obstáculos internos y externos».