Fumar y beber saldrá más caro; repostar gasolina no… de momento

El Gobierno ha puesto en marcha la máquina recaudadora para cuadrar las cuentas del próximo año y poder así cumplir con los objetivos de déficit marcados por Bruselas (un 3,1% del PIB). La situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra ha obligado al nuevo Gobierno a pactar con la oposición una reforma impositiva que va a afectar a Sociedades y a diversos impuestos especiales, toda vez que el IRPF y el IVA se han declarado intocables.

El aumento de gravámenes indirectos -que permitirá recaudar 550 millones de euros más el año que viene- se centrará en el tabaco y los alcoholes destilados (350 millones de euros), mientras que se crea uno nuevo para las bebidas azucaradas (supondrán 200 millones más). Y queda al margen de estas medidas el rey de los impuestos medioambientales, el de hidrocarburos. Y eso pese a que diversos estamentos internacionales (como la OCDE o la Agencia Internacional de la Energía) vienen reclamando desde hace años una revisión al alza. Por tanto, fumar e ingerir ciertas bebidas nos saldrá un poco más caro. Llenar el depósito del coche, no. Al menos, de momento.

Más azúcar, más impuestos

Con el argumento de intentar reducir la ingesta de estas bebidas para contribuir a mejorar la salud de los españoles, el ministerio de Hacienda se ha atrevido a meter mano en el sector de las bebidas azucaradas. Lo hace, además, espoleado por iniciativas precedentes, como la de Reino Unido, que ya había anunciado el establecimiento de un impuesto similar a partir de 2018. Y hace unos pocos días, Cataluña aprobaba una tasa similar, que grava con 8 céntimos por litro a las bebidas que contengan una concentración de azúcar de entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros. Y de 12 céntimos para las que superasen esa horquilla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado en distintas ocasiones el establecimiento de una tasa especial para reducir o desincentivar el consumo de estas bebidas. Francia, México y algunas partes de Estados Unidos ya aplican este tipo de impuesto, con resultados desiguales.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha ofrecido demasiados detalles sobre este nuevo impuestos. El pasaado viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se limitó a señalar que «irá en línea con el de otros países», y que el tipo a aplicar será negociado con otros partidos políticos.

La patronal española de bebidas refrescantes, Anfabra, cree que el nuevo impuesto representa «un obstáculo» para la recuperación del consumo, y defiende que las empresas del sector han realizado durante los últimos años un esfuerzo para reducir el nivel de azúcar en las bebidas que comercializan: hasta un 23% menos en los últimos diez años. Además, recuerdan que algunas de las principales compañías del sector han lanzado al mercado productos sin azúcar.

Alcohol, casi media copa a la salud de Hacienda

El Gobierno ha decidido elevar la presión fiscal que soporta el alcohol. O mejor dicho, determinados tipos. Porque el vino, producto que cuenta con una potente industria autóctona detrás, sigue manteniendo el tipo 0. La cerveza, gravada con un impuesto propio, tampoco se toca. Así que, como ya ocurriera hace 3 años, los alcoholes de alta graduación (ginebra, whisky, vodka, etc.) serán los paganos de esta nueva reforma impositiva, que elevará un 5% la presión fiscal sobre estas bebidas. Cuando alguien consume una copa de alguno de estos productos, más del 40% se va en impuestos. El que grava la cerveza es del 20%.

Antes de conocerse la letra pequeña de la subida impositiva, los fabricantes, distribuidores y hosteleros habían puesto el grito en el cielo contra los propósitos del ministerio de Hacienda. Esgrimían un estudio 'El sector de bebidas con contenido alcohólico y su relevancia en la economía española', -elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI)- para defender que simplemente manteniendo la política fiscal actual, y tomando en consideración las tasas de crecimiento económico previstas durante el periodo 2014-2017, la contribución fiscal del sector podría elevarse en más de 1.718 millones de euros. Y que la actividad económica se incrementaría en 3.448 millones, amén de generarse 64.000 empleos en ese periodo.

El pasado año la recaudación por impuestos en el sector del alcohol alcanzó los 1.071 millones euros (774 millones en destilados, y 297 de cerveza).

Tabaco, el vicio más lucrativo para Hacienda

Por cada euro que se paga al comprar un paquete de tabaco, aproximadamente 80 céntimos van a parar a las arcas públicas (sumando el impuesto especial y el IVA). El denominado impuesto a las labores del tabaco tiene tres componentes. Uno llamado 'ad valorem', que es un porcentaje aplicado sobre el precio final del producto; luego está el tipo específico, que funciona como una cantidad fija sobre unidad de producto (puede ser cigarrillos, cigarros o gramos). Y por último un tipo mínimo. Al igual que sucede con en el tipo específico, se aplica una cantidad fija por unidad, cuyo importe se ha de alcanzar siempre, bien por aplicación directa, o bien porque la combinación de los tipos anteriores excede de su cuantía. Ese mínimo se incrementa cuando el precio está por debajo de un límite predeterminado.

Con la reforma aprobada el viernes se adecuará la tributación «a lo que recomienda la Unión Europea» a través del denominado sistema de doble mínimo, que evita la venta por debajo de un determinado precio. Lo que se hace es incrementar el componente específico con respecto al 'ad valorem', en una cuantía del 2,5% para los cigarrillos y el 6,8% para la picadura de liar.

El tabaco es el vicio más lucrativo para Hacienda, bastante más que el que supone el alcohol. Pese a ello, la recaudación fiscal por este concepto ha descendido en los últimos años, como consecuencia de un menor consumo. El pasado año supuso 6.580 millones de euros, lejos del tope de 7.423 millones alcanzado en 2010. La fiscalidad del tabaco en Europa se mueve entre el 62,3% sobre el Precio de Venta al Público (PVP) que aplica Luxemburgo y el 87,5% de Grecia. El sector cree que una mayor presión fiscal puede redundar en un aumento del comercio ilícito de tabaco.

Las gasolinas se salvan... por el momento

Aunque fuentes del sector aseguran que no ha estado sobre la mesa, el impuesto que grava las gasolinas era firme candidato a experimentar una subida. En primer lugar, porque la presión impositiva que se aplica en España a estos productos (un 57% para la gasolina, y un 53% en el caso del automoción) es inferior a la media europea (65% y 59% respectivamente). Y porque diversas organizaciones internacionales vienen recomendando su elevación desde hace algunos años. La OCDE pedía, al menos, una igualación entre la presión fiscal de gasolina y gasoil (al alza, claro está). La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lleva siete años con la misma canción. En su última revisión del sistema impositivo español en lo que se refiere a la energía -llevada a cabo en 2015- recomendaba una subida porque traería «beneficios a la economía española».

Sin embargo, a la hora de tomar una decisión al respecto han pesado más otros argumentos. Por ejemplo, que una subida amenazaría la recuperación de la demanda experimentada en el último año. Y que penalizaría aún más a un sector como el del transporte, duramente golpeado por la crisis. Y más aún en un contexto como el actual, en el que se vislumbra un nuevo aumento en el precio del petróleo.

El de hidrocarburos es el rey de los impuestos especiales. Supone aproximadamente el 80% de lo que se recauda a través de ellos, y aporta casi 10.000 millones de euros a las arcas del Estado. Es el cuarto gravamen en cuanto a capacidad recaudatoria, superado por IRPF, IVA y Sociedades. Sin embargo, la subida de los impuestos a las gasolinas puede ser la baza que se juegue el Gobierno en caso de que las cuentas no acaben de cuadrar el año que viene y la ejecución presupuestaria no se ajuste a lo previsto.

Matriculación y circulación, otra vez postergados

Los impuestos relacionados con el sector del automóvil -el Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Impuesto de Matriculación) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (Impuesto de Circulación).- han quedado de nuevo al margen de los planes del Gobierno. Ya sucedió en la gran reforma fiscal presentada en verano de 2014. En aquella ocasión, el temor a invadir competencias autonómicas o municipales retrasó la revisión de estos tributos, una histórica reclamación de las principales asociaciones del sector del automóvil.

El Gobierno lleva mucho tiempo lanzando la idea de que tanto el Impuesto de Matriculación como el de Circulación han de adecuarse a criterios medioambientales. Un argumento que cobra más peso si cabe a medida que los objetivos de reducción de emisiones contaminantes se vuelven más ambiciosos. En el caso de estos impuestos, no se trataría tanto de recaudar más, sino de hacer recaer su peso sobre los que más contaminan.

En realidad, ya así es en el caso del Impuesto de Matriculación, que grava con diferentes porcentajes el precio del coche comprado en función de sus emisiones a la atmósfera de partículas de CO2: un 4,75% para los que lancen entre 120 y 160 gramos por kilómetro; un 9,75% en el caso de los vehículos que emitan entre 160 y 200 gramos; y el 14,75% para los que superen ese límite. Los que estén por debajo de los 120 gramos no tienen que pagar el impuesto. Como quiera que los coches fabricados son cada vez más eficientes y menos contaminantes, el porcentaje de vehículos libres del Impuesto de Matriculación no ha hecho sino crecer en los últimos años, y ya supera el 80%.

En el caso del Impuesto de Circulación, hablamos de un tributo que los ayuntamientos cobran todos los años a los propietarios de vehículos de tracción mecánica. Los baremos se establecen en función de la potencia fiscal de los vehículos (caballos fiscales). Así, pueden pagar lo mismo un coche de 20 años de antigüedad y otro nuevo, siempre que tengan los mismos caballos fiscales, pese a que el último con casi toda seguridad contaminará menos. La cuantía del impuesto la fija cada municipio (hay diferencias abismales entre distintas localidades).