La economía española no está en funciones… por ahora
La inercia y los vientos de cola mantienen la buena marcha de los principales indicadores económicos, pero la perspectiva de unas terceras elecciones acabará por pasar factura más pronto que tarde y de múltiples maneras
Jorge Murcia
Viernes, 2 de septiembre 2016, 12:27
El Gobierno español lleva más de ocho meses en funciones, pero la percepción general del ciudadano medio es que así tampoco se está tan mal. Porque, suele argumentar, el mundo sigue girando. Y con él, la economía de un país que poco a poco parece dejar atrás los oscuros años de la crisis. El de la buena marcha de algunos de los principales indicadores macroeconómicos que sirven para medir la salud de una economía -PIB, paro, prima de riesgo, financiación en los mercados- es el principal argumento que el Gobierno esgrime para defender su gestión. Pero al mismo tiempo avisa de que las vacas gordas algún día dejarán de estarlo. «La recuperación se podría torcer» si no se forma ya un Ejecutivo, avisó el pasado martes el presidente en funciones y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy.
En estos casi nueve meses de semivacío institucional, la economía española ha transcurrido con el piloto automático puesto, empujada por la inercia que generan los vientos de cola que por ahora soplan en este mundo global: tipos de interés bajos, el paraguas protector del Banco Central Europeo (BCE), la inflación en cifras cercanas a cero, o el todavía barato petróleo. Pero «todo tiene un límite y esto puede cambiar», recordaba Rajoy. El político gallego sólo se hacía eco de los múltiples avisos que «desde dentro y fuera de España» y procedentes de los más diversos ámbitos de la economía -empresarios, inversores, organizaciones internacionales, centros de estudio, etc...- llegan para que se forme cuanto antes un Gobierno que mantenga firme el rumbo de la nave.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, viene advirtiendo sobre los riesgos de «desaceleración» de la economía española, que ha encadenado doce trimestres seguidos de crecimiento. Entre abril y junio de este año, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 0,8% intertrimestral, aupado por la inversión y las exportaciones. La buena marcha de la economía podría haber sido incluso mejor si el gasto público no hubiese caído el 1,6%.
Buena parte de culpa de este retroceso lo tiene la contratación de obra pública, claro ejemplo de cómo la interinidad de un Gobierno puede afectar al transcurrir de la actividad económica. Las adjudicaciones concedidas por el Ministerio de Fomento y sus organismo autónomos durante el primer semestre del año cayeron un 18,8% respecto al mismo periodo de 2015. Las contrataciones supusieron un importe de sólo 657 millones de euros, según Fomento. Un auténtico mazazo para un sector lastrado por años de recorte en la inversión. El segmento más damnificado por el parón en las contrataciones fue el relacionado con las vías férreas.
Ralentización del crecimiento del PIB
El problema es que, pese a que el Gobierno elevó la previsión de crecimiento para este año desde el 2,7% al 2,9%, reconoce que en 2017 puede caer por debajo del 2,5%. «Diversos estudios apuntan a que la incertidumbre política acabará afectando a la economía con una ralentización del PIB de entre el 0,4% y el 0,7%. Hablamos aproximadamente de entre 40.000 y 50.000 millones de euros. Cuando no hay Gobierno, las cosas pueden ir bien por la coyuntura. Pero se podría crecer más, hasta un 0,5%», considera Massimo Cermelli, doctor en economía y dirección de empresas por la Universidad de Deusto. Una desaceleración del crecimiento económico supondría poner en serio riesgo los compromisos adquiridos con Bruselas en materia de déficit público, el gran talón de Aquiles de la economía española junto a la deuda y el paro.
El pasado mes de julio, y sobre la bocina, España ya se libró de una multa por incumplimiento de las reglas fiscales. Para este año, el objetivo de déficit queda fijado en el 4,6% (la Autoridad Independiente Fiscal, la Airef, calcula que este ejercicio acabará con un desfase de entre el 4,1% y el 4,7%), pero en 2017 Bruselas obliga a rebajarlo a un 3,1%. Y si el crecimiento económico se estanca, también lo harán los ingresos. Además, España se verá obligada a incluir en sus próximos presupuestos un recorte estructural de 5.000 millones. Y otros 5.000 adicionales para el año siguiente.
El problema es que sin un gobierno conformado será imposible aprobar unos nuevos presupuestos -se prorrogarían los de 2016- ni acometer las reformas estructurales que se necesitan para que España no sólo pueda ajustarse al mandato comunitario, sino también corregir los desequilibrios de su economía. Por ejemplo, el de la deuda pública, que no para de engordar. En el mes de junio, el pasivo del total de las administraciones públicas aumentó en 18.549 millones, el mayor incremento registrado en dos años y medio. Así, la deuda alcanzó la cifra récord de los 1,10 billones de euros: si los españoles tuvieran que pagarla a escote, tocaría a 23.812 euros por individuo. El avance registrado en junio eleva la deuda total al 100,9% del PIB, cifra bastante por encima del 99,14% fijado en el plan de estabilidad.
La deuda pública y el paraguas del BCE
En condiciones normales, los mercados habrían castigado sin piedad esta serie de desequilibrios en las finanzas públicas. Sin embargo el BCE, con su política de bajos tipos de interés, inyecciones de liquidez en los bancos y compra de deuda corporativa, ha creado un clima de estabilidad en los mercados que favorece al países como España. Sólo así se explica que el Tesoro haya logrado colocar emisiones de bonos y obligaciones a tipos negativos: los de vencimiento a tres años, con una tasa de interés marginal del -0,337%.
Cada subasta de deuda pública ha profundizado en esa tendencia a lo largo del año: el 39,4% de la nueva emitida hasta julio ha cotizado a tipos negativos. Además, el bono español a 10 años ha llegado a intercambiarse en el mercado secundario a intereses inferiores al 1% (en julio de 2012, cuando España se asomaba al abismo del rescate, se pagaba casi al 8%). Pero, como recordaba recientemente Luis de Guindos, «la inercia no puede durar siempre».
«Si no hay unos nuevos presupuestos, será difícil avanzar en la reducción del déficit y deuda pública: no se podrá, por ejemplo, acometer un recorte del gasto público. Será una situación beneficiosa para el ciudadano, pero no para cumplir los objetivos de déficit. Y en el lado de los ingresos, sin un gobierno estable tampoco se pueden realizar las reformas fiscales necesarias para elevarlos. Y ahí sí que España puede tener un verdadero problema de cara a los inversores: que se le vea como un país que no es capaz de cumplir», analiza Jesús Ferreiro, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV.
El mercado de trabajo
Aunque sea a costa del incremento de la precariedad, en 2016 se está consolidando la recuperación del mercado laboral. El fuerte empuje del turismo y su incidencia en la creación de puestos de trabajo ha retraído la cifra total de parados hasta los 3,697 millones, según los datos publicados el viernes por el Ministerio de Empleo. Las cifras de los últimos meses tienen un marcado componente estacional relacionado con la época de vacaciones, porque muchas empresas de otros sectores de la actividad económica son reacias a contratar personal mientras no se defina la situación política, según un reciente informe de la consultora Hays. «Además, hay que tener en cuenta que la desaceleración del PIB, o el hecho de que no crezca como debiera en condiciones políticas normales hace perder casi 200.000 empleos», añade Massimo Cermelli.
La falta de Gobierno hará retrasar la aplicación de nuevas reformas que, a decir de muchos agentes económicos, necesita el mercado laboral. Y también el sistema de la Seguridad Social, al borde del colapso por la creciente factura de las pensiones y los magros ingresos por cotizaciones sociales. A finales del pasado mes de julio, el Gobierno dispuso de otros 1.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada 'hucha' de las pensiones, que ha visto reducido su patrimonio a 25.604 millones (el 2,37% del PIB). Ocurrió sólo tres semanas después de que el Ejecutivo sacara otros 8.700 millones para abonar la extra de verano de los pensionistas. Si los pagos siguen al mismo ritmo, el aproximadamente año y medio en la 'hucha' de las pensiones sólo quedarán telarañas.