Eibar
La Justicia avala al Ayuntamiento de Eibar en su litigio con la UTE de Errebal Plazia
El largo proceso judicial entre el Ayuntamiento de Eibar y la UTE Edificio Errebal, responsable de las obras del complejo Errebal Plazia, ha llegado ... a su fin con una sentencia favorable para el Consistorio eibarrés. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado que la empresa deberá abonar 106.496 euros al Ayuntamiento en concepto de penalización por un retraso de 20 días en la finalización de las obras.
Este pronunciamiento judicial viene a cerrar un conflicto legal que se arrastraba desde la conclusión del proyecto, y que tuvo dos ejes principales: la cuantía de la certificación final de obra y la penalización por los retrasos en la entrega.
Desde un inicio, el Ayuntamiento defendió que el importe a pagar era considerablemente inferior al que reclamaba la empresa, y que debía exigirse una compensación por no haber cumplido los plazos contractuales. En una primera sentencia dictada en marzo de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia–San Sebastián, ya se dio la razón parcialmente al Consistorio.
El tribunal fijó en 501.008,72 euros la cantidad final que el Ayuntamiento debía abonar a la UTE, lo que suponía un aumento de 37.627,99 euros respecto a la cantidad inicialmente propuesta por el Consistorio. La UTE reclamaba que ese aumento debía ser de 159.407,14 euros. Asimismo, esa sentencia reconocía que la constructora incurrió en un retraso de 37 días, imponiéndole una penalización de 197.017,80 euros a abonar al Ayuntamiento. Sin embargo, esta parte fue recurrida por la UTE, que argumentaba que el retraso había sido menor.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha estimado parcialmente el recurso, reduciendo a 20 días el retraso y ajustando la penalización a 106.496 euros.
«Estamos satisfechos»
El alcalde Jon Iraola ha valorado positivamente el resultado del proceso judicial, destacando que «la Justicia ha venido a avalar esencialmente las posturas del Ayuntamiento». Iraola ha subrayado que desde el principio existía una firme convicción de que no correspondía abonar el total exigido por la UTE, y que además era justo reclamar una compensación por el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. «Estamos satisfechos con la resolución. Más allá de los números, lo importante es que el procedimiento se ha cerrado con un resultado que respalda el trabajo técnico y político que hemos realizado desde el Ayuntamiento. Hemos defendido los intereses de la ciudad y hemos actuado con responsabilidad», defiende.
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