Zumarraga

PNV y EH Bildu califican los hechos de graves y el PSE defiende la línea de defensa seguida

En el turno de intervenciones, el portavoz del PNV, Josu Idigoras, solicitó una comisión para aclarar los hechos y depurar responsabilidades si las hubiera. «Nuestro voto afirmativo a la modificación de créditos no significa que avalemos el proceder del Ayuntamiento en tanto en cuanto no se aclaren estos claroscuros que vemos en toda la actuación del Ayuntamiento desde 2005, cuando se firmó ese convenio por parte de Antón Arbulu, quien, parece ser, actuó de motu propio. Los hechos nos parecen muy graves y requieren una respuesta clara y transparente en una comisión. Después, si se da el caso, se deberían depurar las responsabilidades, tanto políticas, como otras si las hubiera», señaló el representante jeltzale. «Si nos remontamos a 2005, el actual alcalde era teniente de alcalde y los técnicos que tenían responsabilidades entonces siguen siendo los de ahora, creemos que ello facilitará aclarar las cosas en la comisión correspondiente», añadió.

Desde EH Bildu, Aritz Elgarresta calificó de «terrible error e irresponsabilidad política» la estrategia de defensa seguida por el Ayuntamiento en este caso. «No hemos tenido constancia de todo este procedimiento hasta la semana pasada. La sentencia es del 2 de marzo de 2023 y el 2 de mayo se desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, siendo la sentencia firme. Teniendo como teníais toda esta información antes de las elecciones municipales, lo habéis ocultado con nocturnidad y alevosía. Es un escándalo que un hecho de tal gravedad haya sido ocultado a los representantes municipales», interpeló al equipo de gobierno. «Ante un convenio que se consideraba que había sido desarrollado de manera irregular, en lugar de impugnarlo, se decide actuar como si no existiera. Nos parece un error garrafal y una terrible irresponsabilidad política, que nos va a costar a todas y todos los zumarragarras más de 400.000 euros al tener que sumar a los 322.413 euros los intereses correspondientes desde junio del 2012, más las costas del proceso», expuso.

«Queremos denunciar las maneras de hacer de todos los gobiernos municipales que han regido este municipio desde 2003 y no nos vale que descarguéis responsabilidades en terceros, cuando tú mismo, Mikel, eras teniente alcalde en esa época y habiendo gobernado el PSE ininterrumpidamente desde entonces. No es creíble que no supierais nada. Y si nadie sabía nada, ni técnicos, ni políticos, sería en sí mismo ya un escándalo», calificó.

«Sobre la defensa jurídica llevada a cabo, no tengo ninguna duda de que todos los trabajadores de este Ayuntamiento han obrado en defensa de los intereses de Zumarraga», manifestó el alcalde, Mikel Serrano. «Sobre responsabilidades políticas que se puedan emanar, creo que habéis querido dejar pasar de manera intencionada que estamos aquí por una decisión y una acción tomadas por el anterior alcalde, Antón Arbulu, sin haber sido mandatado por este Ayuntamiento. No hay constancia de dicho convenio en este Ayuntamiento y no hay documentación alguna que hubiera dado potestad al alcalde de entonces para que, en representación del Ayuntamiento, firmara ese convenio. Algo que constata el certificado firmado por la secretaría y la intervención municipal», señaló. «Y públicamente digo que yo no tenía constancia de lo que firmó Antón Arbulu. Nada tiene ni mi visto bueno, ni mi firma», añadió. «Creo que responde a modos y formas de hacer de otra generación, que 18 años después va a tener una consecuencia económica importante. Hoy en día no pasa y desde luego, desde que soy alcalde no ocurre», apuntó, enumerando las auditorías internas y externas, el código ético, la comisión ética...

«Hemos defendido los intereses de Zumarraga con una línea de defensa avalada y asesorada por los técnicos municipales. Hemos peleado por ello y hemos vivido una situación muy dura que había que afrontar», manifestó Rosa Maiza.