Vivienda ultima para junio el decreto que grava con un canon los pisos vacíos

El consejero Iñaki Arriola recordó ayer que esta será una nueva herramienta de su departamento para reducir el volumen de pisos deshabitados existente, que ayer cifró en 15.149 en toda la comunidad autónoma, menos que los 20.840 que en 2018 se detectaron como susceptibles de ser objeto del canon. Tras un largo periplo de contraste jurídico e institucional con los ayuntamientos, el decreto regulará las sanciones a imponer a propietarios que mantengan cerradas sin justificación viviendas durante más de dos años, el plazo mínimo estipulado para catalogarlas como deshabitadas. La principal medida que puede afectar a los dueños de inmuebles es el canon anual, de 10 euros por metro cuadrado útil -hasta un máximo de 30 euros/m2, a pisos que se mantengan desocupados sin una causa razonada. Es decir, que no haya motivos «de traslados laborales, de salud, dependencia o emergencia social», no esté en proceso de alquiler o venta en el mercado libre o su titular no sea una entidad sin ánimo de lucro que la destina «a determinados colectivos».

Durante el proceso, los titulares de la vivienda, sean personas físicas o jurídicas, podrán presentar sus alegaciones. «Será una actuación garantista», defendió en su día Arriola, quien ayer recordó que este instrumento recogido en la Ley de Vivienda se añadirá a otros ya implementados por su Departamento para cumplir «con la función social» de las viviendas, garantizadas por ley para todos los ciudadanos.

Esta máxima recogida en la norma de 2015, donde se reconoció el derecho subjetivo a la vivienda, es la justificación a este gravamen que pondrá el foco especialmente en lugares con alta demanda de vivienda, sobre todo, en las capitales vascas. El canon anual se aplicará si, tras audiencia con los propietarios, estos rechazan movilizar su piso para el alquiler. Una de las opciones será cederlo a los programas públicos de alquiler, como Bizigune, que el departamento de Arriola promociona para incrementar el parque destinado a las personas en situación más vulnerable.

La segunda medida, más severa, que contempla el decreto es el «alquiler forzoso», sobre todo en municipios o barrios «con acreditada demanda y necesidad» de alojamiento. Y como medida más extrema, se plantea la «expropiación forzosa» del inmueble.

El Tribunal Constitucional avaló en 2018 los artículos de la ley que permitían implementar medidas de «intervención» de la Administración para preservar la función social de la vivienda. Su resolución respondía a un recurso planteado por el Gobierno del PP contra 13 artículos y una disposición adicional de la norma vasca.

En el último informe de 2018 sobre casas deshabitadas de Euskadi, había 69.231 pisos cerrados desde hace más de seis meses. De ellos, en la mitad de casos, 34.466 no había razón justificada (11.610 en Gipuzkoa). Y 20.840 viviendas ya llevaban más de dos años sin usar.