Los 17 vertederos de Euskadi

La normativa existente en Euskadi establece que los vertederos no urbanos (los que acumulan despojos de la actividad industrial o de la construcción) deben ser catalogados en función del riesgo que puedan entrañar los materiales allí contenidos. El primer escalón son los de inertes. Hay 5 destinados exclusivamente a esta labor. Se trata de lo que popularmente se conocía como escombreras. Allí se echan de forma legal y programada residuos que no contienen ninguna materia orgánica. De esta forma, no hay procesos de descomposición. No se generan lixiviados (restos líquidos) ni gases inflamables. Por este motivo son los que tienen unas medidas de control menos estrictas. Muchos de los residuos susceptibles de ir a estas instalaciones también pueden ser desviados a usos de relleno en obras públicas, como nuevas carreteras o el Puerto de Bilbao, cuya ampliación ha requerido de decenas de miles de toneladas de tierras, áridos y roca.

El siguiente paso nos lleva a los vertederos de residuos no peligrosos. Son 11 y habrá uno más en breve, ya que está prevista la apertura de otro en Abanto (en la ampliación de un antiguo depósito de inertes ya colmatado). Estas instalaciones ya están sujetas a un mayor seguimiento tanto de sus estructuras como de los desechos que allí se depositan y las escorrentías que puedan generar. En principio, aquí no se admiten residuos que supongan un riesgo para la salud o para el medio ambiente, aunque es cierto que se depositan materiales potencialmente nocivos, como fibrocemento (contiene amianto) u otros residuos que han sido previamente tratados (inertizados). Por último están los vertederos de residuos peligrosos, que no hay ahora mismo ninguno en Euskadi, según recalcó el jueves Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente. Las instalaciones que contienen un elemento más dañino en Euskadi son las celdas de seguridad de lindane, ubicadas en Barakaldo y el aeropuerto de Loiu. Allí están confinados unos 550.000 metros cúbicos de este material cancerígeno y altamente pernicioso. Están selladas (no admiten más cantidad de residuos) y ambas cuentan con un sistema propio de vigilancia y seguimiento, realizado por una empresa especializada contratada por Ihobe (entidad dependiente del Gobierno vasco)

Una de las grandes preguntas de lo sucedido en Zaldibar es por qué había amianto (unas 4.200 toneladas) en un vertedero de despojos no peligrosos. El Gobierno Vasco aclara que se puede depositar este material en estado de aglomerado (si la pieza no está deteriorada se supone que las fibras, que son tóxicas por inhalación, no saldrían al aire) en nueve vertederos: Gardelegi, Igorre, Lemoa, Mallabia, San Sebastián, Zalla, Larrabetzu, Mutiloa (está a punto de cerrar por saturación) y Zaldibar (ahora mismo inutilizado por el desastre acaecido), siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos en su manipulación, depósito y vigilancia.

«Más importante que la tipología del residuo es su estado», apuntan desde el Ejecutivo autonómico. «Un ejemplo, los metales son tóxicos por inhalación si se han reducido a polvo. Sin embargo, se pueden compactar y ya no suponen un peligro». El problema en Zaldibar es que el agua, el movimiento y la temperatura derivada de los incendios que han permanecido varios días activos han alterado la composición de muchas toneladas de residuos, pasando a considerarse peligrosos. Pero, en principio, los vertederos de no peligrosos, pese a contar con materiales potencialmente nocivos, no contienen residuos catalogados por la legislación europea como de riesgo.

El control de los vertederos y lo que se deposita en ellos es competencia directa del Gobierno Vasco. La Administración autonómica cuenta con 8 inspectores para supervisar 17 vertederos y otras 380 industrias y actividades susceptibles de generar contaminación en Euskadi. La ley establece que los controles que llevan a cabo estos funcionarios tendrán una frecuencia de entre 1 y 3 años, de acuerdo con la peligrosidad de la empresa. En Zaldibar hubo 3 controles en 5 años. También se orienta esta política fiscalizadora, según la normativa europea, en base a una matriz de riesgo. Es decir, aquellas factorías o vertederos que se considera que están más lejos de cumplir las condiciones óptimas de funcionamiento, tendrán que pasar exámenes con una periodicidad mayor. En 2018, se llevaron a cabo un total de 122 visitas para las casi 400 autorizaciones ambientales integradas existentes. Los funcionarios están reclamando más medios humanos para llevar a cabo una labor más precisa.

Los inspectores supervisan sobre todo, el vertido de aguas, la calidad del aire, el tipo de residuo depositado y si se cumplen las medidas preventivas previstas. ¿Qué pasa si se detectan irregularidades? Se abre un proceso para requerir a la empresa que corrija las deficiencias (el expediente abierto a Verter Recycling en junio estaba en esa fase). Si no lo hace, se procede a sancionar a la compañía responsable y, si fuera preciso, se prevé también la clausura de la actividad.

Además de los controles de los funcionarios, Medio Ambiente cuenta con diversas herramientas para comprobar que se cumple la normativa en los vertidos y en el movimiento de residuos. La más importante es el sistema IKS-eeM. Se trata de un programa informático que le permite a la Administración conocer en todo momento el origen y destino de los residuos (trazabilidad). El productor del desecho tiene que informar de manera telemática tanto de la cantidad como del tipo de residuo entregado. Posteriormente, el vertedero debe hacer una declaración en idénticos términos. Los inspectores comprueban después que tanto las cantidades como la naturaleza declarada concuerda. Para ello, además, hay que mandar un análisis del contenido de los camiones. Un examen que realiza una empresa normalmente contratada por el productor del residuo.