13 años y medio de prisión para el exentrenador de baloncesto femenino del Gernika por agresión sexual continuada a una jugadora menor

El tribunal considera probado que en ese periodo el procesado mantuvo en torno «a cincuenta encuentros» con la menor en los que llevó a cabo «múltiples conductas de naturaleza sexual» que fueron «adquiriendo creciente relevancia en cuanto a frecuencia e intensidad».

En una sentencia notificada hoy a las partes, la Audiencia vizcaína concluye que el procesado actuó valiéndose del conocimiento que tenía de la situación personal y familiar de la menor, «ejerciendo la posición de poder que le confería la diferencia de edad», así como su condición de entrenador y el «temor» que ella sentía hacía él.

También destaca que la menor participó de esos encuentros «sin prestar ningún tipo de consentimiento, con su voluntad doblegada por el dominio ejercicio por el procesado con apoyo en todas estas circunstancias» citadas.

Para llegar a esa conclusión, el tribunal tiene en cuenta el testimonio prestado por la denunciante que, asegura, «parece revestido de una indudable consistencia intrínseca por la lógica y la coherencia en las explicaciones, por los detalles ofrecidos (…) y por la descripción del contexto en el que se produjeron», sin que se aprecien «lagunas, puntos oscuros ni contradicciones relevantes».

Además, incide en la existencia de corroboraciones periféricas de ese relato entre las que señala el informe elaborado por la Unidad Forense de Valoración Integral y las declaraciones de testigos en la vista oral que confirmaron la situación de desprotección y dependencia de la víctima en esos años y el «temor y el miedo» que sentía hacia la figura de su entrenador.

El tribunal también contrapone el «incólume y coincidente» testimonio de la denunciante en todas sus comparecencias en este procedimiento frente a la «dubitativa e inconsistente actuación» del procesado quien en su primera declaración ante el Juzgado de Instrucción negó cualquier relación sexual y en el juicio oral «admitió besos y tocamientos» y que «todo sucedió con el consentimiento» de ella.

«El reconocimiento por el acusado de que esos encuentros sexuales existieron, con independencia de la discrepancia en su alcance temporal, frecuencia y contenido, se inserta como un elemento más en la valoración de la prueba para dotar de verosimilitud a la declaración» de la denunciante que «constituye la piedra angular en este enjuiciamiento», dice la Audiencia vizcaína.

El tribunal también considera probado que la voluntad de la denunciante fue «quebrada, con violencia e intimidación» y que no hubo espacio «para ningún tipo de consentimiento».

El relato de la mujer, al que la Audiencia de Bizkaia, concede «plena fiabilidad», comprende «de modo inequívoco el ejercicio de la fuerza física por el procesado», añade la Sala, quien también pone el foco en la «pauta de amedrentamiento y sumisión basada en el temor» que este instauró en la relación con las jugadoras a las que entrenaba.

«La consumación de los actos atentatorios contra la libertad sexual se explica, pues, por ese contexto de miedo y sometimiento que impide apreciar cualquier tipo de consentimiento, ni aun viciado, lo cual nos lleva a la figura de la agresión sexual, además de con violencia, con intimidación», dice el tribunal, quien añade que el procesado «se aprovechó de la notable diferencia de edad, dieciocho años, y de la situación de desprotección familiar en la que se encontraba la víctima» para llevar a cabo los hechos.

Por todo ello le condena como autor de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal y con la agravación de víctima especialmente vulnerable y además de la pena de 13 años y 6 meses de prisión también fija una inhabilitación para ejercer de entrenador de baloncesto de menores durante el tiempo de la condena.

El tribunal impone asimismo la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de la víctima por un plazo de cinco años a contar desde que el acusado comience a disfrutar de permisos carcelarios o de libertad condicional, o se produzca la salida de la prisión por cualquier otra causa.

El procesado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad total de 80.000 euros por el daño causado.

En su resolución el tribunal también hace referencia al eco mediático de este juicio y recuerda que «ninguna persona ni grupo social puede arrogarse la potestad de administrar justicia a su antojo».

«A pesar de que pueda prevalecer el legítimo y expresado deseo de mostrar apoyo a quien en el presente procedimiento se muestra como víctima y a otras muchas en delitos de la naturaleza del enjuiciado, no podemos -dice la Audiencia de Bizkaia- compartir afirmaciones tales como que ´no esperamos nada de la sentencia´, ´este sistema judicial no protege a las víctimas´, ´lo que se le pide a la víctima que tiene que demostrar es un imposible´, ´se pone el foco en la necesidad de demostrar de una niña´ o ´no necesitamos penas, sino garantías´».

«No se puede llegar a ese grado de distanciamiento y de desafección, no ya con la institución judicial sino, de manera más amplia, con el conjunto de operadores jurídicos que intervienen en el proceso» y donde «en ningún momento se exige a ninguna víctima demostrar nada. Se escucha su relato y se decide (…) si, en unión del resto de elementos de prueba, existe un fundamento suficiente para el vencimiento del derecho a la presunción de inocencia, y, en consecuencia, si pueden darse por acreditados hechos merecedores de reproche penal», resume el tribunal.

Esta sentencia no es firme y cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.