El TSJPV falla que la orden de reutilizar EPIs puso en riesgo a los sanitarios durante la epidemia del coronavirus

En la sentencia, el Superior vasco se muestra comprensivo con la labor realizada por el Servicio Vasco de Salud a la hora de provisionarse y surtir de material de protección a sus profesionales durante el periodo de mayor escasez de materiales, «entre la segunda quincena de marzo y principios de abril». Un «periodo de carencias» en el que «existieron problemas de abastecimiento» pero que no se debieron «a una gestión insuficiente o antijurídica» por parte de Osakidetza, que tal y como se apunta en el fallo, desde el 24 de enero había puesto en marcha procedimientos de compra de material.

Sea como fuere, y pese a que la escasez de materiales fue «global», la sentencia pone de manifiesto que se dieron unas circunstancias e instrucciones que Osakidetza calificó tras conocer la sentencia como «puntuales» pero que pusieron en riesgo la salud de los sanitarios.

El fallo apunta que «no puede ser ignorado (habiendo quedado igualmente demostrado) que en relación a las mascarillas y a las batas se dieron por Osakidetza instrucciones de uso, reutilización y lavado que, aunque condicionadas por la disponibilidad y por las medidas señaladas por el Ministerio de Sanidad y la OMS con carácter excepcional ante situaciones de escasez, se separaron de las indicaciones sanitarias». En concreto, las pautas que dio Osakidetza para reutilizar y limpiar ese material que «dejaron de lado las recomendaciones de uso señaladas por los fabricantes» en las que se que advertía del «riesgo potencial de infecciones para el paciente y para el usuario que conllevaba su reutilización o uso inadecuado».

Además, el tribunal destaca «los requerimientos de cumplimiento inmediato y continuo realizados por la Inspección de Trabajo a los hospitales vizcaínos de reposición de EPIs cuando resulte necesario para cumplir con las instrucciones sobre su uso», «evitando su reutilización cuando no esté contemplado más allá de una única vez, porque ello pondría al trabajador en una situación de riesgo al estar portando un equipo que podría estar contaminado».

La sentencia también apunta que ha quedado probado que hubo carencias de EPIs en algunos centros -también vizcaínos- a comienzos del mes de marzo.

Con todo ello, el TSJPV entiende que, «sin que proceda declarar la existencia de la vulneración de ningún derecho fundamental», y «partiendo de que la exposición en el trabajo al Covid-19 merece la calificación de riesgo laboral grave e inminente por ser probable racionalmente que sus efectos se materialicen en un futuro y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, aunque no se manifieste de forma inmediata (art. 4.4 LPRL)», los trabajadores «tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud».

El TSJPV estima así parcialmente la demanda de ESK y condena a Osakidetza «a tomar las medidas oportunas para la protección del personal a su servicio», pero no accede a la petición de indemnización, que se elevaba por encima de los 100.000 euros, solicitada por el propio sindicato. Por esa razón, el Departamento vasco de Salud, valoró de forma «positiva» la sentencia, ya que considera que «la circunstancia de la escasez de material fue puntual y limitada en el tiempo» y la gestión realizada por Osakidetza «no fue insuficiente». Salud reiteró que «la prevención y protección de sus trabajadores y trabajadoras, que ha sido, es y seguirá siendo una de las prioridades absolutas».

Por su parte, desde ESK se exigió que tanto la dirección de Osakidetza, como la consejera de Salud, Nekane Murga, «asuman sus responsabilidades y presenten su dimisión por la nefasta gestión de estos tensos meses, que ha puesto en peligro la salud tanto del personal de Osakidetza, como de la ciudadanía a la que asisten».