Euskadi recibe un aluvión de consultas en vísperas de la entrada en vigor de la ley de eutanasia
«Aunque llega muy tarde, esta norma es un gran paso», valora Arantza Garaialde, miembro de la asociación Derecho a morir dignamente
La regulación del final de la vida llega tarde para algunos, pero a quienes planean su muerte cuando se vive un sufrimiento insoportable, grave y ... crónico, la entrada en vigor mañana de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) ha supuesto «un gran paso. Después de veinte años de reivindicación, la eutanasia pasar a ser un derecho civil y el sistema sanitario lo va a incorporar como una prestación más dentro del ámbito sanitario. Es cierto que llega muy tarde y que hubiésemos querido otra cosa, que no hiciera falta tanto padecimiento y sufrimiento para solicitarla pero es una puerta que se abre», valora Arantza Garaialde, miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD-DHE).
En esta asociación, que ha encarnado la lucha por la muerte digna en Euskadi, se han disparado estos días las llamadas de sus miembros, -un total de 410- y también de ciudadanos ajenos a esta asociación con multitud de consultas al respecto.
«Estamos con el teléfono a tope. Preguntan a ver cómo funciona, qué pasos hay que dar, qué es lo de la Comisión de garantía y evaluación, cuánto tiempo tardaría en obtenerse la prestación... Y ya sabemos de un par de casos que han hablado con su médico y tienen intención de presentar el documento a partir de mañana», comenta Garaialde.
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Este martes mismo ofreció una charla en Donostia con motivo de la inminente entrada en vigor de esta norma, a la que acudieron medio centenar de personas. «La gente no para de preguntar, por los testamentos vitales, que por cierto solo el 1,4% de los vascos lo tienen hecho, por las posibilidades que hay ahora, etc. Hay mucha gente inquieta con el tema», observa.
«Tampoco es que ahora todo el mundo muera de eutanasia. Si nos fijamos en los antecedentes de Holanda, con una gran experiencia -país pionero junto con Bélgica en legalizar esta práctica hace 20 años-, las últimas cifras dicen que el solo 4% de las muertes al año son por este motivo. Es lo predecible en Euskadi». Según las previsiones de esta asociación, calculan que las peticiones anuales «rondarán las 120. Estamos a la expectativa, cuántas se presentarán, cuántas se rechazarán, etc».
Sea como fuere, después de dos décadas detrás de esta ley y varios intentos fallidos, el derecho a poner fin a la propia vida con asistencia médica se podrá ejercer desde mañana en Euskadi. Aunque por delante queda abundante papeleo por gestionar, «las familias que han perdido a gente por el camino están con la gran alegría de ver esto». Garaialde pone de ejemplo a países como Bélgica «que muestran que las cosas se pueden hacer muy bien y con todas las garantías. Lo que más duele es todos los que sufrieron por el camino y que tenían las ideas muy claras». A este país europeo «iba muchísima gente de las zonas fronterizas. La gente se ha intentado buscar la vida como podía. Y eso es triste».
Garaialde explica que «la gran mayoría de estas personas no quieren morir, pero no quieren vivir así. En nuestra asociación no conocemos a nadie que diga 'qué asco de vida'. Ellos están muy a gusto con la vida, pero llega un momento que 'hasta aquí'. Y para eso no tengo que tirarme del sexto piso o a las vías del tren, que es lo que han hecho muchos. Es terrible. En vez de estar acompañado de los seres que ellos hubieran querido, pudiendo despedirse y hacerlo con enorme dignidad y seguridad». En este sentido, Garaialde opina que «esta es una ley de lo más garantista, algo que entendemos, porque son decisiones muy serias, pero hay que pasar por dos médicos obligatoriamente y después por la Comisión de garantía, formada en Euskadi por 25 personas, algo que nos ha llamado la atención cuando el mínimo que marca la ley son siete y en otros países basta con pasar por dos médicos».
Aunque no entra a valorar los nombramientos, confía en que «van a actuar con la mayor profesionalidad». Otra de las pegas que encuentra a la nueva ley es que «es un poco restrictiva en cuanto a la demostración del sufrimiento y el padecimiento» de la persona que solicita la eutanasia.
Religiosos sanitarios aseguran que la norma «es una acción homicida»
La Orden de Religiosos Camilos en España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la Conferencia Española de Religiosos y la Federación Nacional LARES, declaran no estar dispuestos a aplicar la Ley de eutanasia «a nadie» porque lo consideran una acción «homicida».
«Acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie. Facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana», subrayan los religiosos en el texto. El manifiesto conjunto fue presentado ayer en un acto presencial desde el Centro San Camilo de Tres Cantos.
Frente a la eutanasia, los religiosos sanitarios proponen «ayudar de un modo proactivo, efectivo y comprometido a los enfermos a afrontar el impacto que la enfermedad incurable o la discapacidad insuperable». Para ello, subrayan que en el final de la vida o ante enfermedades incurables, «se debe prestar gran atención al respeto de la voluntad del paciente, al respeto a la vida del paciente y al acompañamiento al final de la existencia, a través de programas como los cuidados paliativos o similares».
Asimismo, estos religiosos temen que la ley de la eutanasia «desmotive a personas que necesitan cuidados para vivir dignamente y con sentido. Tememos una cultura del descarte en torno al sufrimiento», añaden.
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