Euskadi encarga un informe jurídico sobre el efecto del estado de alarma en Madrid

En previsión de que la tormenta de la capital española pueda llegar en forma de brisa ligera a Euskadi, el lehendakari Iñigo Urkullu ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Gobierno Vasco para saber con exactitud «las consecuencias de esta situación y los efectos que las medidas adoptadas pueden tener» tanto en la Comunidad de Madrid como en otras autonomías.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, remarcó ayer que desde el inicio de la pandemia, la relación entre el Departamento de Salud y el Ministerio de Sanidad «ha sido constante», y advirtió de que en el escenario de incertidumbre actual, además de estar en juego la salud de los ciudadanos, lo está también «su confianza» en las instituciones a la hora de gestionar la crisis sanitaria. «Es necesario que los ciudadanos se sientan seguros y confíen en las decisiones que las diferentes instituciones van adoptando. Por eso es importante el entendimiento y el acuerdo», insistió.

El representante jeltzale compareció ayer tras conocer la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar un nuevo estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid para evitar el éxodo masivo hacia otras zonas del Estado durante el puente de El Pilar. Zupiria llamó a la «colaboración, al entendimiento y al acuerdo» entre las instituciones, al tiempo que puso en valor que ya a mediados de agosto, Euskadi declaró el estado de emergencia sanitaria y constituyó un órgano de coordinación interinstitucional, LABI, en el que participa el propio Urkullu, el delegado del Gobierno central en Euskadi, los tres diputados generales, Eudel y representantes de los ayuntamientos de las tres capitales vascas «para coordinar y discutir las decisiones que se van a adoptar».

Intentar evitar el despropósito vivido en Madrid, donde ayer se puso punto y final a más de un mes de desencuentros y enfrentamientos institucionales mientras la comunidad se convertía en el territorio de Europa con mayor incidencia del coronavirus -563,86 casos por cada 100.000 habitantes-. El Gobierno central, 110 días después del fin del estado de alarma que sirvió para confinar a España, recurrió de nuevo a esta herramienta ejecutiva para volver a forzar el aislamiento, al menos durante 15 días, de casi cinco millones de madrileños tras un día de vacío legal, tensiones y muchas dudas en víspera del puente.

Pedro Sánchez cumplió su amenaza a Isabel Díaz Ayuso y, después de ampliar unas horas su ultimátum esperando que la dirigente autonómica cediese a sus exigencias inamovibles, dio luz verde a que a las 12 horas se celebrara el Consejo de Ministros presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo que autorizó, de facto, la intervención de la Sanidad de la región para obligar al confinamiento perimetral de la capital y de ocho de los mayores municipios de la región (Alcalá de Henares, que hasta el martes estaba confinada, se libró in extremis de volver a la lista al haber reducido su incidencia).

La puesta en marcha del estado de alarma estuvo acompañada de la publicación inmediata en el BOE (a las 16.30 horas), que reactivó de manera automática todas y cada una de las restricciones que ya había impuesto a la fuerza la semana pasada el Ministerio de Sanidad y que estuvieron en vigor hasta que el jueves, en una decisión inesperada tanto para el Gobierno regional como para Moncloa, dejó sin efecto el fallo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al entender que no cabía restringir derechos fundamentales con una normativa no orgánica, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional.

La premura en reactivar las restricciones, admitieron desde Moncloa, fue para evitar el éxodo durante el puente festivo. De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó el «inmediato» despliegue de 7.000 policías y guardias civiles para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

Lo cierto es que a pesar de que las prórrogas y los llamamientos hoy de ambas partes a evitar el choque de trenes, la posibilidad del acuerdo nunca estuvo cerca. Como ha venido sucediendo incluso cuando el 21 de septiembre Ayuso y Sánchez se vieron la caras en la Real Casa de Correos, ayer todo fue un diálogo de sordos. Mientras Moncloa advertía hasta la saciedad que lo único que le valía era volver a las restricciones anuladas por el TSJM -bien a través del estado de alarma impuesto o pedido por Madrid, bien a través de una orden de Ayuso haciendo uso de sus competencias en salud pública-, en la sede de la Puerta del Sol insistían en pedir más tiempo para perfilar un programa de confinamientos selectivos basados en las zonas básicas sanitarias como el que ya había puesto en marcha el Ejecutivo autonómico. Se trataba de un plan mucho menos restrictivo que el que exigía Sánchez y que, en la práctica, descartaba por completo el confinamiento perimetral de las diez grandes ciudades, tal y como reclamaba Moncloa, sobre todo con vistas a impedir el éxodo durante el puente.

Durante una mañana de infarto en el enésimo día de nervios, reuniones improvisadas, llamadas, borradores y, sobre todo, muchas dudas, Díaz Ayuso se enrocó y, acompañada de su más cercano grupo de fieles en el Gobierno regional, se encastilló para aguantar el ultimátum del Gobierno central pero también las presiones de sus socios de Ciudadanos, que trataron de mediar, sin éxito, entre ambas partes para salvar a Madrid del estado de alarma.

El único movimiento de Ayuso, ya casi sin tiempo de maniobra, fue pedir una reunión con Moncloa, que el Gobierno interpretó como un ardid más para ganar tiempo, y ni siquiera escucharon la última oferta, que proponía confinamientos en 15 municipios y establecía cuarentenas para 'solo' 1,1 millón de madrileños.