Coronavirus: El plan de rescate deriva en un enfrentamiento entre el Gobierno Vasco y los hosteleros

El primero acusa a los hosteleros de presentar unos cálculos que no se ajustan a la realidad y, por ende, no se plantea llevarlo a efecto, recordando que el sector recibirá este año más de 45 millones de euros en ayudas directas y tiene abierta una línea de financiación de 250 millones de euros a coste cero. Los segundos achacan la respuesta al «desconocimiento del sector» o a la «falta de voluntad política», profundizando en su percepción de que las instituciones les tratan como «un sector de segunda» y advirtiendo de que puede haber nuevas movilizaciones. Una circunstancia asumida por el propio Ejecutivo, que ayer mismo auguró que tendrá «problemas» con la hostelería.

La cuestión llegó ayer al Parlamento Vasco, donde la oposición cargó contra el Ejecutivo de PNV y PSE. EH Bildu consideró que el Gobierno «llega tarde» y con medidas «insuficientes» que no son «más que parches». El PP, por su parte, pidió seguir el modelo alemán, donde también se han cerrado los bares en noviembre y la Administración les compensará con el 75% de la facturación que obtuvieron en noviembre de 2019.

Esta propuesta provocó la anécdota del día. El lehendakari, Iñigo Urkullu, rechazó la idea y se preguntó si «¿estaríamos dispuestos a asumir el pago del 75% de lo facturado?... ¿de lo facturado?», repitió. Una respuesta que fue interpretada por el portavoz de PP-Cs, Carlos Iturgaiz, como una acusación del lehendakari a los hosteleros de «no pagar impuestos», algo que «sería muy grave».

La mecha del desencuentro prendió ayer con las declaraciones a este periódico del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado (PSE), con las que el Gobierno Vasco daba su primera respuesta oficial a la propuesta del sector tras analizarla con detenimiento. El Ejecutivo considera que las cifras que se aportan no se ajustan a la realidad. Desde su punto de vista, incluye actividades que no tienen la actividad suspendida, como alojamientos o catering; actualiza gastos con una fórmula que no comparte; y no tiene en cuenta las ayudas ya recibidas.

La llama se avivó cuando el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu (PNV), apuntó en una entrevista en ETB1 que no era capaz de anticipar si el Gobierno Vasco podría llegar a disponer de esos 187 millones el año que viene para destinarlos a la hostelería, pero que aunque así fuera, esa cantidad es «mucho dinero». Azpiazu recordó que el Ejecutivo autonómico «ya ha atendido algunas demandas» del sector, tanto en forma de subvenciones como de financiación. «¿Otras? No lo sé», remachó consciente de que el portazo al rescate, al menos en la cuantía sugerida, va a «traer problemas con la hostelería».

El rechazo decepcionó a los hosteleros, que acusaron a Vitoria de «desacreditar» su propuesta como «excusa para ocultar su falta de voluntad política, su desconocimiento del sector o su incapacidad» para socorrerles. El secretario general de Hostelería Gipuzkoa, Kino Martínez, replica los argumentos esgrimidos por Hurtado. «Cuando hablamos de hostelería claro que incluímos todos los subsectores, como establecen el INE o el Eustat. ¿Cómo no vamos a incluir al catering, si no hay congresos, bodas ni eventos? ¿Es que ellos no sufren las consecuencias de la pandemia? ¿Tampoco los hoteles o pensiones?», se pregunta. Respecto a la no consideración de las ayudas recibidas, niega la mayor y asegura que, por ejemplo, en el análisis «no pedimos nada para pagar salarios, precisamente porque sabemos que ese coste ya está subvencionado con los ERTE».

Martínez recuerda que la petición se basa en un cálculo «para compensar las pérdidas en partidas infrautilizadas como alquileres, energía o aprovisionamientos, derivadas de unos cierres y unas restricciones establecidas por una orden superior durante toda la pandemia». Recalca en este sentido que el plan de rescate fue presentado a las instituciones «hace meses, antes de que se decidiese el cierre de noviembre, por lo que no tiene que ver con esta decisión. De hecho, eso hace que los 187 millones se hayan quedado cortos». Cifras aparte, insiste en que el planteamiento «trasciende» el cierre actual, por lo que no comprende «por qué el Gobierno liga ambas cuestiones en su argumento». El representante de los hosteleros guipuzcoanos deduce que es una forma de «tratar de justificar su falta de voluntad o de entendimiento de la situación».

Martínez cree que es Economía la que ha dicho «no» al rescate, y lamenta la «incapacidad» del consejero de Turismo «para convencer» a sus socios de gobierno de esta necesidad. Ahora bien, le reprocha que «aparecer públicamente desacreditando un trabajo serio para excusar esa incapacidad es de poco nivel».

Ante el nuevo panorama, las asociaciones vascas de hostelería tratarán de hablar con los grupos parlamentarios para que los Presupuestos vascos de 2021 incluyan medidas de auxilio al sector. «El rescate de la hostelería debe incorporarse al debate presupuestario», reclama Martínez. Unas negociaciones de cuya evolución y resultados dependerá que se convoquen nuevas movilizaciones.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se mostró por su parte «dispuesto a compensar las pérdidas» de los diferentes sectores y cifró en 900 millones los recursos dedicados a paliar los efectos de la pandemia. Durante el pleno de control al Gobierno en el Parlamento Vasco, Urkullu explicó que el cierre de los bares y restaurantes «se aplazó todo lo posible» pero se volvió «imprescindible» para frenar la «transmisión social» del covid. El lehendakari, que calificó como «dura y dolorosa» la decisión, la justificó por la urgencia de anteponer «el bien mayor, que es la salud pública», ante el «mal menor».

El Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto en marcha dos planes de ayudas para el comercio y la hostelería, compatibles con las del Gobierno Vasco. El objetivo es apoyar la adaptación de los locales y de las formas de trabajo a la pandemia. Así, se subvencionará el 80% de la inversión en equipos y sistemas informáticos, con un máximo de 3.000 euros por establecimiento, y el 80% de los costes de adecuación al nuevo contexto (mamparas, dispensadores de gel...) con un tope de 1.000 euros.