«Es normal que no se aplicase el 'derecho al olvido' al asesino de Nagore Laffage»

Unai Aberasturi, presidente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, afirma que es «relativamente» nuevo. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que reconocía por primera vez «el derecho de los ciudadanos europeos a solicitar a los motores de búsqueda que eliminen enlaces a información personal en los resultados de búsqueda», aunque hasta 2018 no entró en vigor. Es decir, que en el momento de escribir el nombre y los apellidos de una persona en internet no aparezcan informaciones «desfasadas e inexactas».

Esta última parte es clave. Tal y como apunta Aberasturi, «cualquier persona» puede solicitar su derecho al olvido, o derecho de supresión como se conoce legalmente. «El objetivo consiste en que tu pasado no te persiga. No solo se aplica a quienes hayan realizado algún delito grave, también puede solicitarse para casos más comunes». Por ejemplo, una persona que de joven publicó algo en sus redes sociales, que se hizo viral en su momento y que ahora, años después, se arrepiente, podría solicitarlo. Se sobrentiende que lo publicado en su momento no corresponde a la mentalidad o la personalidad actual de la persona en cuestión y que esta tiene derecho a pasar página sin seguir vinculada a un acto del pasado.

Pero, ¿es posible borrar del todo la huella digital? No del todo. Con este derecho, lo que se consigue es que en el momento de la búsqueda no aparezca esa información que se desea omitir o evitar. Sin embargo, cualquiera que introduzca la dirección exacta de alguna de las noticias en las que aparezca la persona demandante podría seguir consumiéndola. «Técnicamente la información no desaparece de la web. El término que utilizamos es 'desindexar'. Es algo así como esconderlo. Si alguien escribe la identidad de una persona que ha solicitado este reconocimiento en internet no encontrará nada sobre su pasado. Al menos a simple vista, pero está ahí».

Esto se debe a que está almacenada en los buscadores web. «En cierta manera, los dueños de esa información son los Google, Bing, Yahoo... de turno». Es a ellos a los primeros a los que les solicita la aplicación del derecho. «En el caso de Google, el buscador más utilizado, es sencillo. Con buscar 'formulario derecho de olvido' y rellenarlo con los datos necesarios es suficiente. Es totalmente gratuito», señala el presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos.

El problema es que el tiempo de respuesta no es determinado. Además, «por lo general», no quieren tener que 'desindexar' su información porque apelan al derecho a la investigación y a la información. «En esos casos, ya depende del solicitante lo lejos que quiera llevar el proceso. El siguiente paso sería ponerse en contacto con la Autoridad Española de Protección de Datos y de ahí se puede elevar al nivel penal que cada uno se pueda permitir».

Entonces, ¿qué ha llevado a la Audiencia Nacional a negarle a Diego Yllanes su 'derecho al olvido'? ¿Qué determina si una persona puede acogerse a él o no? «El caso de Nagore Laffage es especialmente sensible. Se analizan tres variables –apunta Aberasturi–. La primera, la naturaleza de los hechos sobre los que se informó. Se trata de un delito especialmente grave, como es un asesinato. En segundo lugar, por el interés público que justificaba la publicación de esa información. Y por último, por la actualidad. Este caso tuvo un impacto especial en la sociedad vasca. Además, ocurrió en un clima de reivindicación de los derechos de la mujer y de denuncia a la violencia machista, lo que lo mantiene en la actualidad pese al paso del tiempo».

Unai Aberasturi reconoce que es un caso «sensible» por cómo fueron los hechos y la repercusión que ha tenido, pero a nivel jurídico aplaude la decisión de la Audiencia Nacional. «Tiene sentido la postura del Tribunal. Es comprensible que él busque dejar atrás su pasado, pero la familia busca hacer lo propio con el derecho a la memoria. No se puede considerar un caso aislado y es comprensible que esa información permanezca visible por el impacto que supuso y la gravedad de los hechos», reconoce pese a que ha pasado más de una década.

En 2018, Diego Yllanes obtuvo la libertad provisional, pero no ha sido hasta ahora que ha querido actuar para limpiar su imagen. «No tiene que pasar un tiempo determinado para solicitar el derecho. Puede hacerse desde el día después de los hechos, pero cuanto más tiempo suele ser más sencillo que se conceda». Sin embargo, matiza que «no todos los casos se valoran igual. Aquellos más graves son más complicados de dejar atrás por muchos años que pasen», remarca Unai Aberasturi.