Kontseilua convoca una manifestación el 4 de noviembre para responder a la «arremetida judicial» contra el euskera

En la comparecencia realizada en Bilbao, Idurre Ekisabel leyó la 'Declaración del 10 de mayo' un documento consensuado con varios juristas, académicos, representantes de asociaciones y rostros conocidos y que ha recibido la la adhesión de sindicatos, entidades del ámbito del euskera o agentes sociales de distinto carácter. El texto muestra muestra su «enorme preocupación por el aluvión» de sentencias, que «una tras otra van en contra de medidas encaminadas a la revitalización» del idioma y «constatante que estamos ante una ofensiva judicial ».

Asimismo, en opinión de los firmantes la política lingüística cuenta con un «amplio respaldo social» y que las resoluciones realizan «una interpretación reduccionista» que, a su parecer, condiciona los derechos de los ciudadanos. Por todo ello, los convocantes consideran que «la movilización social es imprescindible» y que es el momento de «dar un paso adelante, de poner el euskara en el centro, y mostrar juntas el desacuerdo en la calle» para evitar que las consecuencias de las decisiones judiciales «provoquen grandes retrocesos en los derechos adquiridos gracias a largos años de esfuerzo».

El último caso judicial ha sido el de Erandio, cuando un juzgado de Bilbao rechazó exigir el nivel B2 de euskera a un agente de la Policía Municipal. Una decisión que desde Kontseilua denuncian que «menoscaba los derechos de los ciudadanos y las competencias municipales» y calificaron como «un nuevo paso en la arremetida del poder judicial» contra el euskera.

Precisamente en dicha sentencia se citan expresamente como argumentos los razonamientos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de marzo contra los perfiles lingüísticos para trabajar en la Fundación Uliazpi en Gipuzkoa. Entonces, se anuló la convocatoria de hasta 34 plazas de cuidadores de los centros residenciales de la Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación de Gipuzkoa. En 32 de esas 34 plazas se exigía acreditar el perfil 2 de euskera y en las dos restantes se valoraba como mérito, lo que el tribunal consideró «discriminatorio». El fallo insistía en que no se podía «limitar el derecho» de los aspirantes «a acceder en condiciones de igualdad a las plazas convocadas».

A estas dos se suman también la de Barakaldo o la de Irun. «Cada una con su particularidad, conforman una ofensiva», denunció este jueves Kontseilua.

La Diputación recurrió hace unas semanas la sentencia relativa a la convocatoria de Uliazpi y el Goberino Vasco está estudiante el texto de la sentencia de Erandio. En esa línea, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria señaló que el ejecutivo seguirá trabajando para asegurar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca.