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Los representantes sindicales, con la presidenta de la comisión, Edurne García, segunda por la derecha. B. S. C.
Los sindicatos de la enseñanza concertada aseguran que la patronal no les ha dejado «otro camino» que la huelga

Los sindicatos advierten en el Parlamento de que no van a ceder en sus demandas en la concertada

El PNV, en la misma línea que el Departamento de Educación, les anima a acudir a Trabajo para que medie en el conflicto con la patronal

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Lunes, 18 de febrero 2019

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Los representantes de los sindicatos acudieron este lunes a la Comisión de Educación del Parlamento Vasco con una postura común para explicar la situación en la que se encuentra el conflicto en los centros concertados de iniciativa social. El mensaje que trasladaron a los grupos, «además del de unidad algo bastante complicado en otros sectores», fue que sus movilizaciones están siendo muy medidas y que no han sido fruto de un calentón, sino que vienen precedidas de diez años sin convenio colectivo y más de 30 reuniones en las que, aseguran, no han visto una verdadera intención negociadora por parte de la patronal, representada principalmente por Kristau Eskola. También les explicaron que después de diecisiete días de huelga en el último año no van a rebajar los contenidos de sus reivindicaciones, por eso, de momento las diez jornadas de paro para los próximos meses se mantienen, aunque, según aseguraron ayer los portavoces sindicales «mostramos nuestra voluntad negociadora».

Todos, tanto las centrales como los grupos parlamentarios, coincidieron en que se trata de un conflicto laboral, pero con perspectivas diferentes sobre a quién le corresponde asumir las responsabilidades, fundamentalmente sobre el papel que debe jugar el Departamento de Educación en su resolución. Quien más claro lo expresó fue la portavoz del grupo nacionalista vasco, Jone Berriozabal, que, además de pedir la suspensión de la huelga y siguiendo la línea marcada por la consejera de Educación, Cristina Uriarte, les recomendó que solicitaran la intermediación del Departamento vasco de Trabajo para buscar una salida.

Para demostrar que los cinco sindicatos -ELA, Steilas, CC OO. LAB y UGT-, mantienen una posición común, la portavoz de la central nacionalista, Miren Zubizarreta, leyó un texto consensuado por todos los miembros de la plataforma. En ella se explicaba el origen del conflicto en el año 2009, cuando se levantaron de la mesa de negociación. Desde entonces, aseguran, Kristau Eskola no ha dado ninguna respuesta y se ha dedicado a «intentar crear divisiones entre los sindicatos y aparentar negociaciones en las que repite contenidos parecidos. Solo así se entiende, por ejemplo, que convoquen a los sindicatos a reuniones bilaterales sin que haya avances en sus propuestas, limitándose a repetir los mismos planteamientos anteriores».

Derecho fundamental

Zubizarreta criticó la actitud de la patronal mayoritaria en los centros de iniciativa social de la red concertada porque, entre otras cosas, ha acusado a los sindicatos «de coaccionar, como si la huelga fuera lo que impide que se llegue a un acuerdo y no es así, es un derecho fundamental básico».

Las centrales afirman que mantienen una voluntad negociadora y que Kristau Eskola no da respuestas

Los partidos coinciden en que se trata de un conflicto laboral «con circunstancias especiales»

También argumentó que Kristau Eskola, ante sus reivindicaciones laborales y salariales como la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida por los trabajadores en los últimos años y la recolocación del personal afectado por el previsible cierre de aulas motivado por el descenso de natalidad, «está obsesionada en repetir que todo depende de la financiación del Gobierno Vasco».

Los sindicatos explicaron este lunes que los pequeños avances que han conseguido para los especialistas de apoyo educativo y los trabajadores de Primaria, que no consideran significativos dentro de la negociación global, se deben «a nuestra actitud positiva» y también a «las movilizaciones».

El caso de las ikastolas, fuera de la mesa

Fue Rebeka Ubera, la portavoz de EH Bildu y quien había solicitado la presencia de los sindicatos en la Comisión de Educación, la primera en lanzar la pregunta, aunque varios de los portavoces de los grupos parlamentarios también la realizaron en sus turnos de palabra: ¿Por qué en las ikastolas, que también se enmarcan en la red concertada y con planteamientos de partida en la negociación del convenio similares, se había podido llegar a un acuerdo y en los centros de iniciativa social no?

Jone Berriozabal (PNV) realizó la misma pregunta pero de forma directa a Aitor Núñez, representante de LAB, sindicato mayoritario entre los trabajadores de las ikastolas. La respuesta fue que «cada sindicato tiene su opinión concreta» -ELA se mostró contrario a la firma del acuerdo durante las negociaciones-, y por tanto habían decidido «dejar el tema fuera de la mesa», aunque se mostró dispuesto a reunirse con los interesados para darles las explicaciones desde la perspectiva de su central.

Lo cierto es que el sindicato abertzale apostó por una negociación más centrada en aspectos laborales que salariales.

Las centrales también trasladaron a los parlamentarios «la falta de responsabilidad del Gobierno Vasco», al que consideran «una parte activa» porque financia este sistema de educación y, por tanto, «no puede mirar a otro lado». Es más, entienden que el Ejecutivo «debería obligar a la patronal a trabajar en una solución». Así mismo, criticaron el aumento de los servicios mínimos durante las huelgas.

Los partidos coincidieron en que se trata de un conflicto laboral con unas características especiales porque afecta a las familias y a los alumnos. Este lunes se escucharon argumentos muy similares a los del pasado viernes cuando los representantes de las asociaciones de padres y madres se presentaron en el mismo foro. Juana Bengoechea, del PP, reiteró que la pelota está en el tejado del Gobierno Vasco porque «es quien encomienda» a los centros la gestión de la educación y quien «ha paralizado durante diez años la parte del módulo destinada a actividad corriente y mantenimiento».

Rebeka Ubera (EH Bildu) apuntó que «estamos hablando de financiación pública y cuando alguien da dinero requiere un control».

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