«Si el Gobierno Vasco no pone dinero, igual lo tienen que aportar las familias»

La situación en este momento se encuentra paralizada. Los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT han convocado una manifestación para este jueves en Bilbao y diez nuevas jornadas de huelga, repartidas entre marzo, abril y mayo, que se sumarán a las 17 ya realizadas entre este curso y el pasado.

La semana pasada pasaron por este mismo foro los representantes de las asociaciones de madres y padres y de los sindicatos. Ayer tocaba el turno a otra parte de los implicados, las patronales, quienes dejaron claras dos cuestiones, que difieren prácticamente en 180 grados de la versión dada por las centrales. La primera de ellas es que han sido las centrales quienes se han levantado de la mesa porque ellos siempre han estado abiertos «a realizar una negociación para poder llegar a un acuerdo, ofreciendo la posibilidad de profundizar en un análisis objetivo de la realidad del sector», como expresó el director general de los centros religiosos, Mikel Ormazabal, al hacer referencia a los diez años que el sector lleva sin convenio colectivo.

La otra cuestión la planteó el representante de AICE, Antonio López, quien señaló que por la idiosincrasia de sus centros «no tenemos capacidad de ahorro» y que reivindicaciones de los sindicatos como incrementar los salarios podrían llevarles a que «si el Gobierno Vasco no pone dinero», porque según entienden «la financiación que aporta el módulo concertado es insuficiente», igual «tenemos que trasladar a las familias que son ellas las que tienen que aportarlo».

Ormazabal incidió una y otra vez en que son las centrales quienes no quieren escuchar porque «nosotros hemos presentado hasta siete propuestas, cinco en la mesa de negociación y dos en las reuniones bilaterales».

Esas iniciativas, según recordó, parten de los puntos sobre los que ya se pusieron de acuerdo hace una decena de años centrados en sustituciones, la figura del orientador/consultor, definir las funciones de los tutores, reconocimiento de horas de trabajo fuera del centro, incremento salarial y equiparación entre los docentes de los dos ciclos de Primaria y recolocación de los docentes cuya clases se cierren por descenso de natalidad.

Según el director general de Kristau Eskola, el conflicto se agudizó cuando desde la patronal se instó a los sindicatos a realizar primero una lectura sobre la situación en la que se encuentra la red concertada, «pero no les gustó lo que escucharon y se levantaron de la mesa. Llevamos un año solos». En ese planteamiento, la patronal presentó sus cálculos, «para objetivar el problema, pero no para no responder a las reivindicaciones porque hasta podemos reconocer que son justas». Puso como ejemplo de las dificultades con las que se encuentran que en el caso de la Educación Infantil de 0 a 3 años «hemos tenido una infravaloración del 29%, mientras que en las haurreskolak el incremento ha sido del 13%». Explicó que incluso llevaron a la mesa unas tablas con la repercusión económica que tendría la aplicación de las solicitudes de los sindicatos.

De cifras también habló Antonio López quien señaló que «los centros hemos tenido que asumir una subida del 19% de la parte no financiada en el caso de los docentes y de hasta un 56% en el personal administrativo y de servicios». Para añadir que «se habla de las patronales como si fuéramos una institución que detrás tiene una fuente de dinero».

La comparación con las ikastolas, también incluidas en la red concertada, donde sí se ha llegado a un preacuerdo para firmar en junio el convenio, volvió a surgir como ya sucedió en la comparecencia de los sindicatos. Ormazabal fue claro: «En esos centros LAB es el sindicato mayoritario y no ha puesto líneas rojas, sobre todo en el tema salarial. Nosotros hemos ofrecido, no mucho, pero sí algo más de subida que en las ikastolas. En nuestro sector, ELA es la central mayoritaria. Son dos visiones distintas, dos estrategias sindicales diferentes». También recordó que «el curso pasado se solucionó el conflicto de la red pública cuando el Gobierno Vasco puso más dinero sobre la mesa».

Jone Berriozabal, del PNV, volvió a insistir, como ya lo hizo la semana pasada, que se tenga en cuenta los dos derechos fundamentales, el de la educación y el de la huelga, a la hora de establecer los servicios mínimos. Varias decenas de ampas también han remitido un escrito al Gobierno Vasco para que se garantice la seguridad y la atención a sus hijos en las aulas durante los días de huelga».