El borrador de la Ley vasca de Educación arranca con críticas por su «inconcreción»

El departamento vasco de Educación tiene ya listos los 103 artículos que dan forma al anteproyecto de Ley que regirá la vida escolar en el futuro y que se harán públicos en el Boletin Oficial del País Vasco hoy mismo. En el texto se recogen los puntos que se acordaron en el pacto educativo, un consenso calificado como histórico, alcanzado por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos en marzo de este año. Las primeras voces disconformes con el borrador de la ley surgieron ayer mismo, entre ellas las de Elkarrekin, que calificó el texto de «humo». Sindicatos y agentes relacionados con el mundo educativo se mostraron entre críticos y prudentes a la hora de valorar el documento, que han recibido con muchas dudas.

El anteproyecto de ley recoge cómo será el sistema educativo vasco una vez cuente con el visto bueno del Parlamento. La enseñanza será gratuita para todos aquellos colegios que reciban financiación pública y la red pública será su referente. Los centros concertados, que no podrán cobrar cuotas de ningún tipo, estarán sujetos a auditorías. La educación será plurilingüe, con el euskera y la cultura vasca como eje. Además, habrá un único procedimiento de admisión, para garantizar que se evita la segregagación y se protege al alumnado más vulnerable.

La primera reacción contraria al texto se produjo por parte de uno de los partidos firmantes del pacto educativo. La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, denunció que el texto «no cumple» con lo acordado en el pacto educativo, y advirtió de que su grupo «no apoyará» dicha ley si, en su versión definitiva, sigue sin recoger lo establecido por el acuerdo parlamentario.

Gorrotxagegi calificó el anteproyecto de ley como «propaganda» para cumplir con el trámite de información pública. «Tan solo es humo», dijo. «No hay ni una sola medida, ni una sola mención a los criterios para evitar la segregación», manifestó. «Todavía no sabemos en qué consiste el servicio público de educación», a lo que añadía que «no se dice nada de cómo vamos a hacer protagonista a la escuela pública».

Desde EH Bildu, Ikoitz Arrese manifestó que «siendo fieles» al acuerdo educativo harán «las aportaciones necesarias para dar pie a la transformación que nuestro sistema necesita». Anunció además que la coalición soberanista propiciará «la participación de la comunidad educativa en todo el proceso parlamentario».

El PSE-EE, por su parte, destacó que con esta redacción se ha producido «un acercamiento» a sus posiciones en materia de segregación, y que el texto «apuesta por el sector público y el marco plurilingüe». Al mismo tiempo, admitió que el documento «no va a contentar al 100% a todos; tampoco a nosotros».

Ikastolen Elkartea y Kristau Eskola, entidades en las que se engloban la mayor parte de los centros concertados vascos, no quisieron realizar declaraciones. Ambos organismos esperarán a leer con detenimiento las 74 páginas del anteproyecto de ley. Se espera conocer la reacción de la confederación de ikastolas hoy mismo, mientras que la red que engloba a los colegios religiosos se va a dar de plazo el mes que se ha abierto para presentar alegaciones, debido «al volumen del contenido a valorar», según afirman fuentes de la propia asociación.

La que mostró abiertamente su rechazo a cómo se recoge en el texto el futuro de la enseñanza en euskera fue Kontseilua. El consejo de la lengua vasca considera que el borrador se queda corto, ya que «no hace una apuesta clara por euskaldunizar a las nuevas generaciones». Kontseilua valora que el perfil lingüístico de salida es «adecuado», pero ve «necesario definir el modelo lingüístico del sistema educativo». En este sentido, Paul Bilbao, secretario general de la entidad, pidió que se concrete este aspecto. «Lamentablemente, el modelo inclusivo generalizado no se recoge explícitamente en la ley. Por el contrario, recoge en todo momento el marco plurilingüe, quedando de este modo demasiado difuso».

Steilas manifestó que el anteproyecto «no es la ley educativa que necesita» la sociedad vasca, y anunció que apuesta por buscar alianzas para llevar adelante «movilizaciones» contra el texto presentado. Criticó el «espíritu privatizador» de esta ley, que «conllevará el cierre de muchos centros públicos». El sindicato consideró evidente que «quieren finiquitar la ley de educación lo antes posible». Expresó su malestar por la ausencia de debate entre el departamento, los sindicatos y los agentes sociales. «El concepto de servicio vasco de educación no ha sido corregido y sigue siendo totalmente privatizador», lamentó el sindicato.

Para ELA la futura ley vasca de educación «mantendrá el actual modelo educativo». El sindicato opina que hay «una serie de cuestiones en las que solo se exponen intenciones, pero no se definen medidas para su desarrollo o garantía». La central nacionalista se muestra dispuesta a dialogar para «hacer frente a la segregación» y para que la ley «garantice unas condiciones de trabajo adecuadas o la euskaldunización del alumnado».

La falta de concreción en los mecanismos de control para hacer cumplir los requisitos a los centros que conformarían el servicio educativo vasco, o el asunto «absolutamente preocupante» de la laicidad, que «no garantiza que en los colegios que reciban dinero público no vayan hacer adoctrinamiento religioso», son dos de los temas que preocupan a LAB, al que le llaman la atención «ciertas cuestiones que quedan meramente en intenciones para su posterior regulación por decreto».

Desde CC OO Irakaskuntza señalaron que el anteproyecto deja «muchas sombras y dudas» sobre la mesa. La falta de distinción en un futuro de la red pública de la privada-concertada es uno de los aspectos que más preocupa al sindicato.

Por otra parte, desde las asociaciones de padres de los centros públicos, la portavoz de Ehige, Lurdes Imaz, no quiso pronunciarse ayer hasta leer con detenimiento el articulado. «Lo importante acaba siendo el desarrollo de la ley a través de los futuros decretos, y los que ya están adelantados no han resultado favorables a la red pública de enseñanza», señaló.

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