La Confederación del Guadalquivir sella 65 pozos ilegales en Doñana

Imagen de uno de los pozos ilegales en el parque de Doñana./EFE
Imagen de uno de los pozos ilegales en el parque de Doñana. / EFE

La UE ya denunció a España por el robo de agua en el espacio natural y una sentencia de 2017 obliga al cierre de 77 de estas captaciones en la zona de Lucena

CECILIA CUERDOSevilla

Las captaciones ilegales de agua en el entorno del espacio natural de Doñana, una de las grandes amenazas del parque, que han motivado incluso una denuncia de la UE por la negligencia contra España, van camino de ser historia. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha cerrado esta semana 65 de los 77 pozos cuya clausura fue dictaminada hace dos años por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al considerar que eran ilegales. El ente asegura que los trabajos continuarán durante los próximos días con el cierre del resto de pozos ilegalizados y el sellado de dos balsas de acopio y distribución.

Las actuaciones llegan seis años después de que la Guardia Civil realizara la primera denuncia sobre estas captaciones ilegales, que asociaciones ecologistas como WWF cifran en torno a un millar repartidas por la zona de Lucena del Puerto. Unos pozos destinados en su mayor parte al riego de la rentable industria de los frutos rojos de Huelva y que están exprimiendo al acuífero que nutre al parque hasta el punto de que las autoridades han iniciado los trámites para declararlo en «estado de riesgo» y que muestran las dificultades para compatibilizar la economía con el equilibrio ambiental.

La Guardia Civil ya intentó acometer el cierre de los pozos y ejecutar la sentencia hace unas semanas, pero la presencia de decenas de regantes lo impidió. Los pozos sancionados por el TSJA se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR), el área determinada por el plan especial con el que la Junta de Andalucía trató de poner orden en los cultivos de regadío que, con la anuencia de las administraciones locales, habían proliferado en las últimas décadas en la corona forestal de Doñana. Según dejó en evidencia la sentencia de 2017, los pozos que había que clausurar ni siquiera tenían autorización de la propia CHG.

El organismo trabaja también en la regularización de los derechos de riego de parcelas de las dos grandes comunidades de regantes que quedaron bajo el amparo del plan de ordenación, que en algunos casos pasa por el cierre de pozos ilegales a cambio de aguas superficiales. Este proceso, asegura el organismo, optimizará el actual trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir y liberará la presión de las masas en la comarca de El Condado.