San Sebastián

«O arranca ya la construcción de las viviendas o la cooperativa de Txomin se va a pique»

Las obras de la cooperativa de viviendas protegidas de alquiler de Txomin Enea no terminan de arrancar, pese a que tienen licencia de construcción desde hace tres años. El motivo son las dudas que presenta este novedoso régimen residencial para las entidades financieras, que no terminan de ver claras las garantías de devolución de un préstamo de más de 12 millones de euros que se entrega a quienes no son propietarios del suelo. Ninguna entidad financiera vasca dio el paso adelante para apoyar esta operación, para sorpresa del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, impulsor del proyecto, que nunca pensó que esto sucedería. Desde el año pasado es una entidad gallega la que negocia el crédito, a cambio de un análisis de solvencia a todos los cooperativistas y de otras condiciones como la obligación de contratar un seguro de vida con la entidad.

El Gobierno Vasco cedió en 2019 en derecho de superficie la titularidad de la parcela a la cooperativa Bizikide S.Coop y nombró como gestor de la misma al grupo inmobiliario Arrasate. Son los cooperativistas, junto con Arrasate, quienes buscan la financiación y eligen a la constructora.

Los socios de la cooperativa salieron de un concurso que hizo el Departamento vasco de Vivienda entre los demandantes apuntados a la fórmula, que tenían que cumplir como requisito no disponer de vivienda en propiedad y tener unos ingresos anuales inferiores a los 39.000 euros.

La cooperativa adjudica a los socios la cesión del uso de la vivienda y sus anejos por un periodo de 75 años –plazo por el que el Gobierno Vasco ha cedido el derecho de superficie de la parcela a la cooperativa–. La titularidad permanece en todo momento en manos de Bizikide, pero limitada a ese plazo de tiempo. Los cooperativistas abonarán mensualmente a la cooperativa un importe o canon, en el que además de la amortización del préstamo que se contrate para construir las viviendas, están incluidos el mantenimiento del edificio y los gastos de comunidad. Esta novedosa fórmula de promover vivienda de alquiler evita al propietario del suelo, el Gobierno Vasco, costear la edificación.

En febrero de este año, tras superar los primeros análisis de solvencia, «Arrasate nos dijo que las condiciones habían cambiado y que teníamos 10 días para aceptar y hacer el primer pago (el 20% de la vivienda) con unos precios que se habían incrementado un 30% respecto a lo que nos dijeron el año pasado».

Al subir los precios, las condiciones de solvencia se endurecen y hubo muchos cooperativistas que tiraron la toalla. «Unas 30 personas se fueron». Hubo gente que se quedó en el camino porque no superó el nuevo análisis de solvencia. «Yo, por ejemplo, no podía afrontar el incremento de precio pero pude seguir gracias a que mi pareja, que estaba en paro, compartió conmigo la cesión de uso de la vivienda al 50%. Pero ha habido familias con hijos que quisieron seguir y, como uno de ellos se había quedado en paro, no superaron el análisis de solvencia».

Pese a toda esta carrera de obstáculos, llegó el verano y «nos enteramos extraoficialmente de que las constructoras van a subir los presupuestos de la obra, de 12 a 14 millones de euros», lo que supondrá renegociar el préstamo y nuevos análisis de solvencia... La rueda sigue girando, nosotros seguimos pagando, y nadie tiene garantía de que la casa se vaya a construir. Arrasate aún ni nos ha convocado para informarnos de nada. La gente está ya desesperada». Algunos cooperativistas dicen que lo peor de todo no son las exigencias económicas al alza sino la incertidumbre, la falta de certezas de cuándo va a comenzar la construcción.

«Al principio de este viaje había más de 570 personas apuntadas a formar parte de la cooperativa. Se eligió a 109 y el resto fue a la lista de espera. Hoy ya no hay lista de espera, los socios se marchan. O arranca la obra de la casa o esto se va a pique».