La denuncia de un trabajador recién contratado destapó los casos de explotación laboral en varios bares de Donostia

El empresario detenido en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en Donostia es conocido en el sector hostelero, entre otras cuestiones, por acumular varias denuncias a lo largo de su trayectoria profesional. En 2006, el Ayuntamiento le retiró las mesas y sillas de la terraza por incumplir de forma reiterada la normativa y «desafiar las normas», denunciaron entonces los responsables políticos.

Aquel mismo año, recibió una demanda de uno de sus trabajadores. Y aquello fue el prolegómeno de un proceso judicial que llegaría un año después y por el cual le reclamaron la deuda a la Seguridad Social que el hostelero llevaba desde 2004 sin abonar. De aquella denuncia resultó indemne por un defecto de forma. En 2011 fue condenado a una multa de 13 días por una falta de amenazas a una funcionaria del Ayuntamiento de San Sebastián, por frases como «voy a ir a por ti» o «voy a acabar contigo», según recogía la sentencia.

Volviendo a la investigación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional, los arrestados hacían firmar a las víctimas contratos mensuales de formación con la promesa de regularizar su situación. Les prometían que les darían de alta en la Seguridad Social, aunque luego eran aleccionados para que dieran otra filiación si eran sometidos a una inspección de trabajo.

La investigación se inició en noviembre de 2022, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa puso en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros de San Sebastián la denuncia de un ciudadano informando de que en los dos restaurantes mencionados, ambos regentados por el mismo empresario, cuyas iniciales son E. S., había varios ciudadanos extranjeros trabajando en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos. Según han confirmado fuentes del caso a este periódico, fue un empleado recién contratado el que interpuso la denuncia al no estar conforme con las condiciones de trabajo.

Como consecuencia de esta denuncia, el 9 de noviembre del año pasado la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron un control en sendos establecimientos, y halló en uno de ellos a doce trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo, y en el otro a nueve empleados más en las mismas condiciones. Según las fuentes indicadas, de toda la plantilla solo había una persona con permiso de trabajo y en situación regular. La Policía Nacional estima que las cuotas defraudadas a la Seguridad Social rondan los 80.000 euros.

Ante ello, los investigadores continuaron con sus pesquisas, determinando que, tal y como constaba en la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los dos restaurantes eran regentados por el mismo empresario. Asimismo, descubrieron que la contabilidad era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero, de origen hispanoamericano, que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes.

Simultáneamente, supieron que muchos habían venido a Gipuzkoa a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales. Así, cuando llegaban a San Sebastián, el dueño, E. S., les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de sofocar la más mínima queja recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les estaban haciendo dándoles empleo.

En este sentido, les obligaban a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, pagándoles 1.068 euros mensuales. Igualmente, a partir del verano pasado, les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.

Ante ello, los investigadores activaron el protocolo marco de protección de víctimas de explotación, informándoles de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las comunidades autónomas. Por todo ello, el pasado 12 de enero se procedió a la detención de los tres investigados que, tras prestar declaración en comisaría, pasaron a disposición judicial, y en la actualidad se encuentran en libertad sin medidas cautelares a la espera de juicio. Fuentes del caso explican que si bien dos de los detenidos cooperaron tras ser citados, la Policía tuvo que personarse en casa del dueño de los establecimientos, que incluso rehusó abrirles la puerta.