Explotaban a 21 trabajadores en dos restaurantes de Donostia con jornadas de más de 12 horas diarias de lunes a domingo

La investigación se inició en noviembre del 2022, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa puso en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros de San Sebastián la denuncia de un ciudadano informando que en dos restaurantes de Donostia, ambos regentados por el mismo empresario, había varios ciudadanos extranjeros trabajando en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos.

Como consecuencia de esta denuncia, el 9 de noviembre del año pasado la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron una inspección en sendos establecimientos, hallando en uno de ellos a doce trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo, y en el otro a nueve trabajadores más en las mismas condiciones que los anteriores.

Ante ello, los investigadores continuaron con sus pesquisas, determinando que, tal y como constaba en la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los dos restaurantes eran regentados por el mismo empresario. Asimismo, descubrieron que la contabilidad era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero, de origen hispanoamericano, que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes.

Simultáneamente, supieron que muchos de estos trabajadores habían venido a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales. Así, cuando llegaban a San Sebastián, el dueño les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de sofocar la más mínima queja recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les estaban haciendo dándoles empleo.

En este sentido, les obligaban a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, pagándoles 1.068 euros mensuales. Igualmente, a partir del verano pasado, les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.

Ante ello, los investigadores activaron el protocolo marco de protección de víctimas de explotación, informándoles de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, el 12 de enero se procedió a la detención de los tres investigados, que, tras prestar declaración en comisaría, pasaron a disposición judicial, y en la actualidad se eencuentran a la espera de juicio.