Donostia confía en que la venta de los cuarteles se cierre en los términos acordados pese a las nuevas exigencias de Costas

Hasta ahora, los cuarteles de Loiola gozaban excepcionalmente de una servidumbre de protección marítimo-costera de 20 metros al tratarse de edificios afectados a la defensa nacional, pero al iniciarse el proceso de desafectación de los mismos tras la venta de los terrenos al Ayuntamiento, Costas ha decidido multiplicar por cinco la anchura de esa zona de protección, hasta los 100 metros que marca la legalidad vigente.

El consistorio ya presentó en su momento documentación ante Costas para reclamar que la servidumbre actual de 20 metros se mantenga al entender que el ámbito desafectado debe ser considerado suelo urbano y no suelo urbanizable, condición que permitiría sortear esta exigencia legal. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente no tuvo en cuenta los argumentos municipales y autorizó a la delegación territorial a incoar el correspondiente expediente de rectificación para ampliar a 100 metros el área protegida.

Ahora, el Ayuntamiento prepara una nueva alegación, tal como le solicita Costas, en la que justifica por qué se trata de suelo urbano, no en vano en los cuarteles vivían soldados con todas las infraestructuras necesarias (aceras, calzadas, edificios, suministro eléctrico, alcantarillado...). En este frente administrativo, Donostia cuenta con aliados como la Agencia Vasca del Agua (URA) o el propio Ministerio de Defensa, que también presentarán alegaciones en el mismo sentido para intentar desbloquear la situación.

Hay que recordar que el precio de compraventa de los cuarteles de Loiola, 73,3 millones de euros, se estableció tomando como referencia la actual servidumbre de protección de 20 metros desde el río, lo que ha permitido diseñar una previsión de desarrollo residencial de entre 1.500 y 1.700 viviendas. De caerse estos cálculos por las exigencias de Costas, la operación podría no ser realizable en los términos acordados con Defensa, extremo al que el gobierno municipal confía en no llegar. El consistorio se halla en contacto permanente con el ministerio, desde el que se le transmite la «convicción de que este requisito se solucionará, de modo que la operación culmine de forma satisfactoria», según ha comunicado este jueves el propio Ayuntamiento. La operación está pendiente de la firma de escrituras.