El acuerdo sobre la compra de los cuarteles se reactiva tras los resultados del 23-J

Horas después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba por sorpresa las elecciones generales ante el revés sufrido y la posibilidad de un desgaste mayor en los últimos meses de la legislatura. Las encuestas apuntaron durante dos meses a un cambio político en la Moncloa y en el Ayuntamiento no las tenían todas consigo en relación a los trámites para cerrar la operación de los cuarteles. La entrada en un periodo preelectoral podría suponer una desaceleración, incluso una congelación, de los trámites administrativos para culminar la venta. La operación no se pudo cerrar antes de las elecciones municipales, como quería el Ayuntamiento, y el adelanto de las generales amenazaba con alargar el 'impasse', con la incógnita añadida de si el valedor del acuerdo, el Gobierno de Sánchez, tendría que dejar la Moncloa tras el 23-J.

La incertidumbre no venía tanto por la posibilidad de que el PP relevase al PSOE al frente del Gobierno –los populares han apoyado en San Sebastián la operación y han sumado sus votos a los del resto de grupos de la corporación local para aprobar en Pleno un modificación de crédito que permita financiar la compra– como de las trabas que pondría su posible socio (Vox). La formación de Abascal ya intentó paralizar la operación de los cuarteles mediante un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le dio parcialmente la razón y obligó a proteger los dos principales edificios militares. Ayuntamiento y Ministerio de Defensa han recurrido esta sentencia ante el Supremo, pero de momento Urbanismo ha tenido que asumir el blindaje de estas dos construcciones en el planeamiento urbanístico. Durante la campaña electoral de las municipales, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, realizó un acto político frente a los cuarteles en el que aseguró que harían «todo lo posible para evitar que derriben los cuarteles», un mensaje parecido al que tuvo que oír en la campaña de las generales el principal negociador jeltzale en Madrid, Aitor Esteban, de boca de Espinosa de los Monteros en un debate electoral.

Pese a que la operación estaba bien atada con el Ministerio de Defensa, el ruido político que han hecho los detractores y la posibilidad que le daban las encuestas de condicionar el futuro Gobierno de España han abonado la preocupación del Ayuntamiento que llegó a temer que el castillo de naipes se terminaría derrumbando.

La incertidumbre duró hasta la noche del 23 de julio. La bajada de Vox y la falta de apoyos para que el bloque de la derecha formase una alternativa de gobierno calmaron los ánimos, explican fuentes municipales, que han advertido además en la última semana una «reactivación» del proceso para materializar la venta de estas 17,5 hectáreas en la vega derecha del Urumea sobre las que descansan buena parte de las esperanzas de ofrecer una alternativa habitacional pública a los miles de demandantes de vivienda.

Las parcelas ya han sido desafectadas de los intereses de la Defensa nacional y, lo que es más importante, el borrador del acuerdo ya tiene el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), trámite fundamental para que se materialice la venta.

Esto significa que «en las próximas semanas» el acuerdo pasará por el Consejo de Ministros, que sancionará de forma definitiva la operación. Según explican fuentes municipales, su previsión es que en septiembre se efectuaría el primer pago. «Tenemos que ingresar 5 millones de euros y luego ir a Madrid a firmar el acuerdo».