El Ayuntamiento de Donostia acepta la recomendación del Ararteko y elimina la obligatoriedad de la cita previa en trámites

Desde el defensor del pueblo vasco se ha indicado, asimismo, que el consistorio donostiarra ha manifestado que «el sistema de cita previa se ofrecerá a la ciudadanía como medida voluntaria y recomendable para prestar un mejor servicio público». Además, ha trasladado al Ararteko que informará a través de distintos canales sobre el funcionamiento «con objeto de que la ciudadanía acceda a una atención más eficiente y personalizada».

El pasado mes de mayo el Ararteko recomendó al Ayuntamiento de Donostia que eliminara la obligatoriedad de la cita previa para cualquier trámite y habilitara este sistema como opción voluntaria. Lo hizo después de recibir la queja de un ciudadano que tras preguntar al consistorio el motivo por el cual se impone este sistema para realizar actuaciones de manera presencial, recibió la respuesta de que se trata de una mecánica adecuada para prestar un mejor servicio público de atención ciudadana.

El reclamante, en desacuerdo con la respuesta del Ayuntamiento, acudió al Ararteko y mostró su «disconformidad con la respuesta y esta defensoría preguntó a la Administración sobre los criterios organizativos, técnicos y la motivación jurídica utilizada para implantar la cita previa obligatoria y si efectivamente era necesaria para cualquier actuación o trámite». Así, la entidad local explicó que «el sistema de cita previa sí es obligatorio mayoritariamente, y flexible, porque siempre se atiende sin cita ante necesidades urgentes».

En la recomendación, el Ararteko consideró que la «Administración no aportó los criterios técnicos, evaluados mediante indicadores y elementos objetivos como la opinión de la ciudadanía, que permitan conocer cuál es la contribución del sistema de cita previa obligatoria al interés general para realizar los trámites administrativos», por otro lado, destaca que «la ciudadanía no tiene el deber de motivar la urgencia para ser atendida por la administración de manera presencial».

En síntesis, el Ararteko manifestó en mayo que «no parece existir normativa habilitante que justifique la obligatoriedad de la cita previa y, por lo tanto, se trataría de una medida no sustentada en el interés general y contraria al derecho a una buena administración, el cual obliga a la Administración a motivar sus decisiones».