La Justicia frena la compraventa de los cuarteles de Loiola tras admitir un recurso de Vox
El Ayuntamiento da por imposible la operación tras el fallo del TSJPV que considera que los edificios militares deben protegerse en el catálogo municipal de patrimonio
Jarro de agua fría judicial a las previsiones urbanísticas de Donostia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado incluir los Cuarteles de Loiola en el catálogo municipal de patrimonio, decisión que provoca de facto la interrupción de las negociaciones de compraventa del terreno entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián.
El TSJPV estima parcialmente el recurso presentado en 2021 por Vox a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc). El partido de Santiago Abascal solicitaba protección para los Cuarteles, una maniobra con la que pretendía impedir la salida del Ejército de la capital guipuzcoana.
La sentencia argumenta que los Cuarteles «cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos» y se apoya en dos informes de Diputación y Gobierno Vasco que «informan a favor de la protección».
En su argumentación, el tribunal añade que otro aspecto que lleva a considerar que debe existir protección es el estudio comparativo entre cuarteles, en el que se concluye que «los que quedan en pie tienen protección y están catalogados a excepción del de Astorga (León), que sigue destinado a acuartelamiento». Admite que este «no es de por sí una dato concluyente pues resulta evidente que no son cuarteles idénticos», pero señala que es «una comparativa ilustrativa» que sirve para «reforzar la conclusión probatoria que se sostiene».
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La protección de los Cuarteles de Loiola se llevará a cabo «en la forma expuesta en el documento técnico de análisis del Peppuc de la Diputación, con los elementos incluidos y excluidos en el mismo». El grado de protección será el que corresponda con el grado IV contenido en este informe, quedando descartado el grado A ya que esta categoría está reservada a aquellos elementos «cuya inclusión venga impuesta por norma sectorial». Paradójicamente, el informe en cuestión fue redactado en 2009, cuando la diputada de Cultura era María Jesús Aranburu, del PNV.
Fuentes municipales consideran que la sentencia es «sorprendente, por inédita» y advierten de que es el propio tribunal el que establece qué elementos tienen que protegerse, algo que califican de «inédito».
«El fallo pone en cuestión todos los términos del acuerdo que veníamos trabajando con el Ministerio de Defensa, que estaba en su fase final, al establecer una protección sobre los edificios de los cuarteles que imposibilita su intervención futura», lamentan, al tiempo que subrayan que la «valoración de los suelos que habíamos realizado pierde toda base con esta sentencia».
«El Ayuntamiento buscaba dar respuesta a las necesidades residenciales de la ciudad, configurando un nuevo ámbito con vivienda, equipamientos y espacios públicos. Esta sentencia echa por tierra dicha valoración económica e imposibilita una operación que era buena para la ciudad y que se venía reclamando desde hace muchos años», señalan las mismas fuentes, que concluyen que «en nombre de la protección del patrimonio, la sentencia condena en la práctica a que los Cuarteles no puedan tener más uso que el de instalaciones militares».
La mayor operación urbanística de Donostia queda así en agua de borrajas. La intención del Ayuntamiento era hacerse con la propiedad de las 17 hectáreas de terreno que hoy ocupa el acuartelamiento en la margen derecha del Urumea para construir alrededor de 1.700 viviendas.
Para ello había iniciado unas negociaciones con Defensa que estaban a punto de cristalizar. Una comisión formada por técnicos de ambas instituciones llevaba meses trabajando para definir los límites de la propiedad, la superficie construible total y otras cuestiones sobre plano. También se habían entablado conversaciones con URA, la Agencia Vasca del Agua, con el objetivo de conocer qué obras habrá que acometer en la curva del río dentro del plan de prevención de inundaciones. El actual puente que conecta los cuarteles con el barrio de Loiola debía ser sustituido por uno nuevo y, además, se iba a construir al menos otro puente.
Por último, había que fijar un precio de compraventa, que dependería en buena medida de cuántas viviendas se podrían construir y qué porcentaje de las mismas serían de protección pública. El alcalde, Eneko Goia, se había mostrado optimista sobre un próximo acuerdo en sus recientes comparecencias e incluso fijó una fecha para el anuncio: este mismo verano.
La principal razón por la que ambas partes todavía no habían sellado el acuerdo estaba en la letra pequeña. Concretamente, en «implicaciones económicas de la operación, sobre los impuestos, y también algunos asuntos jurídicos. No es por el precio. Hay que tener todo bien analizado porque es una cuestión de envergadura y hay que trabajarla bien», explicó el regidor donostiarra. Ahora, todo ha saltado por los aires tras la sentencia del TSJPV, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento analizarán con detalle con la idea de recurrir.
