Urkullu ratifica su «tolerancia cero» con la corrupción, pero apunta que fueron casos particulares

En una comparecencia poco habitual en el lehendakari, Iñigo Urkullu ha valorado la sentencia del caso De Miguel, que condena a tres exdirigentes del PNV a penas de cárcel por, entre otros delitos, cohecho, blanqueo, malversación, falsedad documental o prevaricación.

El jefe del Ejecutivo vasco ha dado inicio a su intervención mostrando su respeto a la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Álava, que ha sentenciado a doce personas a penas de prisión y tres más inhabilitadas. «Es suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos», ha manifestado Urkullu.

Ahora bien, el lehendakari ha querido dejar claro que los hechos juzgados y sentenciados en el mayor caso de corrupción en Euskadi, que se remontan a la época en la que el Urkullu era presidente del Euzkadi Buru Batzar, «responden a actitudes particulares».

El lehendakari ha ratificado su «reprobación» a cualquier caso de corrupción, de la misma manera que lo hizo -ha recordado- el 1 de abril de 2010, dos semanas después de que se destapara el caso. «Mi compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política es total. Este es un principio básico y lo considero un deber público», ha manifestado durante la comparecencia en Lehendakaritza.

Poco más de dos horas después de hacerse pública la sentencia, Urkullu ha querido poner en valor los cauces que adoptó el PNV, cuya presidencia ostentaba él mismo, y así evitar que cualquier actitud corruptela de los dirigentes jetzales condenados pudieran salpicar a todo el partido. De hecho, ha reconocido que le preocupaba que la corrupción de unas personas concretas pudiera vincularse a la actuación de un partido político «con una trayectoria intachable».

«Ahora la sentencia lo deja claro», ha continuado, «las personas condenadas actuaron en busca de su beneficio individual. Según esta primera sentencia que no es firme y puede ser recurrida, estas personas pudieron valerse de su posición para lucrarse indebidamente. Repruebo esta actitud. Tolerancia cero con la corrupción», ha dicho contundente.

El lehendakari ha insistido en que cuando tuvo conocimiento de los hechos adoptó «todas las medidas cautelares» para apartar a las personas hoy condenadas de sus puestos de responsabilidad pública, así como de «toda responsabilidad interna» en el PNV. De hecho, fue el propio Urkullu quien solicitó la entrega de los carnés de afiliación a las personas entonces encausadas. «Desde el primer momento actuamos con celeridad, claridad y contundencia», ha defendido.

Igualmente, ha recordado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están personados en la causa desde que se dio inicio al mismo y que su objetivo es «defender el interés público y el daño causado a la Hacienda General del País Vasco». Por eso, y una vez sabido que la sentencia estima que el fraude al Ejecutivo autonómico asciende a 146.230 euros, Urkullu ha adelantado que su gabinete emprenderá «todas las acciones legales que sean oportunas para restituir hasta el último céntimo de euro a las arcas públicas».

Para terminar su intervención, ha reconocido que la sentencia ha llegado «tarde». Principalmente, ha defendido, para todas aquellas personas encausadas que finalmente han resultado absueltas. Once en total. «Se impone una reflexión sobre la necesidad de respetar la presunción de inocencia», ha dicho.