Las condenas del 'caso De Miguel' una a una

Todopoderoso 'número 2' del PNV de Álava y diputado foral de Administración Local desde 2007 hasta su detención, en marzo de 2010. Cabecilla de la trama y urdidor de una compleja red de empresas que fueron contratadas por las administraciones públicas. En pleno juicio negoció su confesión a cambio de que se exculpara a su mujer (Ainhoa Bilbao). Las conversaciones no fructificaron y recuperó su discurso de absoluta inocencia.

Funcionario especializado en Juventud que hasta 2009 ocupó el cargo de director del Gobierno vasco en este áera. Se le acusaba de ser quien 'abrió' la puerta de la institución a las empresas de De Miguel.

Responsable contable del parque tecnológico de Miñano, a donde ha vuelto nueve años después de su imputación. Este antiguo burukide fue fundamental para el diseño de las empresas de la trama. En los cuadernos que se le requisaron dejaba constancia de todos los movimientos económicos, incluso aquellos 'en negro'. Su abogado basó su estrategia en anular esta determinante prueba.

Concejal de Vitoria, juntero, director foral de Agricultura y destacado miembro del ABB. Fue trabajador de diversas empresas salpicadas por esta trama corrupta y en el momento de su arresto era responsable del semillero de empresas del parque del parque de Miñano. Siguió a pie juntillas la estrategia marcada por De Miguel durante el juicio.

Administraba algunas empresas investigadas por el pago de comisiones. Una década después, el Departamento de Juventud ha vuelto a contratar sus servicios.

Estuvo al frente de algunas de las empresas de la red relacionadas con la Cultura. Defiende que se alejó de la dirección de sus empresas por razones personales y dejó de tener conocimiento de los cobros, pagos y contratos.

Contratista habitual de la Administración vasca y socio de la denunciante, la abogada Ainhoa Alberdi. Ella le acusó de haber negociado el pago de una comisión a cambio del contrato para la ampliación de Miñano. La crisis se llevó por delante todos sus negocios.

Como las mujeres de Tellería y Ochandiano, era administradora de Kataia Consulting, una empresa pantalla. En su declaración ante el tribunal dijo desconocer todo aquello de lo que se le acusaba. Trabajó para otras empresas investigadas durante este proceso.

La tercera administradora de Kataia que, en vez de echar balones fuera, reconoció que realizó operaciones económicas y que cobró de dicha empresa.

Arquitecto que señala a De Miguel como su 'padrino' para conseguir contratos. Su empresa es la encargada de diseñar la ampliación del parque tecnológico, un plan 'rescatado' recientemente.

Empresario embarcado en proyectos variopintos, recibió órdenes de Alfredo de Miguel para reclamar una comisión a empresarios catalanes por la operación urbanística de Zambrana. Muchos le describen como 'fontanero' del PNV.

Con un delicado estado de salud y avanzada edad, su abogada peleó por que se le 'desimputase'. Reconoció su participación en operaciones sospechosas y se ofreció a devolver el dinero que había dejado de declarar.

Su firma aparece en el contrato para la ampliación del centro de Miñano. La denunciante dice que le avisó de que De Miguel estaba reclamando comisiones. Sánchez Alegría negó las acusaciones.

Como regidora de Zambrana pretendía levantar un polígono industrial en la localidad. Telefoneó a la sede del PNV alavés para contar su plan. De allí, le derivaron a De Miguel y éste, a su vez, le puso en contacto con Josu Arruti, que empezó a buscar empresarios interesados.

Fue gerente del parque tecnológico de Álava desde 2006 hasta su detención, que desbarató su aspiración a convertirse en candidato a la Alcaldía de Vitoria por el PNV. También perteneció a la junta directiva del Deportivo Alavés con Gonzalo Antón de presidente del club.

Contable de las sociedades investigadas, aunque la mayoría de los movimientos eran supervisados o sugeridos por su hermano y Ochandiano. Minutos antes de sentarse en la silla para declarar como imputada rompió un acuerdo con la Fiscalía por el que detallaría operaciones de las empresas investigadas.

Como directora técnica de Miñano supervisó uno de los concursos investigados. En todo momento negó que cometiera irregularidades a favor de la empresa Stoa.

'Número dos' de la consejera Miren Azkarate desde 2003 a 2009. Su firma consta en los contratos adjudicados a la 'trama De Miguel', pero él atribuye cualquier decisión al respecto al director del Departamento, Xabier Sánchez Robles.

Empresario especializado en la construcción de pabellones industriales, confesó que le había pagado a 'Txitxo' de Miguel la reforma de su casa en Górliz por el simple motivo de tener a una persona influyente a su favor.

Acusada de asociación ilícita y blanqueo de capitales. “Pongo la mano en el fuego, pedir comisiones no va con mi marido”, aseguró en el juicio. Dijo haber dedicado “siete segundos” de su vida a Kataia Consulting, los que tardó en plasmar su firma ante el notario.

Antiguo directivo de Construcciones Riera. Admitió que su socio, Fernández Joval, había accedido a pagar una comisión a la 'trama De Miguel' para asegurarse el proyecto de Zambrana.

El que fuera responsable de Construcciones Riera admitió en el juicio que pagó una comisión a Arruti y que no era la primera vez que tenía que pasar por caja para hacerse con un contrato.

Emprendedor en energías renovables, se le acusaba de haber realizado una venta de acciones a Arruti que reportó unas ganancias de 464.000 euros.

Puso en contacto a Josu Arruti con los empresarios catalanes para el proyecto de Zambrana. Antiguo dirigente de Unió, su nombre constaba al frente de muchas empresas 'satélite' de Riera Urbanizer.

Siempre a la sombra de Josu Arruti. Participó en operaciones relacionadas con la construcción del polígono industrial de Zambrana. Confesó irregularidades contables en beneficio de empresas de su cuñado.

Figuraba en los órganos de gestión de las empresas de su hermano Josu Arruti, unas sociedades que se embolsaron dinero del fallido 'macropelotazo' de Zambrana.