Urkullu se defiende ante las críticas de la oposición por no haber despedido aún a De Miguel
El lehendakari reconoce su «preocupación» por la «lentitud» de la Justicia, y argumenta que hasta que la Audiencia de Álava no se encargue de la ejecución de la sentencia y la haga cumplir «no es eficaz», a pesar del informe de Hazi que indicaba que era posible prescindir del exdirigente del PNV
Una vez más, Iñigo Urkullu se ha visto obligado a responder a los grupos de la oposición por el caso De Miguel. Y ya ... son dos plenos de control seguidos -desde que el Tribunal Supremo ratificase el pasado 10 de enero las penas de hasta 12 años de cárcel para cinco exdirigentes del PNV alavés- los que han aprovechado los partidos para someter al lehendakari a un escrupuloso escrutinio para que dé cuentas sobre el mayor caso de corrupción conocido en Euskadi. Más aún desde que se hizo público un informe de 2021 del gerente de Hazi, la fundación en la que trabaja Alfredo De Miguel, y que abría la puerta al despido del que fuera 'número dos' del PNV alavés sin haber esperado a que el alto tribunal dictase sentencia firme.
En realidad, el informe tumba el argumento esgrimido hasta la fecha por el Gobierno Vasco de que era imposible echar a De Miguel y prescindir de sus servicios. Y así se lo han recalcado este viernes tanto EH Bildu, como PP+Cs y Vox. No obstante, Urkullu se ha aferrado al mismo argumento en las tres preguntas a las que ha tenido que hacer frente durante el pleno de control: uno no se puede alejar del camino que marca la ley.
Según ha esgrimido el jefe del Ejecutivo autonómico, «hasta que la Audiencia Provincial de Álava no se encargue de la ejecución de la sentencia y la haga cumplir, no es eficaz». «El único título válido para iniciar la ejecución penal -ha insistido Urkullu- es la sentencia penal firme». De ahí que haya defendido que corresponde al tribunal alavés dar cuenta de una ejecución de sentencia que todavía no se ha remitido. «La administración aún no ha recibido notificación de la resolución, por lo que no procede iniciar ejecución penal alguna», ha manifestado el lehendakari.
Así, y entre acusaciones de haber «ocultado la verdad» y de permitir el «clientelismo político», Urkullu ha reiterado que «para respetar el principio de legalidad debemos entender que es el tribunal de Álava el que va a determinar nuestras actuaciones, y no un informe», en alusión al documento de Hazi. De hecho, el lehendakari ha asegurado que «cualquier alteración de esa situación equivaldría a la vulneración de derechos fundamentales de las personas condenadas». Y que, por tanto, el Gobierno Vasco «actuará» respecto al despido del líder de la trama en cuanto la Audiencia de Álava comunique la ejecución del fallo.
Ahora mismo, tanto De Miguel como Koldo Otxandiano se encuentran apartados de sus trabajos en dos entidades públicas a la espera de que se confirme la rescisión de sus contratos por parte del Ejecutivo de Vitoria, aunque aún mantienen su plaza como empleados de la Fundación Hazi y del Parque Tecnológico de Álava.
En todo caso, Urkullu ha asegurado que en cuanto se conozca la ejecución de la sentencia, se tomará la decisión que corresponda en los términos establecidos. «Tenemos todo preparado para hacerlo», ha apuntado. No obstante, ha manifestado que «a pesar de que ya han pasado varias semanas» desde que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, la comunicación sobre la ejecución de la sentencia aún no se ha producido. En este sentido, ha mostrado su «preocupación» por esta «lentitud» en la Justicia.
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