Servinabar transfirió 250.000 euros a una sociedad en la misma sede de Noran de Antxon Alonso en Donostia

Así consta en la información que la Hacienda de Navarra ha remitido al Tribunal Supremo tras ser requerida a ello en el marco de las investigaciones por la trama de corrupción por adjudicación de obra pública que tiene a Cerdán en prisión preventiva. La documentación también revela que Servinabar declaró una cifra de negocio de casi seis millones de euros (5,85) entre 2015 y 2023, principalmente por las adjudicaciones de contrato de obra pública en Navarra. En este plazo, pasó de ser una firma de servicios que facturó 13.450 euros (2015) a una constructora que declaró unos ingresos de 1,54 millones (2022).

Noran Coop. fue constituida por Alonso y Koldo García en Donostia el 26 de junio de 2015 con el objeto social de la compraventa de bienes inmobiliarios. La Guardia Civil resaltó la relevancia del momento en el que se creó esta cooperativa: el mismo mes en el que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de la explotación minera (Geoalcali), y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de la colaboración de esta con Acciona. De acuerdo a sus primeras investigaciones, desde Noran se habrían transferido más de 177.000 euros a Alonso y más de 8.700 a García, quien oficialmente dejó la empresa en enero de 2018.

La UCO intenta seguir la pista al destino de esos fondos transferidos a Noran en el marco de la trama de corrupción por la adjudicación de obra pública. Ahora ya se sabe, según el fisco navarro, que en 2024 fueron transferidos 117.200 euros; otros 116.571, en 2023; 115.839, en 2022; 79.648 en 2021; 79.678, en 2020; 60.762, en 2019; 116.818 en 2018; y 45.592 en 2016. Por su parte, Erkolan –una cooperativa de trabajo social fundada en 2008– recibió de Servinabar cuatro transferencias: una de 40.244 euros en 2020, y tres de 71.535 en cada ejercicio de 2021 a 2023.

Más allá de esos 732.000 euros transferidos por Servinabar a Noran, la información remitida por Hacienda al Supremo recoge que Alonso pasó de percibir unos ingresos anuales de 22.874 euros brutos en los primeros años de Servinabar (2015, 2016 y 2017) a los 79.411 euros que cobró entre 2019 y 2024, con una retención de 25.411 euros. Entre medio, en 2018, cobró 46.632, con una retención de 13.132. La constructora llegó a tener un máximo de 11 empleados en 2022 (5 fijos y 6 no fijos). Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 trabajó como administrativa Begoña Cerdán –hermana de Santos–, que a partir de esa fecha hasta 2025 pasó a ejercer en la asesoría que lleva las cuentas de Servinabar, según el entorno de la defensa del exdirigente socialista.

Al tiempo que se producían esos trasvases económicos, Servinabar se aseguraba hasta 14 millones de euros por su participación junto a otras empresas en Unión Temporal de Empresas (UTE) en seis obras públicas en Navarra. La mayor parte (9,4 millones), por el desdoblamiento del túnel de Belate, obra que está todavía en fase de ejecución y que por tanto no ha cobrado en su totalidad. Entre 2017 y 2023, el dueño de Servinabar y Alegure –que junto a Acciona ganó la obra del colegio público de Arbizu– se ha embolsado 4,6 millones, una vez descontado el IVA, de las cinco obras adjudicadas y ejecutadas: Navarra Arena, Archivo General, dos promociones de VPO en Erripagaña y el citado centro escolar.

Por otra parte, Leopoldo Puente –el magistrado del Supremo encargado de la causa contra esta trama– acordó ayer prorrogar seis meses la investigación judicial ante la magnitud que ha tomado el procedimiento. El plazo computará desde el 8 de septiembre hasta el 8 de marzo de 2026. El magistrado razona la prórroga por «muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro e intervenciones telefónicas», que aún está siendo analizado, y por la posible «necesidad de practicar nuevas diligencias». También tiene en consideración «la reciente incorporación(en junio) al procedimiento de seis investigados».