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Concentración de la Ertzaintza celebrada este jueves frente a la entrada del Parlamento Vasco. Blanca Castillo

Seguridad aplicará la ‘ley mordaza’ contra los ertzainas que protestaron ante el Parlamento

El Gobierno Vasco inicia el proceso sancionador a través de una Ley de Seguridad Ciudadana que la Cámara vasca pidió que no se aplicara en Euskadi

Miguel Villameriel

San Sebastián

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Viernes, 2 de marzo 2018, 14:12

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La política a veces produce paradojas como que un Gobierno formado por dos partidos (PNV y PSE) que quieren modificar una norma que consideran desproporcionada, en este caso la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como ‘ley mordaza’, se sirva de ese mismo instrumento legal para actuar contra algunos de sus funcionarios. Es lo que va a hacer el Gobierno Vasco con los representantes sindicales de la Ertzaintza que convocaron el pasado jueves una protesta ante las puertas del Parlamento Vasco, que derivó en imágenes de tensión que algunos miembros del Ejecutivo y representantes políticos calificaron como «acoso». La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, aseguró este viernes en el pleno de control del Parlamento que el comportamiento de los 250 ertzainas concentrados ante la Cámara de Vitoria fue «intolerable, denunciable y sancionable», por lo que anunció que su departamento «aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana» contra los promotores de la protesta.

«Lo que hicieron 250 agentes fue denunciable y sancionable, por lo que tendrá consecuencias»

Estefanía Beltrán de Heredi, Consejera de Seguridad

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la mayoría de sus consejeros vivieron momentos difíciles el jueves, cuando accedieron al Parlamento entre los gritos y silbidos de más de dos centenares de ertzainas fuera de servicio que llegaron a romper el cordón policial que habían formado sus propios compañeros para mantener la seguridad en el perímetro de la Cámara. La muerte, una semana antes, del ertzaina Inocencio Alonso durante los incidentes que se produjeron el pasado 22 de febrero en los prolegómenos del Athletic-Spartak de Moscú había caldeado los ánimos y la situación se fue de las manos, como reconocieron este viernes algunos de los sindicatos que habían convocado la protesta para exigir mayor seguridad para los agentes. Ante esta situación, el Gobierno Vasco podía hacer la vista gorda y no otorgar excesiva importancia al incidente o dar un puñetazo en la mesa para frenar de raíz este tipo de comportamientos. Optó por la segunda opción.

La ‘ley mordaza’

  • Régimen sancionador Sujetos responsables: Se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. (En este caso, los representantes de los sindicatos).

  • Posibles infracciones según lo ocurrido el pasado jueves nfracción grave: La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal

  • Infracción leve: El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos.

  • Sanciones Por tipo de infracción: Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

La consejera de Seguridad respondió con contundencia en cuanto tuvo ocasión, que fue en una pregunta parlamentaria que el PP realizó en el pleno de control del Parlamento sobre el dispositivo de la Ertzaintza en el Athletic-Spartak del 22 de febrero. Beltrán de Heredia aseguró que aquel operativo «estuvo bien organizado y planificado» y tuvo palabras de reconocimiento para el ertzaina fallecido a causa de un infarto, que será condecorado la próxima semana, pero centró su intervención en la protesta del pasado jueves. Advirtió que el «intolerable» comportamiento de algunos sindicatos (los convocantes de la protesta fueron Erne, ELA y Sipe) «tendrá consecuencias». Adelantó que «se les aplicará la Ley Seguridad Ciudadana con las sanciones administrativas que correspondan» porque rompieron el cordón policial que les impedía acercarse a pocos metros del Parlamento y «obstaculizaron el paso» a los miembros del Gobierno Vasco, así como a los peatones y el tráfico rodado.

«¿Va a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana contra esos manifestantes y no contra los radicales?»

Nerea Llanos, Parlamentaria del PP

Contra los firmantes

Suele ser habitual que diferentes colectivos se concentren para protestar al otro lado de la calle donde se ubica la puerta principal del Parlamento, pero el jueves fue la primera vez que los congregados cruzaron la calle y acosaron a los miembros del Gobierno Vasco en la entrada de la Cámara. Fuentes del Departamento de Seguridad señalaron a este periódico que el procedimiento sancionador se dirigirá a las personas que firmaron la convocatoria del jueves, aunque no concretaron si se les imputará una infracción grave o leve, según se estipula en la ley estatal de Seguridad Ciudadana de 2015, que el PP aprobó la legislatura pasada gracias a su mayoría absoluta.

Este recurso a la conocida como ‘ley mordaza’ es llamativo porque en la anterior legislatura el Parlamento Vasco pidió que esta norma no se aplicara en Euskadi, una iniciativa que contó con el respaldo del PNV, el partido al que pertenece la consejera de Seguridad. De hecho, el partido jeltzale ha impulsado en la presente legislatura una reforma de esta ley en el Congreso para eliminar algunos puntos polémicos como el de la prisión permanente revisable. El PSOE, por su parte, quiere derogarla en su totalidad.

Nerea Llanos, la parlamentaria del PP que preguntó a la consejera de Seguridad, censuró la «autocomplacencia» del Gobierno Vasco por la actuación policial del día 22 en Bilbao y criticó su «ejercicio de soberbia por amenazar a los ertzainas que le llevan la contraria». «¿Aplica la Ley de Seguridad Ciudadana contra esos manifestantes y no lo hace en otras ocasiones contra los radicales?», reprochó Llanos.

Osakidetza acusa a los sindicatos de la Ertzaintza de «banalizar» el derecho a la baja

Además de los incidentes que se produjeron el jueves a las puertas del Parlamento Vasco, la protesta de varios sindicatos de la Ertzaintza tuvo otra vertiente, que fue la amenaza que realizó el secretario general de Erne de que los agentes podían impulsar una «campaña de bajas médicas» que se extendería de los días 12 al 17 de este mes, por lo que afectaría de lleno al dispositivo policial de cara al partido de Europa League que enfrenta al Athletic y el Olympique de Marsella el día 15. Esta iniciativa provocó este viernes duras críticas por parte de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, de Osakidetza y del Colegio de Médicos de Bizkaia, que acusaron a los sindicatos de «banalizar» el derecho a la incapacidad temporal de los trabajadores y «menospreciar la profesionalidad» de los médicos, que son quienes deben decidir si una persona debe coger la baja.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, también salió al paso de esta amenaza de algunos sindicatos y emplazó a sus representantes a «explicar qué quieren decir cuando van a pedir la baja médica sin causa efectiva porque no quieren formar parte de un operativo». «Necesitamos saber eso y lo sabremos», advirtió. Beltrán de Heredia avanzó que pedirá explicaciones a los sindicatos en la mesa paritaria convocada la próxima semana.

El sindicato ELA-Ertzaintza se desmarcó de gran parte de la protesta del jueves. Precisó que no comparte el «modelo de protesta» basado en la petición de bajas masivas ni el insulto a los representantes públicos en el que derivó la protesta. «Fue más allá de la legítima petición de responsabilidades», afirmó ELA en una nota, en la que también apuntó que la propuesta de bajas masivas de Erne no estaba pactada.

Por otro lado, Erne remitió una carta a la consejera de Seguridad para recriminarle que se sintiera amenazada porque «se encontraba entre policías que se jugarían el físico por ella».

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