Víctimas reprochan al Gobierno que no les informara de la salida de 'Santi Potros'

Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', a su salida de la comida privada en Lasarte-Oria. / Javier Etxezarreta / EFE

La AVT se enteró de la excarcelación por su abogada y movilizó a su equipo de psicólogos para atender a los asociados afectados

A. González Egaña
A. GONZÁLEZ EGAÑASAN SEBASTIÁN.

«Al Gobierno de Pedro Sánchez no le hubiera costado nada una llamada, un tuit o lo que sea, mostrando su apoyo a los familiares de las víctimas del ex dirigente de ETA 'Santi Potros' que lo estarán pasando mal. Ya está, nada más». La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asegura que «esas cosas» son las que echan en falta cuando se produce una excarcelación de un preso como es el caso del histórico dirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, que abandonó el domingo por la mañana la prisión de Topas en Salamanca. Maite Araluce lamenta que para el Ejecutivo español «todo su interés se centra en los familiares de los terroristas, en lo mal que están los presos enfermos... cuando nosotros también estamos recibiendo atención psicológica, muchas víctimas están en silla de ruedas a raíz de sus atentados. ¿A nosotros quién nos da una palabra de cariño? ¿Quién se acerca a nosotros cuando ocurren estas cosas? Eso es lo que más duele todavía. Sufrimos una doble victimización».

En esta ocasión, la AVT pudo adelantarse a la noticia de la salida de prisión y preparar a sus asociados porque tuvo información previa de la salida de 'Santi Potros' por estar personada en la causa. Una de sus abogada estuvo presente en el último recurso y como parte en el caso pudo tener información con antelación a la puesta en libertad, lo que adelantó el protocolo para comenzar a preparar a las víctimas. «Había que decir a las que viven en Lasarte o alrededores que se pueden encontrar de frente con el asesino de su familiar», explica Araluce.

Tal y como marca el protocolo del colectivo de víctimas, la AVT contactó con sus asociados afectados por los atentados por los que el ya expreso fue condenado a más de 3.000 años de cárcel y, rápidamente, dispuso a su equipo de psicólogos para darles información y ayuda profesional uno a uno.

Entre los familiares de los asesinados se encuentra Juan Ignacio Calvo Guerrero, fallecido casualmente el mismo 5 de agosto de hace 32 años, 22 días después de la explosión en la plaza de la República Dominicana de una furgoneta bomba de ETA, ocurrida el 14 de julio de 1986. Los etarras inducidos por 'Santi Potros', entonces jefe de la banda terrorista, causaron en aquella acción en Madrid un total de doce muertes y numerosos heridos.

«Al Gobierno no le hubiera costado nada una llamada, un tuit o lo que sea, mostrando su apoyo a las víctimas» Maite Araluce (Presidenta de la AVT)

«La desidia de nuestros políticos ha hecho que España tenga un sistema de liquidación de penas totalmente injusto» Consuelo Ordóñez (Presidenta de Covite)

La AVT lamenta que después de tantos años de terrorismo etarra, con tantas víctimas de todo tipo, las instituciones «se preocupen más del bienestar de los terroristas encarcelados que del de las víctimas». Araluce denuncia que desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, el Gobierno español «no ha tenido unas palabras de cercanía para las víctimas del terrorismo y, sin embargo, toda su preocupación se centra en los beneficios para los presos, en los acercamientos...».

Los psicólogos de la AVT han tenido que aconsejar a algunas de las víctimas que vuelvan a terapia. «Muchas no entienden que desde las instituciones no se pongan en su pellejo. No queremos venganza ni que se pudran en la cárcel, pero creemos que la reinserción es más fácil cuando están lejos de las garras de los que han apoyado el terrorismo».

«Duele mucho», dice Covite

Covite también reconoce que la excarcelación de 'Santi Potros' «duele muchísimo». «Es muy doloroso que un sanguinario más esté en libertad, pero ya sabemos que ha salido por cumplimiento de la condena. Esto es lo que hay», reflexiona Consuelo Ordóñez. La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo denuncia que España tiene «un sistema de liquidación de condenas totalmente injusto, que les hace redimir penas y quedarse con estas penas ridículas». Culpa de esta situación a la desidia de los políticos españoles que «han permitido que este país arrastre un código penal que es una auténtica vergüenza en este terreno». «Lo malo es que ya no tiene remedio para las víctimas y tenemos que acabar asistiendo con auténtica indignación a salidas de la cárcel como esta última», añade.

La hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP de Donostia asesinado el 23 de enero de 1995, remarca que denunciará cualquier tipo de homenaje público que se pudiera producir en esta ocasión o en la de cualquier otro preso excarcelado. Ordóñez asegura, sin embargo, que si quieren hacer «los homenajes o las comilonas en su casa, en una herriko o donde quieran», le da «exactamente igual» porque entiende que eso no sería un «ilícito penal».