Sánchez reabre con el PNV la negociación sobre la histórica sede del Gobierno Vasco en París

La falta de consenso ha complicado hasta ahora la negociación y amenazaba con impedir que esta propuesta prospere en esta legislatura. ERC exige que se derogue la Ley de Amnistía de 1977

El texto incluye una disposición que facilitaría al PNV reactivar una antigua reivindicación: la recuperación de este inmueble de 1.309 metros cuadrados en París, un palacete cerca de los Campos Elíseos. «Su legítimo dueño sigue siendo el PNV y España sigue en deuda con nosotros», ha asegurado en los últimos meses el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

El Gobierno central ha incorporado en este proyecto de ley una disposición adicional, denominada 'Bienes y derechos incautados en el extranjero', que fija que las disposiciones previstas en la ley de 1998 que aprobó el Gobierno de José María Aznar, del PP, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil, «serán de aplicación a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero» en materialización de un acuerdo que firmaron España y Francia, el 25 de enero de 1939 «aun cuando el título de propiedad del Reino de España hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de estados extranjeros».

El proyecto establece que, además de los beneficiarios previstos en la ley de 1998, «lo serán también los partidos políticos respecto a los bienes que hubieran pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica sustentadas en negocios o pactos de interposición personal».

La redacción puede satisfacer la vieja reivindicación e interpretación nacionalista sobre el emblemático edificio de la avenida Marceau, que ya figuró entre las exigencias del PNV desde los tiempos de la negociación con José María Aznar. La negociación estuvo a punto de cerrarse con el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, aunque con una indemnización económica a cambio.

Pero el pacto de Lizarra hizo descarrillar la negociación. Los jeltzales acudieron a los tribunales y, en 2003, el Tribunal Supremo falló en su contra al considerar que «nunca fue incautado en aplicación de la ley franquista de responsabilidades políticas y que su integración en el Patrimonio del Estado (español) se efectuó en virtud de sentencia judicial» de un tribunal parisino.

En 1944, después de la liberación de París, la delegación vasca volvió al palacete de la Avenue Marceu hasta 1951. En el Gobierno francés había en aquel entonce un primer ministro socialista, Mendes-France. Según señala el exsenador jeltzale Iñaki Anasagasti, al franquismo le empezaba a molestar el palacete. El Ejecutivo galo intentó buscar una salida intermedia con otro inmueble, pero el lehendakari Agire se negó en rotundo a cualquier transacción. Una vez que el tribunal del Sena dirimió el pleito a favor del Estado español, un grupo de vascos venezolanos adquirieron un pequeño hotel en la rue Singer, en París, en donde se instala el despacho de Agirre y después el de Jesús María Leizaola.

La negociación se retomó en la época de Carmen Calvo como ministra de Cultura (2004-2007). La disposición recogida en el proyecto de ley del Gobierno Sánchez no implica tampoco una inmediata devolución del edificio a los jeltzales.

El artículo 31 del texto, que prevé la elaboración de una auditoría de incautaciones durante el franquismo, no garantiza que los particulares afectados los vayan a recuperar automáticamente, pero sí abre una vía para explorar soluciones. El Cervantes calcula en cuatro millones de euros las obras de mejora en el edificio. Los conocedores de la negociación opinan que con la nueva ley y un análisis de la documentación, el PNV tiene más posibilidades de ganar esa batalla, pero que el desenlace podría pasar por una compensación económica a los jeltzales.