Sánchez confía en que el Congreso apoye la reforma de la ley para desclasificar documentos del caso Zabalza

El presidente del Gobierno ha respondido a la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, por la que se podrían desclasifircar documentos sobre el caso Zabalza, está ahora mismo en fase de enmiendas en la Comisión Constitucional y ha confiado en que «tengamos una mayoría de grupos parlamentarios para sacar adelante una de las leyes más importantes, probablemente, de esta legislatura». La portavoz jeltzale en la Cámara baja ha preguntado a Sánchez «cuándo va a desclasificar el Gobierno los documentos del caso de Mikel Zabalza» y ha instado al presidente a responder «a qué tienen miedo, pero sobre todo, a qué están esperando».

Sánchez, que ha mostrado primero su «respeto» por la memoria y su solidaridad con su familia, ha expresado que entiende «que ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas ni tampoco de la fiscalización de sus actos, y más aún cuando estamos hablando de las consecuencias tan trágicas que sufrió Zabalza y también su familia». Ha reconocido así el derecho de la ciudadanía «a conocer su historia y, por tanto, tener una ley moderna que, por fin, establezca la desclasificación automática transcurridos ciertos plazos».

El PNV ha aprovechado la sesión de control de este miércoles en el Congreso para exigir a Sánchez la desclasificación de los documentos relativos al asesinato de Mikel Zabalza, justo el día en el que se cumplen 40 años de su detención en una operación antiterrorista. Zabalza era un conductor de autobús y militante del sindicato nacionalista ELA que fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián y llevado al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. Veinte días después su cuerpo apareció en el río Bidasoa, torturado y esposado.

El presidente ha recordado que en febrero pasado se comprometió con el PNV a sacar adelante la Ley de Información Clasificada, que es una de las actuaciones previstas en el Plan de Acción por la Democracia, que ha sido enviada a las Cortes Generales y que se encuentra hoy en comisión constitucional, en fase de enmienda. Sánchez ha dicho a Vaquero que no tiene «miedo a nada» y que está en manos de los diputados impulsar la citada reforma. «Esta ley no la puede aprobar solo el Gobierno, tiene que aprobarla el Poder Legislativo», ha insistido.

Vaquero ha recordado que han pasado 40 años y el Gobierno español «se niega a esclarecer los hechos, niegan la verdad a la familia y a la sociedad en general, y hablan de verdad, de justicia y de reparación, pero la niegan para la familia Zabalza Garate». La portavoz jeltzale ha recordado que han preguntado e interpelado en numerosas ocasiones sobre este caso, también sobre el bar Aldama y sobre los asesinatos del 3 de marzo en Vitoria, «y lo seguiremos haciendo hasta conocer la verdad». «Está en sus manos, lo pueden hacer desclasificando los documentos, ya que es el Consejo de Ministros, según la ley franquista del 68, quien puede clasificarlos, también los podrá desclasificar». ha remarcado.

En esta sesión también el portavoz de Justicia de Bildu, Jon Iñarritu, ha reclamado al ministro del ramo, Félix Bolaños, que explique qué pasos va a dar el Ejecutivo para «esclarecer casos como el de Mikel Zabalza». En su respuesta, el ministro ha reiterado «el compromiso de este Gobierno con los derechos humanos y con el esclarecimiento de la verdad». Ha insistido en que la Cámara baja tiene «una oportunidad de modificar una ley franquista de 1968, ajena a cualquier voluntad y parámetro democrático, y aprobar la ley nueva de información clasificada que el Gobierno ha traído» para su tramitación y aprobación.

Iñarritu ha evocado que han sido «cuarenta años de silencio oficial, de mentiras, de impunidad, y a día de hoy el Estado ha incumplido un deber que tiene, que es el de la verdad». Ha cidado que el Gobierno Vasco y el Gobierno navarro, han reconocido a Mkel Zabalza como víctima de la violencia policial y ha añadido que han sido «cuarenta años de secreto, cuarenta años de clasificación y, sobre todo, cuarenta años de impunidad y de reconocimiento para los responsables de esos hechos». Le ha dicho a Bolaños que «un Gobierno que aboga por la profundización democrática, por la memoria histórica, por apoyar a las víctimas, no debería mantener bajo llave documentos que podrían esclarecer qué ocurrió: torturas hasta la muerte, encubrimientos, coartadas falsas y humillaciones a las víctimas».