Una reforma electoral espinosa

El debate para reformar la ley electoral vuelve a estar encima de la mesa, lo que pone a las formaciones nacionalistas en alerta porque algunas de las modificaciones que plantean partidos como el PP o Ciudadanos podrían mermar su representación en el Congreso de los Diputados. Como cada vez que se plantea este debate, todos los partidos tratan de dar con una fórmula perfecta, que parece inexistente, para lograr la proporcionalidad de los escaños representados en las Cortes en función de los votos obtenidos en cada circunscripción. ¿Es justo, por ejemplo, que Pacma cuente con más votos que el PNV o EH Bildu y no tenga ni un asiento en las Cortes? El debate está servido.

Las reglas de juego de la competición electoral en España se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Se trata de un sistema que divide el mapa electoral en 52 circunscripciones -50 provincias y dos ciudades autónomas- para asignar los 350 escaños de los que se compone el Congreso de los Diputados. Este procedimiento establece que por cada circunscripción corresponden un mínimo de dos diputados fijos -a excepción de Ceuta y Melilla, que tienen uno por cada ciudad autónoma- y el resto de diputados se reparten en función del censo de cada provincia. «Por eso tiene efectos distintos la fórmula electoral en función del tamaño de los territorios», explica Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Complutense y diputado socialista. La fórmula en que se basa el sistema electoral español tiene su base en la Ley D'Hondt. Un método que deja algunos flecos sueltos, ya que el número de votos necesarios para lograr un escaño no es igual en cada provincia. A mayor número de ciudadanos en una circunscripción, más caro sale a un partido político sacar un diputado. La fórmula trata de evitar que las provincias más pequeñas queden infrarrepresentadas. Así, en las últimas generales, por ejemplo, el PP logró un escaño por cada 57.000 votos y el PSOE uno por cada 60.000. Por el contrario, Ciudadanos, menos implantado en provincias pequeñas, precisó de 97.000 papeletas por cada asiento en la Cámara baja. Madrid y Soria, de hecho, son las provincias que se sitúan más en los extremos. Si en el territorio castellano se necesitan alrededor de 12.000 votos para lograr un diputado (hoy tiene un censo electoral que ronda las 78.000 personas), en Madrid se precisan casi 100.000.

Afrontar una reforma electoral no es cuestión baladí. Principalmente, porque no existe un sistema que aborde unos comicios perfectos. Y lo que antes podía interpretarse como un agujero dentro del proceso electoral, con una hipotética reforma el nuevo sistema implantado se encontrará de frente con otro procedimiento repleto de sesgos. En cualquier caso, y ante todo, el primer paso para abordar un cambio en el procedimiento electoral es el consenso, o la mayoría, en torno a unos «objetivos políticos claros», manifiesta Francisco Llera, director del Euskobarómetro. Con ese horizonte marcado, entonces serán los técnicos los encargados de rediseñar los cambios necesarios, una vez definidos los componentes a 'tocar' y comprobar dónde están regulados (Constitución, estatutos autonómicos...), continúa Llera. Para Urquizu, existen varias vías por las que poder transitar. Una sería incrementar la proporcionalidad, y esto se puede lograr, dice, aumentando hasta 400 los diputados representados en el Congreso -un aspecto que permite la Constitución- para que así esos 50 escaños 'de más' puedan ser repartidos en una circunscripción única. «Habría entonces dos listas, una provincial y otra federal», explica el sociólogo. Otra vía podría ser cambiar directamente la fórmula electoral «hacia una más proporcional que tendría efectos en circunscripciones de tamaño intermedio» o cambiando el número de diputados por provincia, eliminando así los dos fijados por cada territorio. Un método complicado este último, ya que habría que abordar una reforma de la Carta Magna. Urquizu también explica que otro sistema podría ser el de «aumentar la libertad de elección» del votante, es decir, dar cabida a las listas abiertas; o implantar el 'voto transferible': que los ciudadanos marcasen primera, segunda y tercera opción y que los partidos que no obtuvieran representación, transfirieran su segunda opción hacia otros partidos. «Se aplica en Irlanda», apunta el sociólogo.

Los recelos existentes alrededor de la LOREG están de nuevo candentes desde que Pablo Casado se hizo con la presidencia del PP. Aunque otros partidos políticos -como Podemos o Ciudadanos- ya abanderaron anteriormente la necesidad de abordar una reforma de la ley electoral. Los principales argumentos que esgrimen para modificar la norma es su «desproporcionalidad o sesgo mayoritario», apunta Urquizu, y también que estén implantadas las «listas bloqueadas y cerradas», continúa Llera. Un aspecto que, según el profesor de la Complutense, «favorece las estructuras internas» de las distintas formaciones políticas. No obstante, y a ojos de Francisco Llera, las críticas son, por lo general, «muy superficiales y de corte partidista». Aunque coincide con Urquizu en que la «desproporcionalidad» vuelve a estar en el punto de mira, sobre todo, de los pequeños partidos o los que salen más perjudicados. Además, explica, hay un «cuestionamiento de la supuesta sobrerrepresentación» de algunos partidos nacionalistas (como el PNV o las formaciones catalanas) y también que existe la necesidad de 'premiar' a la mayoría ganadora ante los nuevos problemas de gobernabilidad desde que Podemos y Ciudadanos irrumpieron en el hemiciclo. A juicio de Llera, todas estas críticas se conforman como «munición electoral» y están «cargadas de demagogia para desgastar» a los competidores. Por eso, considera «difícil que obtengan el consenso necesario para obtener su viabilidad, porque son escasamente sistémicas», apunta.

Principalmente, las ideas de quienes son partidarios de modificar la ley electoral buscan aumentar la proporcionalidad votos-escaños y dar más libertad de elección al votante a la hora de enfrentarse a las urnas, según explican los expertos. Unidos Podemos y Ciudadanos ya formaron en febrero un tándem para tratar de sacar adelante una reforma de la LOREG que se basa, especialmente, en intercambiar el sistema D'Hondt por el Sainte-Laguë, otro método matemático implantado en Alemania, Suecia, Noruega, Ecuador o Dinamarca. En su propuesta conjunta, también incluían el 'sistema cremallera' para aumentar del 40 al 50% la representación de mujeres en las listas electorales, alternando así los candidatos por género, además de querer suprimir el 'voto rogado' para facilitar que los ciudadanos españoles que viven en el extranjero no se encuentren con tantas trabas a la hora de depositar su papeleta. Tanto el partido de Pablo Iglesias como el de Albert Rivera buscan igualmente reducir los gastos en campaña y regular por ley los debates electorales. Y aunque la formación morada incluía en su propuesta particular rebajar hasta los 16 años la edad mínima para poder votar y aumentar hasta los 400 los escaños en el Congreso, el partido naranja no lo secunda. Lo que sí propone C's es poner un mínimo del 3% de votos en toda España para tener representación, en aras a menguar a las fuerzas nacionalistas. Ahora, además, el PP ha mostrado sus intenciones de materializar un cambio en la ley electoral para que gobierne la lista más votada y así blindar al partido ganador. El PSOE también ha llevado en su programa algunas de las propuestas anteriormente mencionadas, pero nunca ha dado un paso más allá.

Para Llera, siempre habrá beneficiados y/o perjudicados directos en términos de representación. Pero lo cierto es que, con la LOREG implantada, los terceros y cuartos partidos nacionales (como Podemos y Ciudadanos) son los que salen peor parados, ya que -según explica Urquizu- estas formaciones no concentran votos en un territorio en concreto y «pierden» además muchos sufragios en circunscripciones pequeñas y medianas. Todo lo contrario a lo que les sucede a PP o PSOE, que tienen una mayor implantación en localidades más pequeñas, o incluso al PNV. Los jeltzales concentran el voto en los tres territorios vascos, por lo que necesitan menos papeletas para sacar diputados que lo que le puede costar al partido animalista Pacma, ya que sus apoyos están dispersos por todo el Estado y no consiguen concentrar un mínimo porcentaje de papeletas en una provincia para conseguir el escaño deseado. El sistema implantado en España, por lo tanto, recompensa el voto aglutinado y perjudica al esparcido. ¿Es justo? Siempre dependerá de quién responda a la pregunta.