Los pulsos soterrados entre Robles y Marlaska

En el real decreto del nombramiento de Espejo, Robles, que firma los nombramientos de los oficiales de alto rango de la Guardia Civil, hizo constar expresamente una alusión a que la propuesta era «trasladada» por el ministro del Interior. Al inicio de su mandato no utilizaba esta coletilla pero comenzó a emplearla para, de paso, marcar ciertas distancias con algunas decisiones de su colega del Ejecutivo. El ascenso fue adoptado previa deliberación del Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2022. El decreto, rubricado por la ministra y por el Rey, fue publicado por el Boletín Oficial del Estado.

Esta última redacción responde a un cambio de criterio que se produjo meses después de la llegada de María Gámez a la Dirección General de la Guardia Civil, que abandonó a final del mes pasado. De hecho, otros ascensos anteriores se materializaron con explicaciones diferentes.

Así, en diciembre de 2020, Espejo fue ascendido de general de División a general de Brigada «a propuesta de la ministra de Defensa, oído el ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros». Esta era la redacción utilizada habitualmente desde la anterior legislatura, con el Gobierno del PP, a la hora de dar luz verde a los ascensos en la cúpula del instituto armado, que es de naturaleza militar y tiene una doble vinculación con Defensa y con Interior.

Con anterioridad a este ascenso, según publicó también el Boletín Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2020, el Ministerio del Interior concedió la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil a Espejo, entonces responsable de la Jefatura de los Servicios Técnicos de la Guardia Civil «en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el general de Brigada a propuesta del ministro del Interior, oída la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros».

En fuentes del Congreso se apunta la existencia de un serio malestar reconocido por Robles a su entorno de confianza por este asunto. Públicamente no ha habido ninguna reacción oficial.

Interior aclara, eso sí, que desde Defensa no hubo en su momento la más mínima crítica ni contestación al ascenso que se produjo hace un año y que si ahora afloran algunas pegas parten a partir de «relatos construidos por terceros a posteriori».

En todo caso, este último reajuste en la cúpula de la Guardia Civil ha sido duramente cuestionado en el País Vasco al tratarse hoy de un alto oficial de la máxima jefatura del Cuerpo que en noviembre de 1985 era el responsable de la custodia de Mikel Zabalza tras ser detenido por agentes de la 513 Comandancia de Intxaurrondo.

Según se constató en un auto judicial que no halló indicios de culpabilidad en los años 80, él fue el teniente que, según la versión oficial, conducía a Zabalza esposado y agarrado por el brazo izquierda por el túnel de Endarlaza por el que supuestamente huyó, de madrugada, tras derribar a Espejo al suelo, y caer luego a las aguas del río Bidasoa, donde su cadáver fue encontrado 16 días después.

Esta versión oficial ha sido muy cuestionada desde entonces en el País Vasco y hasta el propio Gobierno Vasco reconoció hace meses que Zabalza fue víctima de una vulneración de derechos humanos. «Existen fuertes presunciones de hecho de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte», concluyó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Valoración de las solicitudes de reconocimiento de la ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999.

También se afirma en el citado informe que los hechos no han prescrito. Sin embargo, a día de hoy la Justicia no ha encontrado suficientes pruebas para incriminar a los responsables de su detención. La ausencia de imputaciones por aquellos hechos fue el argumento empleado la semana pasada en el Senado por el ministro del Interior para justificar el ascenso sobre el principio de la presunción de inocencia de este alto oficial, que compareció el pasado 30 de marzo en el Congreso para explicar las posibles irregularidades en el denominado caso Cuarteles. Las explicaciones de Grande-Marlaska fueron rebatidas por los senadores de PNV y Geroa Bai, autores de las preguntas en la Cámara alta.

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha manifestado también su «vergüenza» por la decisión y anunció que trasladará al titular de Interior la necesidad de revisar este tipo de procedimientos.

La ministra de Defensa tuvo un gran protagonismo en contra de la 'guerra sucia' contra ETA cuando fue secretaria de Estado de Interior del último Gobierno de Felipe González. Se envolvió entonces en la bandera del principio de legalidad en la lucha antiterrorista. Esta actitud de firmeza le llevó a librar un pulso con el entonces jefe de Intxaurrondo, el general Enrique Rodríguez Galindo, y con los sectores más tradicionales de la 'vieja guardia' del Ministerio del Interior.

La posición de Robles fue decisiva junto a la del comisario Enrique de Federico y la de Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Gipuzkoa –y asesinado por ETA– para que avanzara la investigación contra Galindo y los demás responsables del secuestro, torturas y asesinato de Josean Lasa y Joxi Zabala.