Los dos primeros acercamientos de presos agrietan la unidad de los partidos en el final de ETA

. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar los acercamientos de presos con dos disidentes de ETA que han pedido perdón a las víctimas del terrorismo agrieta la unidad de los partidos en el final de la organización terrorista ya disuelta. Mientras el Ejecutivo socialista admite, incluso, la posibilidad de que se puedan dar más movimientos en las próximas semanas, el PP no solo lo critica, sino que va aún más lejos, al considerar que es «el rédito que el PNV extrae por su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy y que ahora empieza a cobrarse con esta nueva política penitenciaria».

El Gobierno del PSOE, de boca de su delegado en Euskadi, Jesús Loza, realizó ayer un llamamiento al consenso entre el PSOE y el PP en esta cuestión porque es «política de Estado» y volvió a defender la adecuación de la política penitenciaria a la situación actual de Euskadi. Tras conocerse el traslado de los presos disidentes de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo de la cárcel de Villabona, en Asturias, a la vizcaína de Basauri, Loza enmarcó estos acercamientos en un gesto «para indicar al resto de presos cuál es el camino a seguir» y consideró que «es mucho mejor» para todos apoyar la reinserción de los presos de ETA. Todo ello se resume en lo que desde el Ejecutivo definen como nueva política penitenciaria orientada a la convivencia.

Reiteró que los traslados de Sanz y Moreno se han hecho en cumplimiento «estricto» de la legalidad, por lo que «no es un beneficio penitenciario» y avanzó que el proceso en el que se va a implicar la Administración del PSOE consistirá en «algo parecido» a la denominada vía Nanclares que se puso en práctica durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Loza defendió que el objetivo de la política penitenciaria que ha puesto en marcha el Ejecutivo Sánchez es la reinserción y precisó que ésta va ligada a la autocrítica. «Un preso no se acuesta terrorista y se levanta demócrata de toda la vida. Es un proceso y en él puede necesitar ayuda. La Administración puede ayudarle, pero es el preso el que debe dar los pasos», remarcó.

Ante la polémica que ha generado el inicio de los acercamientos, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se limitó a enmarcar estas decisiones «en un hecho puntual». Sobre futuros posibles acercamientos, precisó que «hay que analizar caso por caso porque cada uno es distinto». «Tienen que cumplir los requisitos legales y luego Interior irá diciendo en cada caso», apuntó.

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en cuyo mandato se concedió el tercer grado a la presa Sanz Moreno, que se acogió al proceso de reinserción impulsado por su antecesor Jorge Fernández Díaz, también del PP, criticó el traslado y recalcó que las víctimas del terrorismo merecen el «máximo reconocimiento». A su entender, no es «justo» que se falte a su «memoria» y «dignidad» para pagar «favores» al PNV.

El PP vasco insistió en acusar al presidente del Gobierno de poner en la agenda a los presos de ETA «para hacer un favor a un PNV supeditado a Bildu». Amaya Fernández aseguró que estarán «vigilantes» ante los movimientos que se hagan con los reclusos y avisaron de que si no se cumple la ley, se manifestarán en las calles. Los populares vascos no se fían de Sánchez «porque es un Gobierno que negocia la legalidad como lo ha hecho con la ley de abusos policiales». En la misma línea, Ciudadanos cargó contra el Gobierno porque considera que se debe a «las hipotecas» que adquirió el jefe del Ejecutivo con el PNV y EH Bildu.

Desde la formación jeltzale, aludida en muchas de las apreciaciones de los populares y de representantes de Ciudadanos, rechazaron hacer cualquier tipo de declaración sobre el asunto, y remarcaron que su posición es de sobra conocida y que no iban a contribuir a «alimentar la polémica».

Jasone Agirre, parlamentaria de EH Bildu, afirmó por su parte que «el Gobierno tiene simplemente que cumplir la ley» para que los presos cumplan condena en cárceles cercanas a su domicilio y apuntó que «ninguna ley dice nada sobre el perdón», que considera «una cuestión personal». La diputada asturiana de Podemos Sofía Castañón respaldó el acercamiento de los dos reclusos como una forma de «salir del estado de excepcionalidad» en el que considera que se encuentra España en este ámbito.