Víctimas no se oponen a traslados que cumplan los requisitos legales
Covite y AVT admiten que la decisión es «totalmente ajustada a derecho» y avisan que estarán «vigilantes» ante futuros acercamientos
Víctimas de ETA ven «absolutamente legal» lo que consideran estrictamente como «traslado» de dos presos disidentes de ETA a la cárcel de Basauri. Este es el caso del colectivo de víctimas del terrorismo Covite que admite que es una decisión «totalmente ajustada a derecho». Su presidenta, Consuelo Ordóñez, apunta además que con respecto a los dos reclusos disidentes de ETA Olga Sanz y Javier Moreno, «ahora se les puede requerir la colaboración y que me acrediten que lo han hecho, dado que éste es uno de los requisitos legales preceptivos para estar en tercer grado».
Ordóñez recuerda que «jamás» ha criticado ningún acercamiento de presos de ETA «si se cumplen los requisitos» legalmente establecidos como en este caso y que por tanto, no tiene «nada que decir». La presidenta de Covite recordó además que el juez de Vigilancia Penitenciaria concedió el tercer grado tras el informe favorable de reinserción elaborado por Instituciones Penitenciarias durante el «Gobierno del Partido Popular» en el que se acredita que ambos reclusos cumplen los requisitos fijados por ley. A su juicio, «el PP es el primero que ya tenía pactados con el PNV los acercamientos y la transferencia de prisiones. Ahora si quiere hacer política de oposición, que la haga», afirmó Ordóñez.
«Si se cumplen los requisitos legales no tenemos nada que decir»
Consuelo Ordóñez, Presidenta de Covite
«Nuestra asociación está en contra de cualquier tipo de acercamiento»
Miguel Folguera, Consejero de AVT
Expuso que en el momento en el que se concede el tercer grado a un preso lo «lógico» es que el último tiempo que reste de su condena lo cumpla en cárceles cercanas a su domicilio «ya que es ahí donde tiene que prepararse para su reinserción». «Esto no lo podemos criticar», concluyó.
«Caso muy particular»
También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reconoció que el traslado «cumple con los requisitos establecidos por la ley», aunque el consejero del colectivo Miguel Folguera anunció que estará «vigilante» ante los movimientos que puedan darse en próximas semanas. Tras recordar que la asociación de víctimas está en contra «de cualquier tipo de acercamiento», se escudó en que se trata de un caso «muy particular», por lo que, a su juicio, no se enmarcaría en el listado de «cesiones» que el presidente Sánchez ha podido acordar con el PNV a cambio del apoyo en la investidura.
Pero, insistió, estarán «con el ojo puesto» en los movimientos que puedan darse en los próximos meses en relación al acercamiento de presos etarras. Folguera recordó que tanto Sanz como Moreno «no tienen delitos de sangre, han colaborado con la Justicia o se han arrepentido por los delitos cometidos».