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La disputa interna en Eusko Alkartasuna ha vuelto a elevar este domingo la tensión que viven desde 2019 la dirección del partido y el sector crítico. La obligación por mandato judicial de celebrar primarias en EA en el plazo de un mes se acaba de ... convertir en el caballo de batalla. El portavoz del sector crítico de EA ha explicado en una comparecencia en Vitoria que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de la dirección de Eba Blanco contra la sentencia que declaró nulo el proceso de primarias anterior. Ramírez, candidato a la secretaría general de EA ha puesto sobre la mesa la diligencia del Juzgado de ejecución de Vitoria que «insta definitivamente a Eusko Alkartasuna para que en el plazo de un mes cumpla con su obligación de poner en marcha el proceso de primarias que fueron anuladas». Ha pedido por ello a la actual líder, Eba Blanco, que no entorpezca «la libre expresión de la voluntad de la afiliación» de EA.
El representante de los críticos ha pedido a la dirección nacional de EA y a EH Bildu que acepten «la realidad de la necesidad de democratizar» el partido liderado por Blanco. Respaldado por varios militantes, Ramírez ha manifestado que «aquellos hombres y mujeres que hemos trabajado y hemos reivindicado la democracia interna en Eusko Alkartasuna hemos ganado en este proceso y la afiliación va a recuperar el derecho a votar y a elegir a su secretario general, que la dirección nacional de Eba Blanco les hurtó en las primarias de 2019».
Según Ramírez, el proyecto político deEA va a volver a la «primera línea política de este país», lo cual considera «una buena noticia, no solo para Eusko Alkartasuna y su proyecto, para el conjunto de EH Bildu y para el conjunto del país, porque es evidente la necesidad de un proyecto político abertzale, radicalmente abertzale y socialdemócrata».
En el proceso de primarias de 2019, según ha recordado, se presentaron dos candidaturas, una liderada por él, que consiguió «más de 400 avales, frente a los 55 que consiguió Eba Blanco», pero la dirección y el aparato del partido decidió dejar fuera a «los más de 400 afiliados que presentaban esta candidatura» que lideraba. Ha destacado por ello que varias instancias judiciales han coincidido en que se había producido una «irregularidad democrática manifiesta y, por lo tanto, debían repetirse esas primarias».
La decisión de los juzgados de Vitoria de ordenar a Blanco iniciar el proceso de convocatoria de primarias supone, en su opinión, que «va a restituir el derecho de la afiliación a tomar sus propias decisiones y reconducir la impresentable deriva antidemocrática en la que se había asumido a EA».
La Ejecutiva de Eusko Alkartasuna por su parte ha respondido al sector crítico y le recuerda que los estatutos del partido fueron aprobados en un congreso ratificado en sentencia firme. Argumenta que tanto la dirección de EA, encabezada por la secretaria general, Eba Blanco, así como los estatutos del partido en los que no se contempla un proceso de primarias, están blindados desde el año pasado, por dos sentencias firmes dictadas por la Audiencia Provincial de Gasteiz. En un comunicado, EA recuerda que los juzgados avalaron los resultados de los congresos nacionales de febrero y noviembre de 2022 y que «un congreso es el máximo foro de participación de la afiliación».
En su explicación manifiestan que los tribunales en sentencias firmes han ratificado que la ejecutiva nacional ha sido elegida en función de un proceso congresual que «ha respetado íntegramente los derechos de participación de cada persona afiliada». Y que por lo tanto, los recursos presentados por el sector crítico que representa Maiorga Ramírez contra los mencionados congresos fueron totalmente desestimados por sendas sentencias de los Juzgados Gasteiz. Ambas sentencias son firmes y por tanto no cabe recurso alguno ante ninguna instancia.
La dirección de Eusko Alkartasuna asegura que reciben la decisión de la oficina de ejecutorias de la Audiencia Provincial de Álava «con estupor ante la flagrante contradicción jurídica que genera, ya que las citadas sentencias que blindan la ejecutiva y los estatutos ofrecen una seguridad jurídica firme». De hecho, apuntan, la ejecutiva «ha cumplido» con la sentencia al realizar el pertinente proceso congresual.
Explican que la dirección está analizando con los servicios jurídicos los siguientes pasos a dar «para hacer valer las decisiones judiciales firmes que avalan su gestión democrática».
Aseguran que la obligación de la ejecutiva del partido es defender «donde sea necesario» los derechos y las decisiones de la afiliación, «que democráticamente votó en los congresos de 2022 y cuyas decisiones siguen vigentes con el aval judicial».
El partido que lidera Blanco, denuncia que «una vez más es el sector de Maiorga Ramírez el que ha generado semejante caos jurídico». Según indican, «fue ese sector el que decidió judicializar la vida política del partido, habiendo herramientas democráticas internas para defender sus derechos como afiliados. Con su estrategia, además de costes económicos para el partido, han generado una grave contradicción jurídica que Eusko Alkartasuna no puede resolver, ya que no es posible realizar unas primarias con la actual ejecutiva avalada por sentencias firmes ante las que no cabe recurso».
Ramírez ha respondido de nuevo a Blanco y ha calificado de «falsedades» sus argumentaciones y se ha remitido al auto de la juez, de marzo de 2022, en el que se indica que modificar la forma de elección de la secretaria general «no puede servir para burlar el fallo de la sentencia».
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