El nuevo Tribunal Constitucional progresista tiene el reto de resolver la ley del aborto y la eutanasia

Doce años después de la aprobación de la ley del aborto de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP recurrió entonces varios artículos de la norma, en concreto que se pueda interrumpir la gestación hasta las 14 semanas -hasta las 22 por causas médicas- o que las menores de más de 16 años no necesiten el consentimiento de uno de sus progenitores. El ponente de la resolución es el conservador Enrique Arnaldo. En cualquier caso, y ante un posible revés, el Gobierno ha promovido ya otra ley para atar «el derecho al aborto». Dos diputados del PP y una de Vox se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la tardanza del Constitucional español en pronunciarse.

La Lomloe -conocida por el nombre de la exministra socialista de Educación, Isabel Celaá- también motivó sendos recursos ante el Constitucional por parte de PP y Vox. Ambas formaciones argumentan que la reforma educativa vulnera la Carta Magna en cuestiones como la enseñanza de religión, el castellano como lengua vehicular en Cataluña o el derecho de elección de los padres a matricular a sus hijos en centros concertados.

El PP y Vox recurrieron la norma que regula las condiciones para poder decidir sobre cómo morir, ratificada por las Cortes en marzo de 2021 por una amplia mayoría. Los populares sostienen que el artículo 15 de la Constitución establece que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Vox coincide en que «hay una clarísima colisión de la ley de eutanasia con el derecho fundamental de la vida».

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el acta de diputado a Alberto Rodríguez (Podemos) tras ser condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por un atentado a un agente de la autoridad. Rodríguez, ex 'número tres' de Podemos, recurrió al Constitucional al considerar que se vulneró su derecho a un juez imparcial y que Batet le retiró el acta sin la aprobación del pleno del Congreso.

El pasado febrero la reforma laboral del Gobierno se aprobó por la mínima gracias a un error en el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero. Aunque los populares se percibieron del error antes del que el pleno del Cámara baja se pronunciase, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, rechazó permitirle una nueva votación. De nuevo PP y Vox coincidieron en presentar recursos. Para los populares se conculcó el derecho a voto de Casero, que avisó con «carácter previo» de su error. Vox argumenta que «se hurtó la voluntad popular». El Constitucional debe decidir si se debía haber repetido o no la votación de una de las medidas estrella del Gobierno esta legislatura.

PP, Ciudadanos y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentaron distintos recursos ante la violación de la ley que obliga a que un 25% de la educación se imparta en castellano en esta comunidad autónoma. La Generalitat ha esquivado la norma hasta ahora. El Gobierno que preside Pere Aragonès (ERC) aprobó el pasado mayo un decreto -respaldado después en el Parlament por PSC, ERC, Junts y los comunes- que establece explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas y reafirma el catalán como la «lengua vehicular».

El nuevo Constitucional tendrá que resolver sobre algo tan delicado como su propio proceso de renovación tras haber suspendido la última reforma exprés del Gobierno. El PP tiene recurridas las dos anteriores, por las que el Ejecutivo despojó, primero, al Consejo del Poder Judicial interino de su capacidad para nombrar, y luego se la devolvió pero limitándola a las vacantes en el TC.