La negociación tributaria, un culebrón histórico entre partidos y territorios

La negociación de un pacto fiscal en Euskadi se asemeja a un culebrón histórico en los últimos 20 años, en el que tropiezan las estrategias de los partidos pero también colisionan los intereses de los territorios.

La discusión sobre la fiscalidad vasca hunde sus raíces en algunos precedentes que tuvieron lugar en Gipuzkoa. En 2007, se produjo un primer episodio de notable desencuentro en la coalición PNV-EA que gobernaba la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los segundos, que luego formarían Hamaikabat y que gestionaban la Hacienda foral, pactaron con el PSE no bajar el Impuesto de Sociedades a pesar del rechazo del PNV. Bizkaia y Álava habían presentado una reforma del Impuesto de Sociedades para bajar el tipo general del 32,6% al 28%. Gipuzkoa lo dejaba en el 30%. El diputado de Hacienda, Pello González, de Hamaikabat, buscaba así un 'gesto' socialdemócrata en el debate guipuzcoano. Tras un año de crisis y retirada del proyecto, el PNV aprobó por decreto un 29 de diciembre la rebaja en Gipuzkoa al 28%, en contra de su socio. El motivo: la armonización y la necesidad de dar seguridad jurídica a las empresas de los tres territorios.

En 2008, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, eliminó el Impuesto de Patrimonio y Gipuzkoa fue el único territorio del Estado que lo mantuvo. La polémica sobre la distribución de su recaudación entre los tres territorios vascos demostró que el sistema fiscal de Euskadi no está capacitado para aventuras unilaterales. Después, fue eliminado por el Gobierno de PNV y Hamaikabat, con el voto a favor de PSE. Se dio la paradoja de que el 70% de lo que recaudaba Gipuzkoa por Patrimonio tenía que ir al Gobierno Vasco, que podía invertirlo en Alava y Bizkaia. Es decir, los guipuzcoanos hicieron el esfuerzo de pagarlo, pero no se beneficiaron. Un fiasco en parte derivado del complejo sistema de reparto.

Un nuevo capítulo también se produjo en Gipuzkoa durante el Gobierno foral de Bildu entre 2011 y 2015. En Gipuzkoa se aprobaron un IRPF y un Impuesto de Patrimonio diferentes gracias a un pacto entre EHBildu, que gobernaba la Diputación de Gipuzkoa, y el PSE, que estaba en la oposición. Suscitó la contestación explícita de Bizkaia, cuyo diputado general, José Luis Bilbao, del PNV, bautizó a Gipuzkoa como «el territorio rojo del Este».

Dos años después, se hace una 'contrarreforma' a Bildu pactada por PNV, PSE y PP para los tres territorios. El PP vasco había recogido el guante lanzado por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que había ofertado un pacto de 'estabilidad institucional' en el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. De hecho, el PNV compartía algunos de los objetivos trazados por el PP en su 'relato' político: la fiscalidad debía incidir en mejorar la competitividad de la economía vasca, pero, a la vez, recalcan que no abandonarán la bandera de la cohesión social. En 2017 los tres partidos implicados en el pacto vuelven a pactar una reforma para Gipuzkoa, Álava y Bizkaia.

El PNV y el PSE –que necesitan el apoyo de un tercer socio en las Juntas de Gipuzkoa y de Álava– han introducido algunos cambios tras la negociación de la propuesta fiscal con Elkarrekin Podemos. Así, la propuesta, que al final sigue en al aire sin respaldo, se trastocó en esas conversaciones preliminares. El resultado es ahora considerado 'insuficiente' por los morados. Entre los cambios a los que accedieron PNV y PSE estaba subir aún más el mínimo exento de tributación a 20.000 euros. La propuesta inicial era de 19.000 y actualmente la barrera son 14.000. El dato apunta que el debate se situaba en unos parámetros bien diferentes a los de la Hacienda estatal ya que ahora sí tributa el SMI. Entre otras modificaciones introducidas, las posibles deducciones por alquiler en vivienda no afectarían, tras el preacuerdo alcanzado, a quienes ganan más de 72.000 euros anuales.