Mauricio Valiente | Abogado especialista en Derechos Humanos

«Es muy importante que las políticas de memoria se blinden a nivel autonómico y local»

–Han pasado poco más de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley estatal de Memoria Democrática y desde la derecha siguen criticando que «deslegitima la transición». ¿Qué tiene que decirles?

–La ley ha tenido una aplicación inmediata. Hoy mismo (por ayer) anunciaban en el Ayuntamiento de Irun la solicitud para declarar como lugar de memoria el puente que une la ciudad con Hendaia por la significación que tiene en recuerdo del exilio republicano. A aquellas personas que no han apoyado la ley o entienden que supone una especie de reapertura de las heridas del pasado, hay que decirles que la lean porque lo que se pretende es construir una identidad democrática colectiva en el conjunto del Estado que ayude a poner por delante lo fundamental, que son los valores de democracia y los derechos humanos. No hay que abordar la ley de manera defensiva, sino reconocer el compromiso de los que lucharon y se sacrificaron para que en este país haya democracia y libertades.

–El propio Alberto Núñez Feijóo ha prometido que si llega a la Moncloa derogará la ley. ¿Lo ve posible?

–Dependerá de si tiene la mayoría. De todos modos, los hechos han demostrado que la memoria democrática se ha impulsado en este país muchas veces frente a la ausencia de políticas públicas. Además, el PP ya anunció con la anterior ley de Zapatero que la derogaría y no lo hizo. Y tenía la mayoría suficiente. La realidad impone unos hechos que deja algunas declaraciones efectistas en papel mojado. En todo caso, lo más preocupante es que la derecha en España no se desligue de ese cordón umbilical que la une todavía, aunque sea de manera ideológica, al franquismo. Y eso es un drama para el conjunto del país.

–¿Cuáles son los efectos más visibles de esta ley?

–Destacaría el reconocimiento a las víctimas. Durante muchos años se las ha concebido como víctimas de segunda y la ley pone mucho énfasis en reconocer su sufrimiento y que sean reconocidas públicamente por el conjunto de las administraciones. Eso está empezando a cobrar cada vez un mayor peso. Era una deuda que teníamos con estas personas que tanto hicieron porque hoy podamos disfrutar de democracia y libertad. Destacaría también el papel de corrección de los vestigios que todavía quedan y nos recuerdan al franquismo y que son una anormalidad para un país democrático. Muchos ayuntamientos están dando pasos con la denominación del callejero. Otra cuestión importante es la introducción de la memoria en el currículum educativo.

–¿Cuál es el grado de conocimiento de los jóvenes en esta materia?

–Muy escaso. Las encuestas e investigaciones demuestran un gran desconocimiento. Y es alarmante, porque una sociedad que no conoce su pasado, especialmente los aspectos más negativos, esta condenado a repetirlo.

–La ley recoge la creación de un mapa de fosas y de una oficina de víctimas. ¿Qué se ha hecho por ahora?

–Se ha avanzado mucho en la exhumación de fosas comunes. Hace diez años, Naciones Unidas condenaba a España por ser el segundo país con mayor número de personas desaparecidas detrás de Camboya. Hoy, afortunadamente, está cambiando esa realidad. Hay comunidades autónomas que tienen muy avanzado el proceso. Se estima que en cinco años pueden ya estar exhumadas todas las fosas. Es un avance muy importante que hay que acompañarlo con la identificación de los restos y para eso la ley prevé la creación de un banco estatal de ADN. La ley establece además la creación de una oficina de víctimas que complemente lo que están haciendo algunos ayuntamientos. Queda mucho terreno por recorrer y hay que acompañar al Gobierno para que esta tarea se cumpla.

–¿Tiene datos de cuántas fosas hay aún sin localizar o sin abrir?

–Se calcula que puede haber en torno a unas 30.000 personas todavía pendientes de exhumación.

–¿Cómo valora la tarea que está llevando a cabo el Gobierno Vasco a través de Gogora?

–Es muy destacable el papel que han tenido algunas comunidades autónomas avanzando políticas públicas de reconocimiento y, en este sentido, el País Vasco está haciendo una labor importante.

–También se debate en el Parlamento Vasco una futura ley vasca de Memoria Democrática...

–Y va a ser muy relevante. Creo que puede ayudar en este terreno de la memoria. Además, ante la incertidumbre de lo que pueda venir en próximos procesos electorales es muy importante que las políticas de memoria se blinden a nivel autonómico y local. Creo que hay que reconocer que en el País Vasco se ha avanzado más que en otros territorios y esas experiencias sirven de aprendizaje para lo que hay que hacer en otros territorios del Estado.